Los desalmados del PP que aplaudieron los recortes sociales, así como el imputado Rodrigo Rato, que hace poco declaró que deberían haberse hecho antes, tienen un motivo de contento más. Esperanza Aguirre, sin que se lo exigieran los mercados, ni Bruselas, simplemente porque le salió del códice, por Ley de Modificación de los Presupuestos Generales, aprobada el pasado 3 de julio, en el pleno de la Asamblea de Madrid —con los suyos votando a mano alzada—, ya decidió que miles de personas que vienen trabajando desde hace años en los hospitales públicos de Madrid son personal a extinguir. Esa Ley dice que “se procederá de manera progresiva a la externalización de los servicios no sanitarios necesarios para el adecuado funcionamiento de la red de centros del Servicio Madrileño de Salud, mediante los oportunos concursos públicos”.

Es decir, a través de una modificación de unos presupuestos, por la que se les vuelve a bajar el sueldo, los trabajadores se enteran de que sus oficios (26 en total) van a desaparecer. No porque no sean ya útiles, pues esas actividades se van a seguir realizando, sólo que a través de empresas privadas. No se extinguen las pinches de cocina, sino que Esperanza Aguirre las extingue, en Madrid, como trabajadoras públicas. Lo mismo que electricistas, o cualquiera de las 26 categorías que la presidenta ha decidido inmolar para beneficio de ciertos empresarios, puede que amigos o del mismo partido. De los que aplauden.

Pero nosotros, los usuarios de la Sanidad pública, tenemos que apoyar a quienes se plantan y, con diferentes acciones, intentan salvar lo que nos corresponde. Hoy, a las 11 de la mañana, encierro en el Hospital Ramón y Cajal, convocado por la recién constituida Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Lo hacen por el bien común. Aplausos. Ahora, sí.