El poder adquisitivo de los salarios se reduce dramáticamente al compás de las revisiones de los convenios y la continua subida de la inflación. Pero la crisis y la perversa coincidencia entre salarios congelados y precios que se disparan no solo reduce la riqueza en todos los órdenes: su manejo acentúa un cada vez más desigual reparto. Este fenómeno resulta muy preocupante, no solo en sí mismo; también porque es susceptible de lastrar la futura recuperación económica. Y no es un razonamiento teórico: está empíricamente demostrado que los países con mayor capacidad de recuperación y que gozan de mayor bienestar, como los escandinavos, son los que exhiben una mejor institucionalización de la vida pública y una mayor cohesión entre los distintos sectores sociales.

Adicionalmente, el peor factor de desestabilización para una sociedad que atraviesa fuertes dificultades económicas no es tanto los niveles de pérdida de riqueza, incluso de un aumento de la pobreza, sino sobre todo la percepción de su carácter desigual.

El poder adquisitivo salarial está experimentando su mayor caída desde 1985: los salarios se moderan por efecto de la recesión y de la reforma laboral, mientras los precios siguen subiendo por culpa de la falta de reformas en los sectores que funcionan en régimen de oligopolio. Ello enhebra una devaluación interna, que es necesaria para ganar competitividad y para salir de la crisis. Pero esta devaluación, en grado exagerado, puede contribuir también a un pernicioso descenso del consumo.

Lo más preocupante es que esa recuperación de la competitividad tiene como casi única causa los sacrificios laborales. El más dramático, el aumento del paro: en 1,7 millones de hogares, según los datos oficiales, ninguno de los integrantes tiene empleo; y solo el 67% de los registrados en las oficinas de empleo perciben alguna prestación. El Banco de España acaba de recomendar a las empresas que contengan más sustancialmente sus márgenes de beneficios para lograr una competitividad equilibrada y duradera.

Se corre así el riesgo de que se afiance un modelo poco social. La desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini colocó a España en 2011 en su nivel histórico más alto, solo tras Letonia. El índice 80/20 de Eurostat le otorga el último puesto. También las encuestas del INE contribuyen a confirmar esta deriva. Mientras la renta disponible de hogares y entidades sin ánimo de lucro se ha visto reducida (-3,9%) en el segundo trimestre, así como la de las Administraciones públicas (-10,2%), la de las empresas ascendió un 6,4% y la de las instituciones financieras, casi un 90%.

¿Hay alguna manera de frenar estas peligrosas tendencias? Países vecinos como Italia y Francia lo están intentando mediante una panoplia de medidas orientadas a un mejor reparto de la factura de la crisis.