Mientras en El Prat sigue el caos, ¿dónde está el presidente de Aena?

El aeropuerto de El Prat sufre un conflicto que ya dura más de una semana y ha afectado a decenas de miles de turistas y viajeros que deben aguardar colas de más de una hora para pasar los controles de seguridad por los paros convocados por los trabajadores de la empresa de seguridad Eulen. La responsable última del funcionamiento de este servicio y la que adjudicó el contrato a Eulen es Aena, el gestor de los aeropuertos, participado mayoritariamente por el Estado (51%). Pero la sociedad no ha dado ni una sola explicación del conflicto a los miles de viajeros (y, por tanto, clientes) que están sufriendo las esperas del aeródromo catalán, y pagan las tasas aeroportuarias que les cobra Aena.

En esa línea, llama la atención que el presidente de Aena, José Manuel Vargas, aunque haya participado en las reuniones convocadas por Fomento, tampoco haya comparecido públicamente para ofrecer la versión de la empresa de la que es máximo responsable. En su lugar, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha sido el que ha tomado las riendas del conflicto y el encargado de dar las explicaciones públicas. La dos últimas, en la rueda de prensa que ofreció en Madrid, tras las asambleas de trabajadores de Eulen, y en la que ofreció este viernes en Barcelona, tras el comité de crisis, comparecencias a las que tampoco asistió Vargas.

Esta actuación pasiva o en un segundo plano ha provocado varias criticas, tanto desde el ámbito sindical como el de la oposición política, que acusan a Vargas de estar más preocupado por el valor de la acción que por resolver los problemas de gestión del día a día.

En esa línea, el grupo socialista ha pedido la dimisión de Vargas al entender que el conflicto laboral de El Prat “no es más que un reflejo y la consecuencia de la forma de actuar de la dirección de Aena". Su portavoz en la Comisión de Fomento, César Ramos, califica de "vergonzoso" que la dirección de Aena "presuma" de que el valor de la acción se ha triplicado desde su salida a bolsa, "beneficiando a los grandes fondos de inversión, que ya dieron un pelotazo con la mala privatización llevada a cabo por el Gobierno del PP, y, a la vez, reduzca el coste de los servicios concesionarios con contratos que acaban repercutiendo de forma negativa sobre los trabajadores".

PSOE y CSIF han pedido la dimisión de Vargas al que acusan de que solo se preocupa por el valor de la acción  

En la misma línea, el sindicato CSIF de Aena-Enaire, ha solicitado también al ministro de Fomento el "cese inmediato" de Vargas por primar más "el interés de los fondos de inversión que son dueños de una parte de Aena que el servicio público y el sector turístico que tanto empleo crea en España". 

Aena está participada en un 51% por la sociedad pública Enaire, 100% de capital público y dependiente del Ministerio de Fomento, aunque tanto el Gobierno como la propia dirección de Aena han defendido siempre que lleva una gestión autónoma, como cualquier empresa cotizada. Una autonomía que queda en entredicho tras la decisión del Gobierno de mandar a efectivos de la Guardia Civil a suplir las carencias de los servicios de seguridad.

Paradójicamente, tras la exitosa colocación en Bolsa del 49% del capital de Aena, en la que fondos y otros inversores privados han logrado plusvalías millonarias, sus gestores, con Vargas a la cabeza, han pedido reiteradamente que el Estado avance en la privatización y ceda la mayoría en el capital. De esta forma, ganarían más de poder de maniobra y decisiones estratégicas como la compra de empresas, la participación en concursos internacionales, la contratación de personal o las retribuciones de los directivos no tendrían que ser sometidas a la aprobación del Consejo de Ministros.

José Manuel Vargas gana más del doble que el ministro de Fomento 

Esas demandas ponen de manifiesto el desencuentro entre la dirección de Aena y el Gobierno, negado siempre oficialmente. El último episodio de esa tensión entre los directivos y su máximo accionista se ha producido a raíz de la intención del gestor aeroportuario de lanzar una contraopa por Abertis que compitiera con la de la italiana Atlantia, que ofrece más de 16.000 millones de euros. El Gobierno tuvo que frenar esta operación de alto riesgo que, además de situar a la sociedad con un endeudamiento desbordado, chocaba con la legalidad porque Abertis tiene pleitos judiciales contra el Estado al que reclama cientos de millones por varias concesiones, como apuntó el ministro de Fomento en una entrevista con El País.

También hubo serias diferencias por las tasas aeroportuarias, cuya rebaja forzó el propio Ministerio de Fomento, pese a la oposición de Vargas y su equipo, que deseaban a lo sumo congelarlas.

Otra queja, reconocida públicamente por el propio Vargas, es la escasa retribución de los directivos de Aena en comparación con otros gestores aeroportuarios privados europeos, y de acuerdo al valor que han generado para el accionista. Vargas tiene un sueldo anual de 166.000 euros, con datos de 2016, el más bajo de los presidentes de las empresas del Ibex, pero más del doble de lo que gana el ministro de Fomento (70.368 euros), que ha tenido que intervenir para solucionar el problema de Aena. Este diario ha intentado sin éxito conocer la opinión de Vargas sobre el conflicto. Un portavoz ha remitido a la posición que adopte el Ministerio de Fomento.