EDITORIAL

Alarma de intervención

Bruselas propone aplazar el objetivo de déficit a cambio de inspirar la política económica española

La economía española se encuentra en estado de emergencia o, si se prefiere, en riesgo de intervención. La prima de riesgo alcanzó ayer los 540 puntos básicos (un indicador de insolvencia financiera superior a los que detonaron las intervenciones de Grecia, Irlanda o Portugal) y las acciones de Bankia siguen desplomándose como corresponde a una entidad bancaria sin rumbo aparente. Son muchas las causas de esta emergencia, desde la incapacidad europea para resolver la crisis griega hasta el intervencionismo político en la gestión de Caja Madrid o las debilidades del Banco de España para detectar los agujeros en las cuentas de Bankia. Pero lo que mejor explica la opresiva atmósfera de desconfianza de los inversores hacia España es la incapacidad del Gobierno actual para gestionar la crisis de Bankia y poner orden en el déficit autonómico.

Con el diferencial de deuda muy por encima de 500 puntos no se puede comparecer ante la opinión pública para decir que Bankia será nacionalizada, pero no se sabe cómo se pagará, que es la sustancia del discurso del presidente Rajoy el lunes pasado; tampoco se debe negar la evidencia y atribuir todos los males a la situación de Grecia, ni insistir en que España no va a necesitar la intervención de capital público europeo o ningunear las ofertas de pacto del primer partido de la oposición. Por el contrario, es el momento de pedir auxilio a la oposición y a Europa. Si más de una semana después de la nacionalización de Bankia todavía no se sabe cómo se concretará, es que estamos ante un caso de incompetencia grave. Todas estas actitudes y decisiones, más la canibalización gratuita de las instituciones (autonomías, Banco de España, justicia, reguladores, a las que se somete a desprestigio público) conducen a la intervención, no solo de los bancos, sino de la economía.

Felizmente para el Gobierno y para los españoles, la Comisión Europea propuso ayer ampliar un año el plazo, hasta 2014, para cumplir con un déficit del 3%. Esta es la propuesta que el Gobierno español debería haber estado negociando en Bruselas desde el principio en vez de empecinarse en reducir unilateralmente el objetivo de déficit para 2012, porque permitirá acompasar los ajustes, así como una estrategia presupuestaria más pausada.

Las condiciones para el aplazamiento parecen indicar que Bruselas se ha cansado de las torpezas del Gobierno español, que ponen en riesgo la estabilidad del euro, como si no hubiera bastante con Grecia, y ha decidido pasar a la fase de recomendaciones imperativas. Dos de ellas revelan la dudosa calidad de las medidas del Gobierno (poner en marcha las reformas financieras y del mercado de trabajo), otras revelan una desconfianza profunda en las cuentas públicas (establecer una institución independiente que controle la política fiscal, aplicar ajustes adicionales a las autonomías) y otra constituye una dirección de política económica que Rajoy no ha sido capaz de articular: subir el IVA y, con el aumento de ingresos, reducir la imposición sobre el trabajo. Una devaluación interna en toda regla.

El borrador de recomendaciones (que incorpora probablemente la acción del BCE para moderar la prima de riesgo) se parece a un control estricto de la economía española. La realidad, que Rajoy conoce bien, es que Bankia necesita de capital público europeo (una recapitalización directa de la banca por el Fondo Europeo de Rescate, para que no aumente el endeudamiento) y que España debe negociar un cambio legal que permita esa recapitalización directa. Fue pues un tremendo error político (de nuevo la ilusión de subrayar la autonomía) pergeñar el rescate de Bankia sin informar a Europa y el BCE. Errores como esos, en cadena y nunca reconocidos, son los que conducen a España camino de la intervención efectiva.

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