La devastación

El sondeo de Metroscopia publicado por este periódico hace una semana decía que el 96% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta y solo un punto menos (el 95%) entiende que los partidos políticos protegen y amparan a los acusados de corrupción. Según la ficha técnica, las llamadas telefónicas se hicieron entre el 9 y el 10 de enero pasado: ¿hasta dónde hubiera llegado ese lamento ciudadano en forma de porcentaje si la consulta se hubiera hecho durante los últimos siete días?

La semana ha sido devastadora para cualquier ciudadano inquieto por las consecuencias de tanta y tan desvergonzada irregularidad. Incluso para aquellos que piensan que centrar el asunto solo en la parte política del fenómeno y no contemplar al mismo tiempo la económica (hay corruptores y corrompidos tanto en el sector privado como en el público) limita el análisis de sus raíces. Según los estudios de Transparencia Internacional seis de cada diez ciudadanos en el mundo afirma que la corrupción ha crecido en los últimos tres años y ocho de cada diez sostienen que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos.

Es por ello preciso activar con urgencia los instrumentos de que se disponga para evitar los estragos que la corrupción está causando en la moral pública de la tropa. Uno de ellos, desde luego no el único, es el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que salió en julio del Consejo de Ministros. España es el único país de la UE que no tiene todavía una ley reguladora del derecho de acceso a la información. Si esta ley entrase en vigor permitiría una mejor fiscalización de la actividad pública y contribuiría a la regeneración democrática.

El texto que se está discutiendo en el Parlamento supondría un avance respecto a lo que hay, pero podría ser otro brindis al sol si no se incorporasen algunos aspectos que ahora no están contenidos en el texto. En la página web de Transparencia figuran algunos de los aspectos limitadores que habrían de ser corregidos. Según el profesor Jesús Lizcano, presidente de Transparencia en España, entre ellos destaca que no se contempla ningún tipo de infracciones ni de sanciones a los funcionarios y a los políticos por el incumplimiento de las normas de transparencia. Por otro lado, la agencia responsable de garantizar el derecho a la información no tiene independencia puesto que se basa en la ampliación de un organismo ya existente, que se encuentra bajo el ámbito del Gobierno y su presidente es nombrado y destituido de forma prácticamente libre por el propio Ejecutivo.

Además, en el proyecto de ley se limita el acceso a la información que perjudique, por ejemplo, a “la política económica y monetaria”. Transparencia Internacional propone que estas cláusulas tan genéricas sean matizadas o concretadas ya que una interpretación amplia de las mismas puede ser una excusa para mermar el derecho de acceso a la información.