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El Congreso aprueba la Ley de Memoria Histórica sin el apoyo del PP y de ERC

La principal novedad introducida hoy es que los símbolos franquistas en edificios de la Iglesia no tendrán que ser retirados si concurren razones artístico-religiosas

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La principal novedad introducida en el trámite de hoy ha sido una enmienda transaccional por la cual los símbolos franquistas en edificios de la Iglesia no tendrán que ser retirados si concurren razones artístico-religiosas protegidas por la ley. La enmienda transaccional pactada por PSOE y CiU y apoyada por PNV y CC ha sido rechazada por el Partido Popular.

La mayoría de los artículos de la Ley han sido aprobados con 185 votos a favor y 137 en contra, aunque ha habido otros que han pasado con una diferencia de solo 10 votos, informa Carlos E. Cué. Desde la Tribuna muchos veteranos antifranquistas -entre ellos Santiago Carrillo- presenciaron la votación y mostraron su emoción cuando ésta acabó.

"Todos podemos compartirla"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha remarcado hoy que no hay ni una sola línea de la Ley de Memoria Histórica que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata porque todos sus artículos responden a principios que "todos podemos compartir".

De la Vega ha abierto el debate en pleno de la citada ley con una intervención en la que ha insistido en que la esencia de la norma es el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la recuperación individual de su memoria personal y familiar.

En dicha esencia, según la vicepresidenta, todos los grupos parlamentarios deberían "estar en condiciones de encontrarse". La vicepresidenta ha negado, como se ha dicho -recordó-, que la ley suponga violentar el espíritu de concordia de los españoles, que reabra viejas heridas o que sea una norma innecesaria.

En contra

A la oposición del PP se ha unido también, aunque por motivos muy diferentes, la de ERC, grupo que no ha apoyado el texto pactado entre el PSOE, IU-ICV, CiU y PNV al considerar que no termina con el "sistema español de impunidad" instaurado durante la Transición.

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