Rescate y agravio

Cinco duros planes de ajuste, con sus correspondientes recortes, no han logrado que las finanzas de Cataluña salgan del agujero. Al contrario, los recortes han agravado la crisis y el desplome de los ingresos ha colocado a la Generalitat en una situación de ahogo financiero que le ha llevado a pedir el rescate. El Ejecutivo que preside Artur Mas acordó ayer pedir al Fondo de Liquidez Autonómico 5.023 millones de euros para afrontar los sucesivos vencimientos de deuda de aquí a final de año.

El hecho de que en julio se suspendiera el pago de conciertos a entidades sanitarias y educativas puso ya de manifiesto la situación límite en la que se encuentran las arcas públicas de la Generalitat, cuya deuda global asciende a 42.000 millones y sitúa a Cataluña como la comunidad con mayor endeudamiento en términos globales. A principios de agosto, el propio Mas reconoció que no tenía la seguridad de poder afrontar los pagos de final de mes.

Los miembros del Gobierno han acompañado el reconocimiento de esta grave coyuntura con una gesticulación reivindicativa, de consumo interno, destinada a eludir cualquier responsabilidad propia y proyectar sobre el eterno conflicto con Madrid las consecuencias políticas de tan grave situación. Mas anunció un mes de septiembre de máxima reivindicación en favor del pacto fiscal, que reclama para Cataluña un modelo de financiación similar al del País Vasco. Durante semanas, el ejecutivo de CiU ha contribuido a calentar el clima de confrontación con llamamientos a convertir la próxima Diada del 11 de septiembre en “un clamor” en favor del pacto fiscal y algunos miembros del Gobierno ya han anunciado que asistirán a la manifestación de signo independentista convocada para esa fecha. Resulta contradictorio pedir ayuda financiera y agitar al mismo tiempo una conflictividad política que en nada beneficia ni a Cataluña ni a España a la hora de buscar financiación exterior.

Pero también el Gobierno de Rajoy tiene deberes por hacer y mucho que aclarar. En julio acordó crear este fondo, que no considera de rescate, sino de “de asistencia financiera” a las autonomías, y dotarlo con 18.000 millones de euros, pero todavía no ha desarrollado las condiciones ni los mecanismos de ejecución, lo que da lugar a una situación de incertidumbre a la que debe ponerse fin rápidamente. Valencia y Murcia han anunciado ya que acudirán al fondo de rescate y es previsible que otras comunidades tengan que hacer lo mismo en las próximas semanas.

El portavoz de la Generalitat insistió ayer, como hace unos días el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en que Cataluña no aceptará condicionantes políticos en la ejecución del rescate. Exactamente igual que hizo el Gobierno español, al asegurar que no aceptaría condicionantes políticos de Bruselas por el rescate financiero. Sin embargo, ambos rescates incluyen obligaciones que condicionan la política de gasto. La Ley de Estabilidad Presupuestaria que CiU votó favorablemente ya establecía que las ayudas financieras estarían condicionadas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, y que el Gobierno podría instar la ejecución forzosa de los planes de ajuste requeridos para ello.

CiU puede intentar ahora convertir a los hombres de negro del Ministerio de Hacienda en el símbolo de todos los agravios nacionalistas que cultiva, pero lo cierto es que nunca el Gobierno catalán había dependido tanto del Gobierno central para su funcionamiento cotidiano. Y el PP puede tratar también de aprovechar esta circunstancia para llevar el agua a su molino recentralizador, pero sería un grave error. El fondo de rescate debe servir para ayudar a las autonomías a salir del atolladero, y hacerlo en condiciones que permitan un control estricto de las finanzas públicas, pero nunca para alterar las reglas del juego que rigen el Estado de las Autonomías.