Derechos sociales; el otro déficit

Recientemente se ha debatido en el Congreso de los Diputados las enmiendas al presupuesto para el año 2012, calificado como el más restrictivo de la historia de la democracia española. A los 27.300 millones de euros de reducción en gasto público, se sumó una semana después, un recorte de 10.000 millones en salud y educación. El 83% de la reducción del presupuesto corresponde al gasto público directo, la mayoría en áreas sensibles de la política social. Estos recortes castigarán más duramente a las mujeres de bajos recursos, a los jóvenes y a la población inmigrante. Su impacto se sentirá más allá de nuestras fronteras debido al recorte dramático en cooperación al desarrollo, que se reduce en un 72%. En forma y en fondo, estas medidas se han adoptado de espaldas a los sectores sociales, a la creciente realidad de indefensión económica de las familias, y sobre todo, a las obligaciones que en materia de derechos humanos debe observar el Gobierno español.

Sin embargo, ni el recorte sin precedentes del gasto social para lograr una reducción acelerada del déficit, ni los débiles anuncios de mayor recaudación vía impuestos incluida la cuestionada amnistía fiscal, han servido para satisfacer las expectativas de Bruselas o las de los especuladores de la deuda. El creciente escepticismo de estos respecto a las cuentas públicas, unido al daño que las medidas de austeridad causarán en la economía doméstica, amenazan con profundizar la crisis económica.

Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿Puede el Estado adoptar medidas de respuesta a la crisis ignorando los derechos sociales? ¿A quién rinde cuentas el Estado en última instancia, a los mercados o a la ciudadanía? En definitiva, es necesario analizar, más allá de la eficacia de las cuentas, si es legítimo que el gobierno, en su afán de cerrar el déficit presupuestario, profundice el déficit en materia de derechos sociales.

España no ha sido capaz de avanzar en un modelo más equitativo que exija mayor carga fiscal a quiene más tienen

España no ha sido capaz de avanzar en un modelo más equitativo que haga recaer el peso de la carga fiscal sobre quienes más tienen, las llamadas grandes fortunas o rentas de capital. Las medidas para aumentar la recaudación anunciadas por el Gobierno son tímidas e insuficientes. Estas no apuntan al objetivo de sentar las bases de una política fiscal progresiva. De este modo, si el Estado español no amplia su base de recaudación y no corrige el impacto discriminatorio de su actual modelo fiscal, seguirán siendo los sectores de la población más afectados por los recortes los que más obligados seguirán estando a contribuir al erario público.

El desequilibrio entre los esfuerzos (mínimos) por aumentar la recaudación y las medidas de austeridad (desproporcionadamente duros) marcan una tendencia regresiva en materia de derechos sociales. Según la última Encuesta de Condiciones Vida del año 2011, en España, el 22% de los hogares vive por debajo del umbral de pobreza. La tasa de pobreza creció en más de dos puntos entre 2009 a 2011. A finales del año pasado, 580.000 hogares en España no recibían ingresos ni del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social; es decir, se encontraban en extrema pobreza.

El aumento de la desigualdad también es palpable. La diferencia porcentual entre las rentas más altas con respecto a las más bajas pasó de 6 a 7 puntos en solo un año entre 2009 y el ejercicio siguiente. Además del impacto directo de las medidas de austeridad, la regresividad se hace evidente en la falta de un esfuerzo diligente del Estado para contrarrestar el retroceso en derechos que evidencian estos y otros indicadores sociales en los últimos años.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga defender los estándares básicos de la población

Ahora bien, el Gobierno no ha explicado las razones ni los criterios utilizados para recortar más en un sector que en otro, ni proporciona elementos que permitan entender por qué se recorta cuatro veces más en cooperación al desarrollo internacional que en Defensa, o por qué se elimina la ayuda para implementar la Ley de Dependencia para las comunidades, por qué elimina el fondo de promoción del empleo, y en general, no da cuenta de los elementos que permitan entender el grado de razonabilidad e idoneidad de estas decisiones tal como lo exigen las norma internacionales de derechos humanos. Tampoco ha tenido en cuenta el Estado los derechos económicos y sociales contenidos en la Constitución como principios rectores de la política pública, según lo ordena este mismo instrumento. Más aún, no ha generado los mecanismos de participación y escrutinio por parte de la sociedad civil para opinar e influir en estas medidas.

La participación de la ciudadanía en las decisiones que le afectan no es una facultad optativa de los gobiernos; es un derecho fundamental e inalienable que da significado y contenido a la democracia. El Gobierno español debe rendir cuentas en el plano político pero también en función de las obligaciones que se derivan de firmar tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil han recurrido a los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de Naciones Unidas para canalizar y articular sus reclamos o alternativas.

España ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1977 y, en consecuencia, el Estado está obligado a seguir las reglas y estándares que se desprenden de este tratado. Precisamente esta tarde y mañana 8 de mayo en Ginebra, donde se encuentra la sede del comité que supervisa ese Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Naciones, España será interrogada por este grupo de expertos sobre la situación actual de estos derechos en este país. El Gobierno y la sociedad civil tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante este comité sobre distintos ámbitos de preocupación en materia de estos derechos y el Estado español deberá asumir compromisos para implementar medidas correctoras en respuesta a las recomendaciones que emanarán de este comité. Con este fin, una coalición de 19 organizaciones ha presentado un informe conjunto proveyendo a los expertos de información alternativa a la presentada por el Gobierno. Este informe pone en evidencia la preocupante situación de desigualdad, discriminación y déficits en los distintos derechos protegidos por el PIDESC.

De acuerdo a los parámetros establecidos por el PIDESC, el comité tendrá la oportunidad de interrogar al Estado español si utilizó “el máximo de los recursos” de que dispone para lograr el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales de la población; si realizó un esfuerzo cuidadoso y serio de evaluación de los recursos de que dispone así como de otras alternativas de generar y utilizar otros recursos.

Las organizaciones de la sociedad civil le han pedido al comité que evalúe si el Estado actuó con la diligencia antes y durante el proceso de diseñar, implementar o supervisar las medidas de austeridad incluidos los recortes del gasto social; si dispuso de medidas destinadas a disminuir o contrarrestar el impacto de dichas medidas sobre la población más vulnerable y si se cuidó de manera prioritaria de respetar y asegurar la disponibilidad de los contenidos mínimos esenciales de derechos como la educación, salud, vivienda y otros establecidos por el pacto.

El Estado español puede aprovechar esta oportunidad para explicar y, por qué no, enmendar los excesos y errores de sus políticas de austeridad. Lo que el Ejecutivo no puede hacer es seguir subordinando los derechos sociales a las exigencias del mercado, aceptando a pie juntillas las condiciones de Bruselas mientras ignora sus obligaciones en materia de derechos humanos y las exigencias de la sociedad civil. Tampoco debe olvidar que la obligación de rendir cuentas a Ginebra emana del consenso de las naciones que en un momento de la historia decidieron que todos los derechos y libertades de las personas merecen la protección de la comunidad internacional. Es, por lo tanto, una obligación tan legítima como la que tiene frente a Bruselas.

Gaby Oré Aguilar es directora de Programas, Center for Economic and Social Rights