Gabilondo reprueba el incidente de la capilla de Somosaguas
El ministro considera que la presencia o no de templos en los campus debe decidirse en el ámbito universitario.- González asegura que Berzosa "mata moscas a cañonazos" si pretende eliminar las capillas
El ministro de Educación, Angel Gabilondo, ha entrado en la polémica de las capillas para condenar el incidente ocurrido en un templo de la Universidad Complutense, por considerarlo "reprobable, inadecuado e improcedente". El jueves de la semana pasada, un grupo de jóvenes irrumpió en la capilla del campus de Somosaguas para protestar contra la Iglesia y algunas chicas se desnudaron de cintura para arriba. El incidente, sumado a otras protestas en campus de Cataluña, ha provocado la queja airada del Arzobispado, una investigación por parte de la UCM, una demanda de Manos Limpias, una misa de "desagravio" y un debate, abierto por el rector, Carlos Berzosa en una entrevista con EL PAÍS, sobre si debe haber capillas en las universidades públicas.
En sus primeras declaraciones sobre el asunto, el titular de Educación ha subrayado la importancia de valores como la tolerancia y el respeto hacia las convicciones y creencias de los demás, al tiempo que ha aplaudido la reacción de Berzosa, quien condenó los hechos y ordenó abrir un expediente informativo a los alumnos que provocaron el altercado. A su juicio, este procedimiento es "muy adecuado". Preguntado por si las universidades deberían tener capillas, Gabilondo ha sido muy diplomático y ha respondido que es un debate que se debe resolver en el ámbito universitario.
"La gestión de Berzosa es un desastre"
Desde el PP, tienen muy clara la respuesta. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, ha considerado que Berzosa "mata moscas a cañonazos" con su propuesta. De paso, González ha aprovechado el incidente para cargar contra Berzosa, caballo de batalla del Gobierno regional por su idología de izquierdas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el número dos de Esperanza Aguirre ha asegurado que el rector "ha mostrado su incapacidad de gestionar la universidad" y que su gestión "es un desastre económico, de gestión administrativa y académica y en todo".
"También en este caso, en no respetar el derecho de todo el mundo, los que piensan de una manera y de otra y de defender todos los espacios de la universidad, tiene esta ocurrencia para no hacer frente una vez más a una situación como esta que es muy lamentable", ha criticado González. También desde el Gobierno regional, Francisco Granados pidió el martes la cabeza de Berzosa por el incidente.
"Gran expectativa mediática"
Mientras se celebra este debate, muy cargado por la cercanía de las elecciones, el Arzobispado prepara la "misa de desagravio" que celebrará mañana en la capilla. Hoy se ha conocido que la oficiará el obispo auxiliar de Madrid, César Franco. Será en el horario habitual de misa en esa capilla, a las 13.30, aunque en esta ocasión el obispo auxiliar presidirá la eucaristía a invitación del capellán, Rafael Hernando, han señalado fuentes de la Pastoral Universitaria. Aunque el Arzobispado elevó una queja al Rectorado de la UCM y el incidente ha suscitado numerosas condenas y ha trascendido al ámbito político, un portavoz del Rectorado de la universidad ha asegurado que "hay una buena sintonía con el Arzobispado de Madrid".
Berzosa "respeta y apoya" la misa de desagravio y se ha comprometido con el Arzobispado a "velar por que no se produzca ningún tipo de incidentes", han señalado fuentes del Rectorado. La Pastoral Universitaria ha señalado, ante la "gran expectativa mediática", que no se garantiza que puedan entrar los periodistas -la capacidad de la capilla es de unas 60 personas-. El incidente ha irritado a los sectores católicos y conservadores porque algunas asistentes se desnudaron y gritaron consignas como "menos rosarios y más bolas chinas", que al Arzobispado considera "blasfemias". Aunque la Iglesia no ha presentado una denuncia, sí lo ha hecho Manos Limpias por la "profanación" del templo. La actuación de los jóvenes puede constituir un delito contra los sentimientos religiosos. La pena máxima es de seis años de cárcel, que "difícilmente" se aplicarán en este caso, según Juan Ferreiro, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado.
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