Los derechos de las personas en la vacunación contra el Covid-19

Puede considerarse un éxito que en tan pocos meses se hayan podido desarrollar vacunas contra el Covid-19 y rodearlas con la etiqueta de seguridad, pero no debe olvidarse que el valor de la universalidad, contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, debiera presidir la lucha contra esta pandemia, incluyendo una justa distribución de las vacunas.

Merece subrayarse por ello la petición a los gobiernos formulada por parte de la organización Médicos Sin Fronteras, para que se apoye una suspensión temporal de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con las vacunas, solicitando un acuerdo en el marco de la Organización Mundial del Comercio que favorezca una mayor producción y una más rápida distribución de aquellas.

En los países de la UE, entre otros, ya ha empezado la vacunación frente a el Covid-19 con los primeros grupos de población, personas vulnerables y profesionales sanitarios, con varios posibles debates encima de la mesa, entre otros:

- la posibilidad de que se cree un pasaporte vacunal/inmunitario

- la necesidad de garantizar la protección de datos

- la necesidad de intensificar la coordinación entre administraciones

La posible creación de un nuevo pasaporte/certificado de estas características debería analizarse desde un punto de vista ético y legal, ante posibles usos que pudieran originar discriminación y violación de derechos fundamentales. De entrada, un pasaporte vacunal no sería lo mismo que un pasaporte inmunitario.

En principio, un pasaporte vacunal no parece necesario desde el momento en que la información referida a si una persona está o no vacunada (decisión voluntaria por otra parte) ya figuraría en su historia clínica, por cierto, ya digitalizada. En cualquier caso, no debería ser motivo de posibles discriminaciones y, por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) debería analizar, previamente a su eventual puesta en marcha, un certificado de estas características.

En cuanto a un pasaporte inmunitario, sería prematuro en todo caso dada la insuficiente información disponible acerca de la inmunidad que proporcionan las vacunas. Más adelante -si se dispone de una base científica consolidada, contrastada y aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- se podría estudiar, por expertos en bioética y en protección de datos, si la inmunidad puede certificarse garantizando el respeto a los derechos y libertades.

Por otro lado, estos asuntos deben examinarse de forma multilateral, pues no afectan solamente a la UE y sus normativas, sino al llamado Reglamento Sanitario Internacional que vincula a los miembros de la OMS que lo han firmado.

La AEPD debe desempeñar un rol importante en lo que respecta a garantizar este derecho, en especial en aspectos tales como la finalidad de los tratamientos, la delimitación del tipo de datos que puedan recogerse y de quién tendrá acceso a los mismos, la duración de su conservación y los derechos de las personas, así como el seguimiento de todo el proceso. Todo ello debería haber quedado revisado por la Agencia con anterioridad a la puesta en marcha de todo el proceso de vacunación por parte del Gobierno, ya que deben garantizarse los derechos de las personas establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril.

Entendiendo por tal, el que debe aprovecharse la lucha contra la crisis pandémica para profundizar en la colaboración entre administraciones. Debe prestarse atención, por ejemplo, a evitar disparidad de criterios en decisiones que pudieran afectar negativamente a una limitación de derechos y libertades en los procedimientos que acompañen la vacunación.

En estas líneas se han apuntado algunos asuntos, como muestra de los que se podrían debatir, desde la convicción de que estamos viviendo momentos históricos. Parece claro que el éxito deseado en el proceso de vacunación tiene que influir de forma importante también en la recuperación económica y social, pero cuidémonos de que dicho proceso no se gestione a base de generar discriminación, desigualdad, y exclusión social.

Consecuentemente, debe prestarse atención a que cualquier toma de decisión que afecte a derechos y libertades de la persona sea adoptada en base a conclusiones científicas consolidadas acerca de la inmunidad, con las garantías éticas y legales que se precisen, con la ineludible coordinación entre administraciones y con un plan de producción y distribución vacunal ajustado al valor de la universalidad.

* Antoni Farriols Solá es analista de la Fundación Alternativas