Riesgo de intervención

La petición del Consejo de Bankia de un capital adicional de 19.000 millones para consumar el rescate de la entidad sitúa el problema del banco en un orden político e institucional muy distinto al que se planteó a la opinión pública en el momento de su nacionalización parcial, cuando se anunció la conversión en acciones del capital inyectado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El primer cambio, y el más relevante, es que el rescate supondría en total unos 24.000 millones, una cantidad superior a la exigida por el conjunto de los rescates realizados hasta ahora. Pero sobre todo, la cuantía de la consolidación pública convierte en posible la intervención del capital público europeo en la banca española, que era a lo que el Gobierno se ha venido resistiendo hasta ahora.

Así pues, la crisis de Bankia aparece ya como la más grave del sistema bancario español en los últimos 15 años y deja en mantillas la de la CAM, que según definición del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era “lo peor de lo peor”. Lo más grave es que obliga a considerar la hipótesis de una intervención europea en una parte de la banca española, puesto que el FROB carece hoy de recursos para ejecutar un rescate de tal volumen. El recurso al Fondo de Rescate Europeo (Mecanismo de Estabilidad a partir de julio) implicaría que el Fondo trasladase el capital al Gobierno, y este a su vez los inyectase en Bankia. Pero esa fórmula implicaría un aumento de la deuda española, con el consiguiente empeoramiento de la solvencia institucional y el aumento de las presiones sobre la política económica española. El método adecuado sería una inyección directa de capital desde el Fondo al banco, pero legalmente esto es imposible hoy. Así pues, cualquier apoyo directo de capital europeo a Bankia depende de un cambio en las condiciones legales del Mecanismo de Estabilidad y, por tanto, de una negociación con Bruselas, Berlín y París.

La probabilidad de la intervención europea aumenta si se considera que Bankia no es la única entidad en crisis. Aunque se puedan pagar ahora las peticiones de Bankia, las exigencias que pongan sobre la mesa Roland Berger y Oliver Wyman pueden hacer imperativa dicha intervención.

En términos políticos, la gravedad de la crisis exige una investigación parlamentaria sobre quienes han tenido arte y parte en esta catástrofe financiera. Hay que pedir explicaciones públicas a los presidentes de la entidad hasta la nacionalización; a los consejeros de Caja Madrid, manipulados desde las instancias políticas de la región; a los impulsores políticos de la fusión de siete cajas que se ha revelado como desastroso, en particular la absorción de Bancaja; y a quienes favorecieron una salida a Bolsa ruinosa que ha empobrecido a los accionistas más allá de la oscilación natural del mercado. También debería comparecer el Gobierno, porque su gestión de la crisis, intermitente y dubitativa, ha sido desalentadora.