Un nuevo conflicto de competencias en el seno del Gobierno, ahora entre Industria y Hacienda, vuelve a poner de manifiesto un problema lamentablemente patente: la ausencia de una autoridad con capacidad de coordinación de los asuntos económicos, lo que agiganta la no menos importante ausencia de la participación activa del presidente del Gobierno en su papel de árbitro entre sus ministros. El resultado no puede ser otro que la cada día más extendida percepción de ausencia de criterios comunes en asuntos centrales. El penúltimo es la espinosa política energética.

El ministro de Hacienda lleva, desde junio pasado, tratando de limitar la capacidad de maniobra de su colega responsable de Industria y Energía para reducir el muy abultado déficit de tarifa. Se opone, al parecer, al establecimiento de impuestos con tipos de gravamen diferente en función de cada tecnología generadora de energía eléctrica, con el fin de recaudar unos 6.800 millones de euros al año. No es fácil, sin embargo, que sin recurrir a esos gravámenes se ponga fin a ese déficit acumulado durante la última década.

Que las tecnologías renovables aporten costes impositivos más elevados que las demás es el principal objeto de conflicto, y donde algunas de las empresas interesadas han mostrado su mayor inquietud. Conviene, por tanto, que el departamento que encabeza Soria justifique suficientemente esa fiscalidad diferencial, así como que demuestre su compatibilidad con las exigencias de la Comisión Europea acerca de la no discriminación de las energías renovables. Y conviene hacerlo con la suficiente rapidez y autoridad para que la situación de incertidumbre que todavía pesa sobre el sector energético concluya cuanto antes. Dada la envergadura de este sector y su participación relativa en la economía española, la clarificación de su futuro es fundamental.

Mas allá de ese urgente esclarecimiento, el presidente Mariano Rajoy debe corregir los fallos de diseño de su propio Gobierno. Los incidentes de descoordinación se han multiplicado, en especial entre las carteras más próximas a la economía. En una legislatura marcada por asuntos de esa naturaleza, la ausencia de un coordinador o vicepresidente económico es una carencia tanto más evidente cuanto menor es el conocimiento de esos asuntos por el propio presidente. La ausencia de un responsable claro, capaz de proyectar dentro y fuera de España la autoridad suficiente en los asuntos hoy más sensibles de política económica, propicia espectáculos como el servido ayer por Montoro y Soria.

Es de todo punto necesario, además, alejar cualquier sombra de duda sobre un eventual conflicto de intereses entre el ministro de Hacienda y algunas de las compañías potencialmente más afectadas por las decisiones de Industria. Cuando la gestión económica es la prioridad más importante de la acción del Gobierno, es difícil entender que sea solo a través de los medios de comunicación que los ministros intenten dirimir asuntos esenciales.