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El trabajador boliviano que perdió un brazo reclama acciones penales contra los empresarios

El inmigrante mantiene que uno de los dueños de la panificadora le dejó fuera del hospital

El inmigrante boliviano, Franns Rilles Melgar, que el pasado 28 de mayo perdió el brazo en un accidente laboral cuando trabajaba en una panificadora de Real de Gandia (Valencia), se ha ratificado hoy ante el juez de Gandia que instruye el caso en sus acusaciones, y reclama "acciones penales y civiles" contra los empresarios dueños de la firma familiar. Rilles ha acudido al juzgado acompañado de su abogada, María José Veiga, del cónsul de Bolivia en Valencia, Mario Touchard, y del representante de CC OO en Gandia Josep Pons, sindicato que hizo público el caso y que se hará cargo de la defensa del obrero. El inmigrante, que carecía de contrato y trabajaba ilegal, reclamará una indemnización por daños y perjuicios y lesiones graves. En estos momentos no percibe ninguna retribución económica, y según aseguran fuentes de CC OO vive de la "caridad" de algunas personas que le han ofrecido ayuda tras conocer su historia.

A la salida del juzgado, Rilles ha reiterado sus declaraciones y mantiene que uno de los dueños de la panificadora, Raúl Rovira, que le trasladó hasta Gandia le abandonó fuera del hospital. La defensa de los empresarios niega estos hechos. Asegura que el empresario le llevó hasta urgencias y tuvo que ser atendido en "estado de shock". El atestado policial sobre el suceso avalaría la versión de los empresarios. Ahora bien, fuentes cercanas de la acusación particular aseguran que en dicho parte se puede comprobar que desde que Rilles ingresó en urgencias y hasta que el empresario fue atendido y declaró ante la policía "hay un intervalo de tiempo de entre 30 y 45 minutos". Las mismas fuentes sostienen que el dueño de la panificadora "debió recapacitar y regresar al hospital tras abandonar a su suerte al obrero".

Por su parte, el cónsul de Bolivia en Valencia, Mario Touchard, ha reclamado al Gobierno español que los inmigrantes bolivianos que residen en nuestro país desde hace tres años puedan ser regularizados. Según Touchard, actualmente hay 320.000 bolivianos en España, 60.000 en la Comunidad Valenciana. El cónsul ha lamentado la actitud de los empresarios con Franns Rilles, y el hecho de que "no le atendieran y tiraran el brazo a la basura", un acto -asegura- aislado ya que "otros accidentados están siendo atendidos debidamente por los empresarios". El consulado está apoyando psicológicamente al trabajador y a su familia.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gandia (Valencia), que instruye el caso, ha acordado la libertad provisional sin fianza de los empresarios responsables de la fábrica. En las próximas semanas está previsto que declaren también ante el juez los trabajadores compañeros de Rilles en la panificadora, y el padre y hermana de los dos empresarios imputados.