El Supremo ve “exigua” la pena de dos años de cárcel para la cúpula de NCG

Fueron más allá de meros "excesos y abusos". Los cuatro exdirectivos de la caja gallega fusionada Novacaixagalicia ejecutaron, según el Tribunal Supremo, "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" en el marco de sus competencias para asignarse indemnizaciones por prejubilación por un importe de 13,191 millones. Corría el año 2010 cuando, tras la fallida fusión de Caixa Galicia y Caixanova, los exdirectivos firmaron esos contratos por los que acaban de ser definitivamente condenados a dos años de prisión. La Sala segunda respalda esa pena de cárcel para los cinco, aunque la considera "exigua".

La fusión bancaria que dio lugar a dicha entidad ya había reclamado 1.162 millones de euros al FROB cuando los directivos se marcharon de la caja. Aunque finalmente la factura del rescate para las arcas públicas se elevó a 8.000 millones. 

Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodriguez Estrada: los tres que recibieron el equivalente a su salario de forma vitalicia hasta la jubilación. A la lista se añaden Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixanova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, que han sido condenados a dos años cada uno como cooperadores necesarios del delito.

Indemnizaciones infladas

Para el tribunal queda probado que Pego maquinó para hacerse con un finiquito de 7,7 millones (equivalente a su salario fijo, de 627.000 euros anuales, multiplicado por los años que le quedaban para retirarse en el momento de su baja, el 20 de septiembre de 2011).  En su plan de pensiones, que no se cuestiona y que recibirá cuando cumpla 65 años, hay acumulados otros 10,8 millones euros. Óscar Rodríguez, por su parte, cobró 691.000 euros (le quedaban unos meses para cumplir la edad de jubilación) y Gregorio Gorriarán, responsable de la división inmobiliaria, 4,8 millones (además tiene 9,2 en su plan de pensiones). Un cuarto directivo, Javier García de Paredes, fue absuelto por la Audiencia Nacional pese a percibir 5,7 millones de euros que nunca devolvió, como había prometido inicialmente. García de Paredes, al contrario que el resto de condenados, procedía de Caixa Galicia.

El alto tribunal rechaza el argumento de las defensas, que alegaban que la reforma del Código Penal anula la condena por apropiación indebida. La sala va más allá y tacha las penas de dos años de "desproporcionadas", pero no por excesivas, como alegan las defensas, "sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas". Sin embargo, reconoce que no puede ampliar las condenas impuestas por la Audiencia Nacional porque no fueron cuestionadas.

La "llamativa lenidad" de las penas, asegura el Supremo, tiene que ver con la elevada suma de dinero —más de 50.000 euros— que el Código Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que José Luis Pego mejoró su contrato en siete millones de euros, Gorriarán en cuatro millones, y Rodríguez Estrada en 225.400 euros.

l Supremo sí estima el recurso de los acusados en relación a la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil establecidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, debido al "llamativo error" cometido por dicho tribunal al calcularlas. El fiscal pedía una determinada responsabilidad civil si la condena era por delito de estafa y otra distinta si era por apropiación indebida, pero la Audiencia estableció como responsabilidad civil la suma de ambas cantidades.

Ahora, el Supremo ordena a la Audiencia Nacional que realice de nuevo el cálculo y que determine quién debe recibir ese dinero: si el FROB o, como quiere la fiscalía, Abanca, el banco heredero de los activos.

Derechos "heredados"

Durante el juicio, los ahora condenados defendieron su inocencia al asegurar que los contratos firmados tras la fusión no hacían otra cosa que reconocer sus derechos heredados de sus cajas de origen (Caixa Galicia y Caixanova). Julio Fernández Gayoso, el expresidente, defendió que las prejubilaciones se sometieron al examen de los órganos de control y del propio Banco de España. "Es un ejercicio de transparencia clarísimo y eso desmonta la teoría de que se ocultaran", aseguró en su declaración. Frente a esos argumentos, el tribunal destaca lo grave del caso: "Si se pondera  que los acusados ya tenían garantizada su jubilación o retiro laboral por contratos precedentes, se está ante un supuesto en que la gravedad de la ilicitud del hecho se incrementa por el contexto social y económico en que se produce, ya que los hechos se perpetraron en 2010, dos años después del inicio de la crisis económica por todos conocida".

Adicae y la fiscalía, que acturaron de acusación, pedían para ellos cuatro y tres años de cárcel respectivamente, pero la Audiencia Nacional rebajó las penas. Los contratos, como era habitual en las cajas gallegas, fueron aprobados por los consejos de administración sin que el consejo recibiese las explicaciones oportunas. Además, como señala el fallo, los directivos "ignoraron totalmente" la directiva europea que limitaba las retribuciones percibidas por altos ejecutivos de bancos rescatados con dinero público.