Estibadores y empresas se reúnen. Claves para entender el conflicto

El conflicto de los trabajadores de la estiba tiene en vilo a los principales puertos de España. Desde el anuncio de Fomento de la realización del decreto ley que liberalizará el sector, las empresas que operan en España acusan una bajada de productividad, según la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco). La idea inicial del Gobierno era llevar la reforma al Consejo de Ministros del viernes 18 de febrero, aunque lo retrasó a este viernes por petición del resto de fuerzas parlamentarias. A cambio, los sindicatos retiraron la huelga convocada para el 20, 22 y 24 de febrero. Estas son las claves del problema.

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Qué son los estibadores

Los estibadores son los encargados de la carga y descarga de los buques. Además, son los responsables de distribuir el peso convenientemente en los barcos de forma que ocupe el mínimo espacio y en el menor tiempo posible.

Origen del conflicto

El origen del conflicto es la condena a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2014. La sentencia se debe a la imposición que tienen las empresas de participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y, además, contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad. Así, en la práctica, Sagep tiene el monopolio de la estiba tanto en el establecimiento como de la contratación.

Reunión entre sindicatos y patronal

Los representantes sindicales y Anesco retomarán este martes la negociación para intentar desencallar el problema de la reforma de la estiba. Esto es, a solo tres días de que el nuevo decreto se lleve al Consejo de Ministros. Este es el primer encuentro oficial entre las partes desde que el Gobierno accediese a dar una semana más de plazo para negociar. El Ministerio de Empleo estará presente en la negociación de este martes como mediador. La reunión será en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en Madrid. Los acuerdos que se puedan alcanzar, como repite Fomento en los últimos días, estarán dentro de los convenios colectivos y no de la reforma de la estiba, como piden los sindicatos. Por este motivo, en esta negociación no estará presente Fomento.

Propuesta de Fomento

El Gobierno propone con el nuevo decreto ley liberalizar el establecimiento de las empresas y la contratación de trabajadores. Es decir, las compañías que quieran operar no tendrán que participar de una Sagep ni contratar obligatoriamente a sus estibadores. La alternativa que plantea Fomento es que las personas formadas profesionalmente o con más de 100 jornadas de trabajo puedan ser contratados directamente por la empresa, a través de centros portuarios de empleo o de empresas de trabajo temporal.

El decreto ley contempla un periodo transitorio de adaptación de tres años en el que desaparecerá la obligación de pertenecer a la Sagep para trabajar en la estiba. Así, el primer año las empresas tendrán que contratar al 75% de la plantilla de la Sagep o trabajadores que perteneciesen a la misma. En el segundo año el porcentaje será del 50%, mientras que en el tercero será un 25%. Al término del tercer año, todas las Sagep se tendrán que eliminar o transformar en un centro portuario de empleo o empresa de trabajo temporal.

Propuesta sindical

Los sindicatos se oponen a la opción del Gobierno. Su propuesta es la creación de un registro de trabajadores a través de centros portuarios de empleo y evitar la posible contratación mayoritaria de estibadores desde empresas de trabajo temporal. Es decir, de este registro las empresas tendrían que contratar a los estibadores. El problema está en la negativa de la Comisión Europea y en que se mantendría el acceso restringido actual a la profesión, ya que por lo que se conoce hasta ahora solo pertenecerían a este registro los estibadores que ya existen.

En el transcurso de la negociación, los representantes sindicales han moderado su postura a este respecto y ya aceptan la no creación de un registro de los trabajadores. A cambio, para garantizar la formación y continuidad en el trabajo de los estibadores, proponen un control de la formación de los nuevos trabajadores, que se tendría que realizar en los puertos donde fuesen a trabajar. Para acceder, tendrían que pasar un proceso selectivo y estar un periodo de prácticas formativo de entre seis meses y un año.

Sanción a España

España cuenta actualmente con una multa por no tener la legislación adaptada. Desde 2014 ha acumulado una sanción de 21,5 millones de euros. De ahí la premura por sacar adelante la nueva legislación. Con el cambio normativo y su adaptación a la legislación comunitaria el Ejecutivo tratará de evitar desembolsar la multa acumulada, que crece si se dilata el proceso. De hecho, Fomento ya cuenta con la aprobación de la Comisión sobre la reforma. La nueva resolución contra España en marzo, que conllevaría un pago diario de 134.107,20 euros mientras que la ley no sea compatible con la sentencia del TJUE.

Tramitación decreto ley

El Gobierno aplazó la presentación del decreto ley en el Consejo de Ministros una semana. La intención era llevar el 18 de febrero, pero por la petición del resto de fuerzas parlamentarias —dejaron solo al PP, que estaría sin los apoyos necesarios en el Congreso para la aprobación del texto— se retrasó a este viernes 24. Es decir, esa es la fecha límite que el ministro le puso a la negociación entre los sindicatos y la patronal. Una vez pasado este trámite, el decreto se llevará al Parlamento donde, en un plazo de 30 días, el Congreso se tendrá que pronunciar sobre su convalidación o derogación. Esto significa que una vez se inicie el trámite parlamentario el Gobierno necesitará de apoyos de otros partidos políticos para sacar adelante el texto.

Por el momento, PSOE y Ciudadanos han pedido que haya diálogo y una solución pactada. Es decir, piden a las partes que negocien y lleguen a un acuerdo con el que se respete la sentencia del TJUE. Por ello solicitaron una semana más para negociar al Gobierno, aunque por el momento la situación sigue encallada. Unidos Podemos, por su parte, pide que se respeten los derechos laborales conseguidos por los estibadores.