Una nueva transición

Otra semana cargada de noticias que confirman las enormes dimensiones de la crisis española. Seis millones de parados y una recesión del 2,4%, en el último trimestre, demuestran las brutales consecuencias de unas políticas anticrisis destinadas a socializar las deudas de los bancos. España vive una fractura social de gran envergadura, con la mitad de las clases medias en pleno desclasamiento y la otra mitad asfixiada a impuestos. El caso Bárcenas es una pieza que adquiere relevancia día a día, más allá de la cadena Gürtel, y pone bajo sospecha al partido que gobierna España. Los informes judiciales confirman todos los rumores sobre el vaciado de la CAM, y dejan en evidencia el modelo de desarrollo valenciano tantas veces jaleado por el PP. Y todo ello, en un momento en que no se ve una alternativa política regeneracionista dispuesta a asumir el mando si la subida de las aguas sucias se lleva por delante al Gobierno. En fin, la aprobación en el Parlament de la declaración de soberanía por el 66% de los diputados presentes culmina el proceso iniciado el 11-S, y formaliza el proyecto soberanista, al tiempo que apunta a una profunda transformación del sistema catalán de partidos, con la crisis del PSC que, por primera vez, abandona el espacio catalanista y las querellas de vecindario entre Convergència i Unió.

La renuncia de los gobernantes a la defensa de los intereses de la mayoría, amparados en el fatalismo tecnocrático que niega la autonomía a la política, en nombre del determinismo de las leyes económicas, deja a la ciudadanía a la intemperie, abre una fractura social sin límites, y cultiva la indiferencia al negar cualquier posibilidad de cambio social equitativo. El culto al interés privado convertido en ideología dominante tiene efectos desocializadores brutales, debilita la capacidad de respuesta ciudadana y genera un clima de impunidad con el dinero que es un caldo de cultivo extraordinario para la corrupción. En la debilidad general de las instituciones, el malestar económico y el inmovilismo del PP y del PSOE han abierto una brecha que el soberanismo catalán está aprovechando.

Con este panorama no es extraño que se hable de una nueva Transición. ¿Qué se quiere expresar con ello? Que el entramado institucional amenaza ruina y exige renovación a fondo. Y que los actuales responsables políticos no ofrecen confianza para llevar a cabo los cambios necesarios. Si la Transición se hizo sobre la base de un pacto social, más o menos explícito, la situación está tan deteriorada que, para recuperar el pulso, se requeriría un nuevo contrato, firmado por nuevos actores, libres de los intereses de casta acumulados. La fulminante caída de la intención de voto del PP, la incapacidad del PSOE de remontar o los batacazos electorales de los dos principales partidos catalanes testifican de esta desconfianza con los que simbolizan el poder establecido. La ciudadanía no se siente representada ni liderada. Los partidos políticos fallan en la función de representación y en la selección de los cuadros directivos adecuados y tienen sus mecanismos de reproducción muy oxidados.

En este contexto, es insultante ver cómo el Gobierno no quiere darse por enterado de la gravedad de la situación. Afronta el caso Bárcenas conforme al protocolo habitual: aislar a un culpable, proteger a los que mandan y eludir cualquier responsabilidad como partido. Una estrategia que aumenta la desconfianza y la desmoralización, porque los que gobiernan carecen de credibilidad.

Una crisis como la actual requiere grandeza política para volver a conectar con la ciudadanía. Que las cosas se expliquen y se debatan, no se impongan. Algo muy difícil sin un cambio de personas y de procedimientos. Hay que devolver centralidad al Parlamento, pero a un Parlamento de debate no de pelea. Hay que abrir los partidos, secuestrados por pequeñas camarillas. Y hay que encontrar mecanismos para que el Parlamento reciba y atienda propuestas para combatir la corrupción y los corporativismos, porque nadie cree que los partidos, en tanto que beneficiarios de este sistema, sean capaces de repararlo por sí solos.

El caso catalán puede tomarse de dos maneras: como confrontación o como una oportunidad. Todo conduce a la confrontación, en la medida en que los partidos contrarios al soberanismo no ofrecen hasta el día de hoy otra respuesta que la amenaza con el imperio de la ley. Pero debería ser posible un debate político en que la palabra “prohibido” fuera borrada. Es decir, en que cada parte se expresara, propusiera, diera razones, y al final, más temprano que tarde, la ciudadanía decidiera, como corresponde. ¿O no es esto la democracia?