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Movimiento 15-M

El Gobierno regional exige a Interior el desalojo de Sol

Granados denuncia que "no se puede tener la ciudad secuestrada" y Rubalcaba responde que tomará "una decisión" tras analizarlo con la policía.- El Ayuntamiento evalúa la salubridad de la acampada.- Los comerciantes se sienten "rehenes" y les piden "que se vayan"

La acampada de indignados en la Puerta Sol tiene, cuando se cumplen 13 días del inicio de la protestas, muchos frentes abiertos. Por un lado, el desalojo de sus compañeros de Barcelona, en el que se han producido dos detenidos y 121 heridos leves,37 de ellos policías. Por otro, el aumento de las presiones de los comerciantes para que levanten por su propio pie el campamento y la exigencia, cada vez más rotunda, del Gobierno regional a Interior para que actúe. Ante la petición del Ejecutivo de Madrid, Rubalcaba se ha asegurado que analizará el problema con la Policía para tomar "una decisión". Además, se espera que cierren esta tarde un consenso de mínimos que defina el futuro del Movimiento 15-M. Y, por si fuera poco, hay alerta amarilla por tormentas y por la tarde ha caído un fuerte aguacero.

A las once de la mañana, la Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) y la asociación que representa a los comerciantes de Sol (APRECA) han presentado su propio manifiesto, un listado de los "inconvenientes" que les causa la acampada. Están "indignados por la ocupación de la vía pública" durante más de 10 días, la "desastrosa imagen" que está dando de Madrid y de España -esto se está viendo en todas las televisiones del mundo"- y los problemas de "movilidad e insalubridad" que conlleva. A esto se suma el prejuicio a sus negocios: una fuerte caída de las ventas de hasta el 70% y la no contratación de mano de obra eventual para la temporada alta.

Cero contrataciones y cero de caja

Ante un aforo compuesto de representantes de hoteles, del sector textil y de hostería, medios y varios de los acampados, el presidente de COCEM, Hilario Alfaro, ha explicado que en Sol trabajan "todos los días 25.000 personas", que "pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo". Según Alfaro, del 15 al 30 de mayo del año pasado los negocios de la zona hicieron 1.500 contrataciones de cara al inicio de la campaña. Este año, en cambio, no han hecho ninguna. Ha citado como ejemplo un comercio que hizo cero euros de caja el sábado y otro apenas 97, así como pérdidas "de un 30 y un 40%" en los hoteles. "Nos sentimos rehenes de estas acciones ilegales", ha criticado Alfaro, que ha reclamado "una solución". Esperan un desalojo negociado aunque, si no llega, acudirán a los autoridades para exigir un desmantelamiento por la fuerza.

Alfaro ha mostrado su estupor porque el desalojo de Barcelona se produzca no en defensa de los comerciantes, que están "sufriendo" en sus espaldas la protesta, sino por un partido "que se juega en Londres". "Esperamos no tener que esperar a que el Real Madrid juege en Kuala Lumpur", ha añadido. Ignacio Larios, de APRECA, ha sido más duro y ha denunciado que la acampada se ha convertido "en un poblado chabolista con un hedor insoportable y un foco de infección". "En los primeros días el peso de vuestras protestas era mayor que nuestros perjuicios, pero hoy en día la cosa ha cambiado. Cada día que pasa no ganáis nada por estar un día más allí, y nosotros sí perdemos. La balanza ahora está al revés. Por eso os pedimos que voluntariamente abandonéis el campamento", les ha rogado Larios.

Al acto han asistido varios acampados, que dicen comprender sus quejas, aseguran haber mantenido desde el principio un diálogo fluido con los comerciantes y afirman no entender por qué se reabren asuntos que creían resueltos, como el tema de los carteles en los comercios pequeños. En el turno de preguntas, los jóvenes han invitado a los comerciantes a acudir a las asambleas para exponer sus quejas. Larios les ha contestado: "Estuvimos en vuestra asamblea esperando hora y media, pero no conseguimos hablar porque no nos disteis la palabra".

Un paso más allá ha ido el presidente de la patronal madrileña, CEIM-CEOE, Arturo Fernández, que ha anunciado que emprenderán acciones legales si Interior no resuelve "de inmediato la ocupación". Fernández, que ha vuelto a reclamar una "urgente y definitiva" actuación porque los comerciantes "ya no pueden aguantar más", ha considerado paradójico que "en otros lugares" se esté "procediendo al desalojo" mientras que en Madrid no se hace "absolutamente nada" a pesar de estar sufriendo "el mayor perjuicio". A los empresarios se ha sumado un reforzado Gobierno regional tras la victoria del PP. El consejero de Interior en funciones y secretario general del partido de Madrid, Francisco Granados, ha pedido al Gobierno y a la Delegación que procedan al desalojo porque "se ha quebrado el Estado de derecho y se ha conculcado la libertad de libre circulación de personas". Granados sostiene que están "perjudicando gravemente" a los comerciantes, "desamparados por la inacción del Gobierno".

Beteta achaca la "pasividad" a "razones políticas"

"No puede ser que una ciudad esté secuestrada por señores que no saben lo que reivindican y no respetan ni siquiera el Estado de derecho", se ha despachado Granados, que ha añadido que al principio compartían "algunas" de sus reivindicaciones pero que hoy "ha degenerado de manera dramática en un asentamiento chabolista". También ha intervenido el consejero de Economía en funciones, Antonio Beteta, que ha considerado que es un atropello" al Estado de Derecho y ha achacado la "pasividad" del Gobierno a "razones políticas". Tras el Consejo de Ministros, Alfredo Pérez Rubalcaba ha confirmado que el Ejecutivo regional se ha puesto en contacto con el Gobierno para pedirle que desaloje y que la Delegación se ha reunido con los comerciantes para atender sus demandas, pero no ha dado pistas sobre si piensa ordenar el desalojo o no. "Voy a analizar con la Policía la situación y ya tomaremos una decisión", ha asegurado Rubalcaba

El Ayuntamiento de la capital también ha movido ficha y ha encargado un informe de la situación a Madrid Salud -que agrupa todas las actividades municipales de salud pública y drogodependencias-. Según testigos citados por la SER, dos inspectores han acudido a la plaza, han tomado varias fotografías y se han marchado. El delegado de Seguridad y Movilidad en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, entregará el informe a la Delegación. A su juicio, la acampada no debe prolongarse más "para no generar un problema de salud pública". Los acampados decidieron el pasado fin de semana que no iban a levantar las tiendas el domingo de las elecciones, como estaba previsto, sino que permanecerían en Sol una semana más. Este domingo volverán a plantearse qué hacer.