La elaboración de una norma de austeridad y transparencia en el Consejo del Poder Judicial es un mínimo reconocimiento de que algo funciona mal en el gobierno de los jueces. Y que este se da por enterado de que la sociedad no encuentra sentido alguno a que su presidente, Carlos Dívar, haya gastado sin justificación casi 13.000 euros en hoteles y restaurantes con cargo al erario, en 20 largos fines de semana en Marbella; más otros 60.000 para costear el servicio de seguridad obligado por tales desplazamientos.

En la primera conferencia de prensa concedida desde que está al frente del Poder Judicial (hace tres años y siete meses), Dívar reivindicó su condición de presidente “las 24 horas del día” y el carácter oficial de todos esos fines de semana en la provincia donde nació. No dio el nombre de la persona con quien compartía mesa y mantel diferentes noches de esos fines de semana, alegando el carácter reservado de sus viajes. Se dijo dispuesto a comparecer ante el Congreso, pero el ministro de Justicia se apresuró a puntualizar que el Parlamento no puede controlar al Poder Judicial. Y aunque admitió que en esos viajes había una parte privada (que pagó de su peculio, dice), aseguró que se cargaron al erario parte de los gastos porque eran de trabajo. Si cree que tales argumentos pueden lanzarse a una sociedad democrática y madura, sin que eso afecte a su crédito, se comprende la brecha de confianza entre los ciudadanos y algunas instituciones.

En definitiva, Dívar invita a la sociedad a creerse por fe que los gastos pagados de la bolsa común lo fueron por razones de trabajo. Subsiste así la falta de explicaciones al uso injustificado de dinero público. Esas condiciones no son las más convenientes para seguir desempeñando las presidencias de órganos de tanta trascendencia como el Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Dívar debería reconsiderar su voluntad de no dimitir.