Trillo rechaza "rotundamente" que militares del Yak-42 fueran enterrados sin identificar

El ministro de Defensa, Federico Trillo, ha negado hoy "rotundamente" que 30 de los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) fueran enterrados o incinerados sin haberse acreditado su identidad de modo fiable, tal y como revela este periódico en su edición de hoy.

Después de rechazar las conclusiones del documento de las autoridades turcas, que contó con la firma de los dos representantes de Defensa desplazados a Turquía, el ministro ha destacado que dicha información pone en duda "la profesionalidad impecable" del equipo médico español que trabajó en Turquía para identificar a las víctimas y repatriar sus cadáveres. En esta línea, ha apuntado que el general Vicente Navarro, jefe de los médicos, "ha desmentido punto por punto desde anoche esa información". Además, ha criticado el "tratamiento informativo poco riguroso" que se está haciendo sobre este "asunto tan doloroso", algo que demuestra el "muy poco respeto a la memoria e intimidad de los afectados y al dolor de las familias".

Trillo no ha querido entrar al fondo de la información que publica EL PAÍS y se ha remitido a la página en Internet del Ministerio de Defensa, donde "tenemos la totalidad del informe" y que el Gobierno, a través de la Oficina del ministro portavoz "ha puesto a disposición de los medios de comunicación todas las declaraciones que estima necesarias". El ministro ha zanjado toda explicación y a dicho a los medios que "no voy a polemizar con ustedes".

El documento, bajo el título Protocolo de examen de cadáveres, autopsia e identificación, está firmado a las 2.20 del 28 de mayo, pocas horas antes de que salieran hacia España los tres aviones con los féretros y menos de 48 horas después del siniestro. Así, 30 militares fueron enterrados o incinerados sin que se hubiese acreditado su identidad de modo fiable, como temían las familias. Según los expertos, las dudas sobre las identidades se podían haber despejado con la realización de pruebas de ADN, lo que habría demorado la repatriación no más de cuatro días.

El documento revela también que las autoridades turcas tomaron muestras de tejido para realizar pruebas de ADN a los familiares que se conservan en Estambul, junto a restos humanos cuya identidad se ignora. El documento está firmado por 23 personas, entre ellos siete fiscales, cuatro médicos, un dentista, un biólogo y los dos representantes del Ministerio de Defensa español: el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, subdirector general de Política de Defensa, y el general médico Vicente Navarro.

Sin autoridad judicial

Tras conocer la noticia, Pacho González Castilla y Carlos Ripollés, familiares de dos de los militares, han sido entrevistados en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, donde han exigido además a la justicia española que actúe de oficio para despejar las dudas sobre la identificación de los cadáveres. Para Ripollés, las diligencias demuestran claramente que en ese tiempo no se pudieron identificar 30 cuerpos porque "había que extraer muestras para un cotejo de muestras de ADN con las familias".

Ambos han confirmado que las familias reunidas en torno a la asociación de víctimas de este vuelo solicitarán hoy a las autoridades turcas autorización para ir a Estambul y cotejar su ADN con el de las víctimas. Ripollés ha señalado que de esta comparación "saldrá lo que tenga que salir" y, si no hay coincidencias, "se pediría la exhumación de los cadáveres". Ripollés ha explicado también que la normativa española señala que, para hacer una autopsia, debe estar presente una autoridad judicial pero "el general Navarro es cardiólogo".

Sin embargo, Ripollés ha recordado que en el equipo médico español desplazado a Turquía para hacerse cargo de la identificación de los cadáveres no había ningún forense porque "en el Ejército español a fecha de hoy no hay ningún médico forense que pueda firmar una autopsia". Por último, Ripollés se ha preguntado "dónde estaba la autoridad judicial española" que acreditara que la identificación de los cadáveres cumplió con todos los protocolos establecidos.