Una seria explicación

Además de los 13 meses que lleva a la cabeza del Gobierno, Mariano Rajoy preside el PP desde 2004 y ha estado 24 años vinculado a su dirección. Por eso le corresponde explicar los indicios de financiación ilegal que salpican a su cúpula y que influyen también en la gestión de la crisis política y económica que viven los españoles. La situación del partido gobernante traba y debilita la posición del Ejecutivo a la hora de ocuparse de la crisis económica, de decidir cómo se paga la deuda soberana, se combate el desempleo o se responde al independentismo catalán. Problemas como estos deberían ocupar por entero al partido gobernante, al Ejecutivo y a su presidente. En lugar de ello, el debate está afectado por un asunto de presunta corrupción, de raíces ya antiguas, y por las muchas vueltas que se dan a la reforma y control de la financiación de los partidos políticos, como si las malas prácticas en esos terrenos fueran coyunturales y no estructurales.

Está fuera de duda la legitimidad que le ofrecen a Rajoy los votos de 2011 y la mayoría parlamentaria. Pero un gobernante que trabaja subido a andamios tan peligrosos precisa de algo más que del voto de los diputados: necesita la legitimidad moral de tener las espaldas cubiertas por un partido unido y de conducta intachable. En 2009, tras las primeras implicaciones judiciales por el caso Gürtel, Rajoy aseguró que este asunto no era una trama del PP, sino “contra el PP”, y se mostró seguro de que “nadie podrá probar” que Luis Bárcenas y otros implicados no son inocentes. Los políticos deberían dejar de poner manos en el fuego: se ha tardado tres años y medio en acreditar datos sobre la fortuna acumulada por Bárcenas lejos del alcance del fisco español, de modo que se ha perdido mucho tiempo. Ahora, Rajoy ni afirma ni niega: se limita a aguardar la evolución judicial del asunto y la auditoría interna que ha encargado. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, da vueltas a la posibilidad de incluir a los partidos en la Ley de Transparencia, que no estaban cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto en el verano pasado. Pasa el tiempo y, en vez de decidirse a abordar el problema de la corrupción, el poder le da vueltas y vueltas.

Antes de acceder al Gobierno, Rajoy suponía que su llegada a La Moncloa iba a llevar aparejada la creación de empleo en España. Una vez a los mandos, el jefe del Gobierno ha tenido sobrada ocasión de darse cuenta de que la realidad es más compleja. Resolver un grave problema de paro es mucho más difícil que castigar y frenar la corrupción: para esto último basta la voluntad de hacerlo. La dirección del PP tiene que actuar rápida y eficazmente, lo mismo que otros partidos a medida que surgen asuntos de corrupción o de mal uso del dinero público, como el episodio de la fundación Ideas. A la justicia le corresponde establecer las responsabilidades penales, pero las políticas necesitan un ritmo más rápido.