Christine Lagarde comparece ante la justicia por el desvío de 403 millones al empresario Tapie

Los recursos judiciales y el apoyo sin fisuras del organismo que dirige (el Fondo Monetario Internacional, FMI) no han podido evitar que Christine Lagarde haya tenido que acudir, por fin, este lunes como imputada a la Corte de Justicia de la República. Este tribunal especial francés para aforados juzga hasta el 20 de diciembre a Lagarde por haber adjudicado, como ministra de Economía, 403 millones de dinero público a Bernard Tapie, el amigo del entonces presidente de Francia Nicolas Sarkozy. La justicia tiene datos contundentes que apuntan a que Lagarde actuó de manera negligente.

El relato de los hechos que manejan los jueces franceses pone a Christine Lagarde contra las cuerdas. La presidenta del tribunal, Martine Ract Madoux, ha recordado algunos de los elementos que la incriminan en este primer día de audiencia en la sala 1 del impresionante Palacio de Justicia de París. El contencioso económico entre Bernard Tapie y el Crédit Lyonnais coleaba desde 1993. El nombramiento de Christine Lagarde como ministra de Economía y Finanzas el 19 de junio de 2007 desatascó en tiempo récord la situación a favor del empresario adjudicándole 403 millones de euros del erario público. El tribunal de apelación francés ha considerado hace un año que Tapie debe devolver un dinero indebidamente adjudicado.

Lagarde llevaba apenas dos meses en el cargo cuando puso en marcha en su ministerio el mecanismo de un arbitraje para satisfacer las demandas de Tapie, expresidente del Olympique de Marseille, que se sentía engañado por el Crédit Lyonnais, encargado de revender la firma Adidas.

Como recoge el sumario del caso, Lagarde optó por un sistema que iba a requerir “elevados honorarios de abogados” y que constituía “un riesgo para las finanzas públicas” y gestionó casi personalmente el asunto junto a su jefe de gabinete, Stéphane Richard, hoy presidente ejecutivo del operador Orange, también imputado por este caso. El arbitraje fue una decisión que Lagarde ha asumido ante los jueces, pero que no se basó en ningún análisis previo sobre la operación. La hoy directora ejecutiva del FMI incluso desoyó las seis notas escritas (además de las advertencias verbales) de la Agencia de Participaciones de Estado (APE) en contra del arbitraje. En el primer día de audiencia ha dejado claro que este asunto no era prioritario en su trabajo.

Hay aún más detalles que evidencian la negligencia con la que presuntamente actuó Lagarde. Nombró, por ejemplo, a Bernard Scemama presidente del APFR (organismo responsable de la financiación del ministerio) la víspera de iniciar el arbitraje de un asunto que Scemama desconocía. Este alto funcionario ha declarado públicamente que Richard le fichó haciéndole saber que debía poner en marcha dicho arbitraje cuanto antes por decisión del Gobierno. Scemama también está imputado. Pero después, una vez fijada la cifra millonaria para Tapie, Lagarde cerró el caso precipitadamente, aceptando la decisión, sin llegar a consumir el plazo para recurrirlo ni analizar las posibilidades de reducir el daño para las arcas públicas.

La justicia francesa imputó por negligencia con resultado de desvío de dinero público a Christine Lagarde en agosto de 2014. La directora general del FMI desde 2011 ha intentado por todos los medios escapar a la Corte de Justicia de la República ante la que ahora comparece. La Corte de Casación (similar, aunque no del todo, al Tribunal Supremo español) rechazó en julio pasado su recurso contra el envío de su caso a ese tribunal que solo juzga a aforados. Lagarde, que ha declarado hoy ante la justicia percibir un salario de 450.000 dólares anuales, ha asegurado querer explicarse, pero su defensor, Patrick Maissonneuve, ha intentado anular la vista en base a que el desvío de dinero público no está demostrado por cuanto no hay tampoco condenados por tal hecho en otras jurisdiciones. Son argumentos que el fiscal Jean-Claude Marin ha rechazado.

El FMI no solo respaldó a Lagarde hace dos años tras conocer la imputación. En febrero de este año decidió que esta repitiera mandato y se mantenga al frente de la institución internacional, con sede en Washington, hasta 2021. El arbitraje que organizó en su ministerio para favorecer a Tapie ha sido tachado por el juez que instruyó el caso de “simulacro de arbitraje”. Este se inició justo después de que el propio Tapie se reuniera en el Palacio del Elíseo con Sarkozy y sus más estrechos colaboradores. En una carta sin fecha encontrada por la policía en uno de los registros de la casa de Lagarde, esta le decía a Sarkozy: “Estoy a tu lado para servirte y servir a tus proyectos para Francia”…”Utilízame mientras te convenga y convenga a tu proyecto y tu casting”.

La pena a la que se expone Lagarde es mínima: un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

El caso Tapie sigue, a pesar de las sentencias, enredado en los tribunales. Están imputados por fraude organizado en una jurisdicción distinta a la que juzga ahora a Lagarde el propio Tapie, Richard y Scemama, pero también el abogado de Tapie Maurice Lantourne, Pierre Estoup, uno de los jueces que intervinieron en el arbitraje, y Jean-François Rocchi, expresidente del consorcio que gestionaba los fondos del Crédit Lyonnais.