Bonistas de Abengoa impugnan ante el juez el plan de refinanciación

Los acreedores de Abengoa tenían de plazo hasta el pasado lunes, 16 de mayo, para presentar impugnaciones al acuerdo de refinanciación alcanzado el 28 de marzo, último día para evitar el concurso de acreedores tanto la matriz como 45 filiales. Y, otra vez a última hora y cuando nadie lo esperaba, el juez Pedro Márquez Rubio recibió un escrito de cinco bonistas que, pese a que representan un monto de tres millones de euros, pueden hacer decaer el acuerdo y colocar a la empresa en una situación límite.

Según los demandantes, representados por el despacho Zamora De Claver, la solicitud al juez se debe a que existe “una falta de concurrencia de los porcentajes exigidos y de proporción entre el sacrificio exigido a los acreedores y la viabilidad del grupo Abengoa”. La citada reducción de adhesiones se produce porque hay “una incorrecta base de cálculo de los pasivos financieros”, ya que, a su juicio, “se incluye el importe de la deuda garantizada personalmente por las sociedades y se excluyen los pasivos financieros no corrientes y aquellos mantenidos para la venta”.

Cómputo incorrecto

Asimismo, sostiene que hay un incorrecto cómputo de las adhesiones por varias razones: la inclusión en los pasivos auditados de créditos correspondientes a acreedores no adheridos al acuerdo de refinanciación; la intervención no presencial mediante correo electrónico; intervenciones con base en poderes extranjeros no apostillados ni debidamente legalizados; intervención sin la debida consignación del documento (falta de reseña y de juicio de suficiencia) en algunas adhesiones realizadas a través de la empresa Lucid Issuer Services Limited y adhesiones de acreedores que pudieran ser administradores de hecho de las sociedades del grupo.

En ese sentido, según la demanda, los acreedores de la financiación no ostentan la condición de acreedores de las sociedades garantes. La consideración de pasivos financieros dada a estos “supone una clara dilución de los verdaderos acreedores financieros de las citadas entidades garantes, que se han visto arrastrados por la mayoría impuesta por los acreedores garantizados, de importe muy superior a los pasivos financieros reales”. En este paquete incurre el 8,85% de los acreedores.

En cuanto a la intervención sin la debida consignación, destaca que en el documento notarial de la póliza se recoge la comparecencia y firma de Victor Bernard Marie Parzylagla en representación de la empresa Lucid, que interviene en nombre de 22 entidades, que representarían un importe de más de 2.680 millones de euros (un 25,60% del total). Pero “esa adhesión adolece de la reseña de los poderes aportados y del juicio necesario de suficiencia de las facultades de representación de Parzylagia”. Es decir, estaría viciada de nulidad.

Sobre los poderes extranjeros, la demanda sostiene que no tiene la debida apostilla ni legalización, es decir sin la correspondiente apostilla de La Haya que, a su juicio, debe llevar incorporada por exigencia del Convenio de 5 de octubre de 1961 que se firmó en dicha ciudad holandesa. Entre las firmas involucradas aparecen Nomura, Natixis y Trinity Investments. En total, incurren en esta irregularidad el 2,08%.

Intervención no presencial

Sobre las intervenciones no presenciales mediante correo electrónico, la demanda afirma que es nula y no puede haber adhesión “porque es imposible el juicio de identidad, capacidad y suficiencia de las facultades de quien no comparece”. En este punto incurre el 9,12%. Es decir, entre una cosa y otra, un total del 45,64%, cuya adhesión es nula, según la demanda, lo que dejaría en un 29,40%, lejos del 60% exigido.

En opinión de los bonistas, la colocación de las obligaciones de Abengoa por parte de las entidades financieras a sus clientes pudo servir de mecanismo de reestructuración de la deuda. Se basan para ello en que los últimos años la deuda de Abengoa con bancos se vio reducida en 1.000 millones a costa de incrementar el importe de las obligaciones por idéntica cantidad. De esa forma, los bancos habrían reducido el riesgo colocando títulos con una rentabilidad muy superior a la de su propia deuda.