¿Y la transparencia?

La corrupción se ha encaramado a los primeros puestos de las preocupaciones de los españoles, con lo cual parece terminado el tiempo en que ese asunto tenía escasa incidencia electoral. El clima ciudadano está cambiando a causa de la acumulación de escándalos, que corre en paralelo con el pesimismo económico, los hachazos al gasto público y los aumentos de impuestos y tasas. Hay una coincidencia casi general en la existencia de corrupción en la vida política y en que los partidos tapan a los que son corruptos de entre los suyos, según el Barómetro de Metroscopia publicado el domingo pasado en EL PAÍS, pese a que más de dos tercios de los preguntados reconocen que los políticos corruptos son una minoría.

A fuerza de tolerar comportamientos dudosos o delictivos, de no reforzar el control sobre el gasto y de bloquear el acceso a datos que deberían ser públicos, la clase política corre el riesgo de convertirse en el chivo expiatorio de la crisis. Castigar la corrupción exige contundencia judicial, pero prevenirla necesita de otro antídoto: la transparencia. La sociedad española tiene que reducir los niveles de opacidad con que funcionan las Administraciones públicas. Con una ley que hubiera permitido el acceso a todos los contratos firmados por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Baleares, ambas comunidades probablemente no tendrían tantos políticos bajo investigación, ni hubieran sido tan fáciles los presuntos manejos del yerno del Rey con fondos de esas autonomías. Tampoco habría sido tan sencilla la desviación de fondos de los ERE en Andalucía. Y si las Administraciones estuvieran obligadas a comunicar la documentación sobre recalificaciones de terrenos, contratos o privatizaciones, se hubiera podido conocer el porqué de las decisiones y prevenir posibles corrupciones.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero preparó un proyecto de ley de transparencia en su segundo mandato, pero la disolución anticipada de las Cortes impidió discutirlo. El de Mariano Rajoy aprobó su propio proyecto en el verano pasado y, tras las críticas recibidas, anunció el razonable deseo de consultarlo con otros grupos parlamentarios. Ahora se prevé llamar a una serie de expertos para seguir hablando del asunto. Bien, pero urge sacar la Ley de Transparencia del punto muerto en que se encuentra y engranar la velocidad adecuada para este vehículo legal.