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Sentencia de muerte a la cárcel de Carabanchel

Rubalcaba y Gallardón firman el acuerdo sobre los terrenos, en los que se construirá un hospital y 650 viviendas, el 70% libres y el resto de protección oficial

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han firmado esta mañana el protocolo para el desarrollo urbanístico de los terrenos que ocupa la antigua cárcel de Carabanchel, con lo que se desbloquea el traspaso del recinto al Ayuntamiento, paralizado desde hace 11 años. El penal, símbolo de la represión franquista, será derribado en octubre para construir el ansiado hospital pero también de 650 viviendas -el 70% de ellas libres y el resto de protección oficial-.

Como ha reconocido el alcalde, el acuerdo, que recoge la

reivinicación vecinal de construir un hospital para los distritos de Carabanchel y Latina, ha sido posible gracias a que Interior ha cedido parte del aprovechamiento urbanístico que le permite el vigente Plan General de Ordenación Urbana de la capital, de 1997, según el cual podrían haberse levantado allí el doble de pisos.

Sin embargo, el pacto no satisface a todos, ya que Izquierda Unida, la Coordinadora Vecinal de Latina y Carabanchel y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y del Parque Eugenia de Montijo rechazan que en la operación se incluya la construcción de viviendas en lugar de dedicar todo el suelo a equipamientos públicos. De hecho, el alcalde ha sido recibido a su llegada a Interior por un grupo de vecinos -sólo 16 personas- que portaban una pancarta con el lema No a la especulación. terrenos de la cárcel para equipamientos sociales. Hospital ¡¡ya!!.

Los vecinos han convocado esta protesta tras ser desalojados a medianoche de la acampada que habían montado. Los vecinos iniciaron a las siete de la tarde de ayer una "vigilia" contra el acuerdo, porque consideran que la operación es "especulativa" y exigen que en los terrenos de la antigua cárcel sólo se construyan equipamientos públicos. Eran dos grandes tiendas de campaña en las que pensaban pasar la noche unas 30 personas, pero la Policía los desalojó pasada la medianoche sin que se produjeran incidentes, según han informado hoy fuentes vecinales.

El protocolo es fruto del acuerdo alcanzado recientemente entre Interior y el Ayuntamiento, que fue respaldado por PP y PSOE en el Pleno municipal del 30 de mayo y rechazado por IU. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha denunciado hoy que "es obvio que en esta zona no hacen falta más viviendas sino más dotaciones públicas; tan obvio como que, en este caso, Interior ha de sacar dinero para costear sus infraestructuras".

El penal ocupa una superficie de 170.000 metros cuadrados y se prevé la construcción de 650 viviendas, de las que al menos el 30% serán de protección pública, así como del hospital que venían demandando los vecinos.