Garzón procesa a Dorado y Bayo y deja libres a Galindo, Manglano y Perote

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a los ex guardias civiles Felipe Bayo y Enrique Dorado Villalobos por los asesinatos de dos presuntos etarras y el de un ciudadano francés y por el intento de asesinato del hermano de éste último en sendos atentados reivindicados por los GAL.

En un auto notificado hoy, Garzón considera que Bayo y Dorado cometieron estos atentados "cumpliendo órdenes de superiores"; pero acuerda levantar las imputaciones al ex general Enrique Rodríguez Galindo, al ex jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil Andrés Cassinello, y al ex director del CESID Emilio Alonso Manglano, así como a Juan Alberto Perote, Pedro Gómez Nieto y José María Velázquez Soriano, porque no hay suficientes indicios contra ellos en el llamado "caso Oñederra" o porque el delito de pertenencia a banda armada está prescrito para ellos.

A Dorado y Bayo, Garzón les procesa por un delito de integración en banda armada y por la autoría de los "asesinatos terroristas", en 1984 en el sur de Francia, de los presuntos etarras Angel Gurmindo Lizarraga y Vicente Perurena, así como el del francés Christian Olazkoaga y la tentativa de asesinato de su hermano Claude.

Documento desclasificado

Según explica el juez en relación con esta causa, para la que el fiscal pidió el sobreseimiento, en 1983 "varias personas integradas en la estructura de la formación política que gobernaba España, entre ellos Ricardo García Damborenea" ex secretario general del PSOE en Vizcaya, "llegan a la conclusión de que se ha de actuar directamente y en forma violenta contra ETA en el sur de Francia una vez se tomara la decisión por 'quién correspondiera'".

Con este fin, el CESID elabora un proyecto que redacta el coronel Juan Alberto Perote para entregárselo después a Manglano.

Este documento fue desclasificado, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, por el Consejo de Ministros del 18 de abril de 1997 y en él se dice que estas acciones "deberán ser fruto de un severo análisis que lleve a la conclusión de que son necesarias y útiles".

Finalmente se crean unos "Grupos Operativos" que se dividen entre los ubicados en la Jefatura de Policía de Bilbao, "con dependencia directa en la esfera política" -a través de Damborenea, el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, el ex secretario de Seguridad Rafael Vera y el ministro del Interior José Barrionuevo-, y los que se encuentran en la Comandancia de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebstián) que dependen de Rodríguez Galindo "en estrechísima relación con el CESID".

"Órdenes superiores"

En cumplimiento de este plan, estos grupos, que actúan como miembros de la organización denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), perpetran los secuestros de los presuntos terroristas José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala - acción por la que cumplen condena Dorado, Bayo y Rodríguez Galindo- y de Segundo Marey, al que confundieron con el supuesto etarra Mikel Lujua.

Tras el secuestro de Marey, es asesinado a tiros Ramón Oñaederra en un atentado reivindicado por los GAL en el que participó una persona vinculada con Intxaurrondo, aunque "no ha sido posible establecer" su identidad, señala Garzón.

En 1984, Bayo y Dorado "cumpliendo órdenes superiores" se desplazan a Hendaya y disparan con sendas pistolas contra Lizarraga y Perurena, falleciendo ambos, y al huir del lugar de los hechos a Dorado se le cae un auricular de transmisiones.

Meses después, los dos ex guardia civiles se trasladan a Biriatou con el objeto de asesinar a los hermanos Olazkoaga a los que confundieron con los supuestos etarras José Ramón López e Abechuco y Faustino Estanislao Villanueva Herrera, según el juez- Dorado y Bayo dispararon contra los dos hermanos Olazkoaga, utilizando una de las armas empleadas para asesinar a Lizarraga y Perurena, causándole la muerte a uno de ellos, Christian, e hiriendo en una pierna al otro, Claude, quien consiguió identificar parcialmente a uno de los agresores, que resultó ser Bayo.