El Gobierno pide a Bruselas el reconocimiento de las lenguas oficiales de España

El candidato socialista a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha asegurado que el Gobierno ha planteado ya el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea y ha abogado por su empleo en las relaciones institucionales por "respeto a la pluralidad". En declaraciones a hechas esta mañana a Telecinco, Borrell ha señalado que el Gobierno ya ha planteado la aparición de "las lenguas oficiales de España en el texto constitucional europeo" ya que, ha indicado, "por respeto a la pluralidad se ha de reconocer el catalán" y sostener que pueda usarse "en las relaciones institucionales" de la Unión.

Horas después de hacer estas declaraciones, Borrell ha querido matizar sus palabras, al afirmar que la propuesta del Gobierno sobre las lenguas cooficiales españolas no pretende que todos los documentos de la UE tengan que ser traducidos a estos idiomas. En declaraciones a los periodistas tras asistir a unas jornadas sobre política europea organizadas por el PSOE, Borrell ha explicado que la propuesta consiste en "modificar algunos artículos" del Tratado Constitucional para que se edite en catalán, vasco y gallego y para que estas lenguas cooficiales españolas puedan ser utilizadas por los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la UE.

Para conseguir este objetivo, España propone incluir una modificación en el artículo 10 de la parte IV de la futura Constitución para que ésta se pueda traducir a las lenguas no oficiales y añadir además un párrafo en el artículo octavo de la parte I para que los ciudadanos puedan dirigirse por escrito a las instituciones y organismos de la UE no sólo en los idiomas oficiales de la Unión, sino también en las otras lenguas.

Lenguas oficiales y de trabajo

Actualmente, el régimen lingüístico de la Unión Europea es un conjunto de fórmulas que varía según las instituciones y que se sostiene sobre una base jurídica también polivalente. Así, la UE contempla las lenguas auténticas, es decir, el alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco, polaco, checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano y maltés, así como el gaélico o irlandés. Sin embargo, el régimen del Consejo se recoge en el Reglamento 1, que data de 1958, en el que por unanimidad con las diferentes ampliaciones se han ido estableciendo las denominadas "lenguas oficiales y de trabajo". En la enumeración no aparece, sin embargo, el gaélico.

Por su parte, la Comisión, el Parlamento europeos y las demás instituciones tienen sus propios regímenes, que no siempre coinciden con los del Consejo. Fuentes europeas ya apuntaron la pasada semana la necesidad de tratar esta cuestión con sumo tacto, a la luz de lo delicado del tema. Siguiendo el planteamiento de España, cualquier otro país con alguna lengua oficial en su territorio o en una parte de él podría reclamar su reconocimiento a nivel europeo. En el caso de Francia, esta medida le podría ocasionar problemas ante los ciudadanos que reivindican un mayor papel del vasco o el bretón.

Francia se desmarca

La propuesta del Ejecutivo español no ha sido bien acogida por uno de los miembros de mayor peso en Bruselas. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Michel Barnier, se ha desmarcado hoy de la propuesta española sobre el tratamiento del catalán, vasco y gallego en la UE, al subrayar la necesidad de "evitar el que se reabran asuntos difíciles" en el tramo final de las negociaciones de la Constitución europea. En un encuentro con la prensa en Bruselas tras su entrevista con su homólogo belga, Louis Michel, el jefe de la diplomacia gala ha pedido que los Estados miembros sean "muy prudentes" a la hora de hacer propuestas sobre la cuestión del régimen lingüístico.

Si bien Francia se muestra reacia, Irlanda parace haber acogido de forma positiva la propuesta española. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado hoy que la presidencia irlandesa de la UE ha tenido una "primera reacción favorable" a la petición española de convertir en lenguas constitucionales el catalán, el gallego y el euskera, aunque ha admitido que aún no hay un "acuerdo definitivo" en la UE sobre esta cuestión.

Durante su intervención en las jornadas 'Volver a Europa', organizadas por la fundación Pablo Iglesias, el ministro ha explicado que el objetivo de la propuesta es defender la "diversidad lingüística" de España de acuerdo con la "doble legitimidad de la UE", que es una unión de Estados y una unión de ciudadanos.