Tasas académicas y reestructuración universitaria

Si hay que encarecer el ingreso en las universidades públicas españolas, prefiero que sea en sudor, no en euros; que suba el listón de entrada y el nivel de exigencia, no las tasas académicas: incrementarlas para que los estudiantes acaben pagando el 25% de los costes de la enseñanza en lugar del 15% como hasta ahora, como acaba de autorizar el Consejo de Ministros, no es una buena idea.

Aumentar las tasas era la solución más fácil para las penurias de nuestras universidades públicas, la menos costosa para sus probas burocracias, la menos exigente con sus pétreas estructuras docentes. Pero yo sé de bachilleres y de estudiantes universitarios arrasadoramente desharrapados a quienes la subida cerrará las puertas de la universidad o les hará la vida aún más difícil de lo ya es para la juventud de este desangelado país. Para entendernos y para que ustedes me puedan contradecir: defino, siempre convencional, como pobres de solemnidad a los jóvenes candidatos a estudiar que no cuentan ni con el apoyo de su familia, ni con 400 euros mensuales para mal pagarse un cuarto interior, tres comidas frugales, una tarjeta de transporte público, las tasas académicas y el mínimo material docente, temo que sin tarifa plana de internet. En Cataluña, tal vez el 20% de los estudiantes tienen beca, pero el incremento de las tasas el próximo curso 2012-13 desapropiará a cientos, acaso a miles de estudiantes marginales en dinero, no siempre en capacidad de esfuerzo ni en méritos probados.

Me dicen que la solución es incrementar el número de becas. Si es así, hagamos las cosas al revés: abramos primero el proceso de solicitudes y concesión de becas, contrastemos su corrección y, solo luego, cobremos las tasas.

Acompasen las subidas y los plazos de pago de las tasas con las convocatorias de becas y ayudas académicas

Es cierto que los países europeos desarrollados mantienen criterios distintos: los británicos cobran tasas cada vez más elevadas, pero tienen muchos estudiantes extranjeros, una circunstancia que anima a pasarles factura. En el otro extremo, los escandinavos pagan a sus estudiantes y luego, cuando trabajan, les crujen a impuestos. En medio, algunos Länder alemanes cobran tasas, pero otros no lo hacen.

Y sé de sobra que, como insiste la Fundación BBVA en un reciente informe, un titulado universitario gana un 10% más por cada año de estudios adicional realizado que una persona con estudios medios de similares características. Pero prefiero mil veces subirle los impuestos cuando sea mayor y rico a hacerle pagar por su educación cuando es joven y pobre.

Naturalmente, los partidarios de la contención de las tasas académicas algo habríamos de ofrecer a la mayoría que resolverá subirlas: el informe que acabo de citar recalca que, en España, el porcentaje de estudiantes titulados sobre los ingresados es solo de un 80%, es decir, que una quinta parte se pierde por el camino, y deja la universidad habiendo pagado sólo una fracción mínima de la factura que ha corrido a cargo del contribuyente durante uno o más años. También lo es que uno de cada cinco estudiantes deja de presentarse a los exámenes o que, de los presentados, aprueban solo las tres cuartas partes. Ahí sí que realmente el ministro José Ignacio Wert y las autoridades académicas están cargados de razón, pues a quienes no sudan la camiseta hay que cobrarles por los servicios casi gratuitamente prestados en vano por el sufrido contribuyente. Por esto, el aspecto más positivo de las anunciadas subidas es que no son lineales. Pero, de nuevo, remedios alternativos o complementarios al incremento de tasas eran endurecer la selectividad y controlar con severidad la permanencia de los estudiantes en la universidad. Aunque también en este tema, es importante ofrecer vías rápidas y vías lentas: los estudiantes habrían de poder organizar su jornada de forma tal que les resulte posible combinar un trabajo a tiempo parcial con el estudio. Piénsese que el mercado de trabajo para los jóvenes es desolador y que la reforma de Bolonia ha llevado a horarios enloquecidos que impiden a los pocos estudiantes que consiguen un trabajo a tiempo parcial asistir con normalidad a cursos y seminarios desparramados a lo largo de todo el día.

Concedo que había que correr, pues el suelo está desapareciendo bajo nuestros pies. Pero urgen reformas estructurales contra cuya realización muchos gobiernos anteriores conspiraron con los gremios universitarios y que los actuales siguen tentados en posponer, pues los costes políticos son muy elevados. Por citar un ejemplo que conozco bien, en España hoy se pueden cursar estudios completos de Derecho en 73 centros públicos y privados cuando en Alemania, un país mucho más rico y poblado que el nuestro, hay solo 44. Así en Derecho, al menos, había que reestructurar la oferta en lugar de empezar encareciéndola. Pero es mucho más sencillo hacer pagar más a los estudiantes que reorganizar a sus profesores o fusionar centros, por no hablar de cerrar algunos. En todo caso, hasta la apertura de los periodos de matrículas queda tiempo para formular una petición a nuestras autoridades: acompasen las subidas y los plazos de pago de las tasas con las convocatorias de becas y ayudas académicas.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil Universitat Pompeu Fabra.