Bruselas lleva a España ante la justicia por no corregir la norma hipotecaria

Europa da un nuevo varapalo a España por la opacidad en las normas hipotecarias. La Comisión Europea ha enviado este jueves a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar a tiempo las reglas europeas que refuerzan la protección del consumidor al suscribir una hipoteca. Es el último paso de un procedimiento que llega muy tarde respecto a los acontecimientos: el tribunal europeo ya ha dado la razón a los consumidores en las demandas concretas que se le han presentado sobre abusos bancarios. Pese a todo, un año después de que venciera el plazo para aplicar los cambios, España “aún no ha cumplido la obligación” de trasladar la directiva europea a sus leyes, según explica el Ejecutivo comunitario.

Junto a España, Bruselas también ha remitido al tribunal a los Gobiernos de Croacia, Chipre y Portugal por el mismo motivo.

Bruselas enmienda la plana a España en un asunto tan sensible como la protección del consumidor ante la banca, un sector que ha requerido un rescate financiero por parte de Europa. Y lo hace después de haber dado un holgado margen a España para que cumpliese sus obligaciones. Pero casi dos años después de la apertura del procedimiento formal, las autoridades españolas “no han notificado ni el borrador de medidas, ni un calendario claro ni la legislación”, explica una portavoz de la Comisión. Ahora será el tribunal el que valore los incumplimientos de España (aunque si el Gobierno aprueba la norma requerida mientras el tribunal analiza el expediente, es posible que se retire o se salde sin reprimendas).

El Gobierno español alega que está preparando un texto que espera que esté listo para cuando se produzca la sentencia. “Con este objetivo estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el trámite Parlamentario, cuestión que no solo depende del Gobierno. Hay que tener en cuenta también que durante todo 2016 no se pudo avanzar en la trasposición de la normativa europea, al encontrarse el Gobierno en funciones”, señalan fuentes del Ministerio de Economía.

Tanto la Comisión como el tribunal han objetado en varias ocasiones aspectos que dañan la protección al consumidor al suscribir hipotecas. Las cláusulas suelo, los desahucios y la opacidad en la información suministrada al cliente constituían los principales elementos en disputa. En este caso particular, Bruselas incide en la información clara que debe trasladarse al ciudadano antes de que suscriba un crédito, garantizada por la directiva sobre créditos hipotecarios de 2014. Ahora acaba la fase de negociación política y comienza la judicial.

Falta de protección

La decisión revela la falta de reflejos del Ejecutivo comunitario en un asunto con gran incidencia para los consumidores. Bruselas aún tiene pendiente decidir si lleva o no a España al tribunal por otro caso más grave: el incumplimiento de las normas que protegen al consumidor, que en este caso datan de 1993 y sobre el que la Comisión envió ya un ultimátum hace un año. Mientras tanto, la justicia europea actúa; hace cuatro meses, el organismo con sede en Luxemburgo obligó a la banca a devolver todo lo cobrado de más con las cláusulas suelo (las que fijan un interés mínimo que no desciende aunque lo hagan los tipos oficiales de referencia), incluso con carácter retroactivo. Aunque fuentes comunitarias matizan que el paso legal de hoy no está formalmente ligado a la decisión del tribunal sobre cláusulas suelo, la objeción de fondo es la misma: la legislación española no protege suficientemente al consumidor.

“La no aplicación de la directiva significa que los consumidores no pueden disfrutar de la protección cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos”, cita como ejemplo el comunicado del Ejecutivo comunitario. Con el formulario estándar que prevé la directiva para informar a los clientes sobre las condiciones del producto financiero que contratan, España podría haber incluido como obligatoria la notificación de esas cláusulas suelo y haber evitado abusos. Aunque para el momento en que se aprobó la directiva, 2014, la mayor parte de esas hipotecas con cláusulas dudosas se habían suscrito ya.