La reforma del Código Penal incluye el acoso laboral y los delitos cometidos por 'hackers'

El nuevo texto refuerza la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia económica, introduce nuevos delitos y protege más a las víctimas

AGENCIAS Madrid 14 JUL 2006 - 15:31 CET

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley sobre la reforma del Código Penal que, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, refuerza la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia económica, introduce nuevos delitos y protege más a las víctimas. De la Vega y y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, han explicado los pormenores de este anteproyecto que endurece el castigo al delincuente profesional, refuerza la protección de los derechos de los menores y recupera medidas alternativas a la cárcel, como multas, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente y los arrestos de fin de semana.

Las intromisiones ilegales en sistemas informáticos ajenos de los hackers (piratas informáticos) y la copia, uso y posesión de tarjetas de crédito, son algunos de los nuevos delitos de la reforma, que establece también penas de prisión de seis meses a dos años para los condenados por acoso laboral.

También se introduce la novedad de la extensión de la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles, se incluyen los manejos abusivos del administrador o de los socios o el castigo de los falseamientos de las cuentas de una sociedad para perjudicar económicamente a la misma.

Conducción temeraria

La reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia contempla penas de entre 3 y 6 meses de prisión, en los casos más graves, para aquellas personas que conduzcan a velocidad excesiva y con elevadas tasas de alcohol en la sangre, según ha informado López Aguilar.

En concreto, el anteproyecto que ha dado hoy luz verde el Gobierno, y que se elevará a los pertinentes órganos consultivos, prevé penalizar los comportamientos de quiénes circulan con "elevadas tasas de alcohol" o a "velocidades excesivas" (rebasar el límite en 50 kilómetros por hora en ciudad y en más de 70 en vías interurbanas) con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Asimismo, se prevén trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné durante un periodo de 1 a 4 años.

Delincuencia organizada

En la lucha contra la delincuencia organizada, el ministro ha destacado la tipificación de la "asociación para delinquir", en sus tres modalidades de colaboración (pena de cárcel de 2 a 4 años), pertenencia (de 2 a 6 años) y dirección (de 6 a 9 años), condenas que se sumarán a las específicas que correspondan por el delito concreto cometido. Además, los jueces podrán decomisar el patrimonio del condenado que se presuma que proviene de la actividad delictiva y que no se corresponda con sus ingresos declarados.

Protección de las víctimas

Respecto a la protección de las víctimas, la reforma introduce un nuevo tratamiento de la responsabilidad civil que se deriva del delito y establece un nuevo tratamiento de las imprudencias leves con resultado mortal o de lesiones en los accidentes de tráfico, que ahora podrán ser perseguidas de oficio, con lo que se asegura la intervención del fiscal, ha explicado López Aguilar.

Respecto a los delitos basados en las nuevas tecnologías, la reforma tipifica la manipulación genética para la clonación de seres humanos con fines reproductivos y despenaliza la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación humana, como por ejemplo en la investigación.

Reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y el ministro de Justicia han anunciado también la aprobación de la reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que, entre otras medidas, aumenta la autonomía de esta institución. Aguilar ha dicho que se cumple así con "un compromiso de la legislatura dirigido además a mejorar la capacidad de cumplir en plenitud las funciones que la Constitución y el Ordenamiento Jurídico encomiendan".

Esta reforma incluye la fijación de cuatro años de mandato para el Fiscal General del Estado, quien no podrá ser reelegido, coincidiendo con la legislatura del Gobierno, que será el encargado de nombrarle. El candidato antes de ser fiscal general tendrá que comparecer ante la audiencia del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y posteriormente ante la comisión del Congreso de los Diputados para más tarde ser nombrado como tal por el Rey.

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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros. / EFE

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