Protesta paneuropea

La segunda huelga general en menos de un año tuvo un seguimiento importante en la industria y los transportes urbanos, fue mucho más desigual en los servicios, y se vio rubricada con decenas de manifestaciones, muy numerosas, que evidenciaron el enorme descontento social con las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y la mayoría parlamentaria en la que se apoya. Más allá de la guerra de cifras —seguimiento amplísimo, según los sindicatos, y más reducido, a juicio de las organizaciones patronales—, esta protesta repite las características de la llevada a cabo en marzo pasado contra la reforma laboral, con un menor número de detenidos que en aquella ocasión, pero decenas de heridos, entre ellos un chico de 13 años en una carga de los Mossos d’Esquadra en Tarragona. Aún así, el propio Ministerio del Interior subrayó la ausencia de hechos graves, lo aislado de los incidentes registrados y el respeto a los servicios mínimos establecidos, de todo lo cual hay que congratularse.

La huelga realizada en España se insertó en una jornada de protesta europea contra el diktat de la austeridad, desarrollada a varios niveles. En diferentes países se celebraron marchas y concentraciones, reforzadas por paros parciales en Italia y Grecia. Solo en Portugal y España tomaron la forma de huelgas generales, en una muestra de reflejo ibérico que da una impresión de acercamiento entre las situaciones sociales de los dos países. En todo caso, la protesta paneuropea supone un movimiento de solidaridad sin precedentes contra los recortes presupuestarios y los sacrificios de las poblaciones debido a los objetivos de déficit, que, a juicio de los sindicatos, constituyen causas directas de la recesión y del paro masivo en la Europa meridional.

Por eso, las instituciones europeas también deben considerarse interpeladas por los que protestaban ayer, y desde luego por los que lo hicieron en España. La prueba es que el responsable económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, dedicó una conferencia de prensa (no prevista) a descartar que el Gobierno español deba apretar más las tuercas a los ciudadanos en 2013, aunque aplazó todo pronunciamiento sobre si puede relajarse el objetivo de déficit en el futuro.

En lo que se refiere a España, los convocantes pretendían también un objetivo político, concretado en la exigencia de un referéndum. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de gobernar alterando el compromiso electoral de hace un año, que eludió hablar de recortes al gasto sanitario y educativo, del abaratamiento del despido o de la subida generalizada de impuestos decidida con posterioridad. Es prácticamente imposible que el Gobierno —cualquier Gobierno— dé satisfacción a una reivindicación sindical tan política, y en todo caso correspondería a los votantes de las próximas elecciones sancionar las actuaciones de Ejecutivo y oposición. De modo que el efecto inmediato de las protestas es el de medir, una vez más, la febrilidad provocada por el estado de indignación en un cuerpo social muy castigado. Esto convierte la huelga y las manifestaciones de ayer en protestas legítimas y sostenidas en el tiempo, sin la menor vacilación, aunque es dudoso que ayuden a encontrar salidas a la crisis.

España amanece hoy con los mismos problemas que ayer, porque mientras la actividad económica no se recupere, el paro masivo y el empobrecimiento general amenazan con seguir su curso. Pero una parte considerable de la ciudadanía ha enviado un mensaje inequívocamente contrario a las políticas del Gobierno, y lo ha hecho por segunda vez en menos de un año. Por eso, el Ejecutivo tiene la obligación ineludible de escucharlo y canalizarlo.