Economía anticipa una recuperación más sólida a partir de 2015

Bruselas ya no espera ni a que se aprueben los Presupuestos. Las cuentas de 2014 estrenan una nueva regulación, que obliga a enviar a la Comisión los proyectos presupuestarios, antes incluso de que pasen por los parlamentos, para evitar desvíos en el ajuste del déficit. Un trámite que el Gobierno de Mariano Rajoy aprovechó para volver a revisar al alza sus previsiones de crecimiento, en este caso, las de 2015 y 2016.

En los documentos remitidos ayer a Bruselas, el Ministerio de Economía pronostica que el PIB crecerá un 1,2% en 2015, tres décimas más que lo que anticipó en abril (0,9%). Para 2016, el crecimiento se situaría en el 1,7%, frente al avance del 1,3% que estimaba hace cinco meses para ese año. Economía no justifica los motivos de esta revisión al alza, aunque operan aquí las mismas razones que le llevaron a mejorar la predicción de crecimiento en las cuentas de 2014.

El Gobierno se amparó en el pacto con Bruselas para graduar el ajuste presupuestario, en la mejora de las condiciones financieras (que debe mucho al Banco Central Europeo) y, también, en el resultado de sus reformas, para incorporar un pronóstico económico algo más favorable al proyecto de Presupuestos del próximo año. Las cuentas de 2014 se han elaborado con la previsión de que el PIB se incrementará en un 0,7%, frente al retroceso del 1,3% que se anticipa para este año. En el programa de estabilidad de abril, la previsión para 2014 limitaba el crecimiento al 0,5%.

Esta nueva revisión al alza de las previsiones económicas indican que el Gobierno anticipa una recuperación más sólida a medio plazo. Sin embargo, no hay aún estimaciones de cómo afectará ese mejor pronóstico al empleo a partir de 2015. En el proyecto de Presupuestos para 2014, la mínima revisión al alza del crecimiento económico se tradujo en una disminución apreciable de la tasa de paro prevista, del 26,7% al 25,9%, aunque aquí lo que más pesa es la caída de la población activa.

El mayor crecimiento no impide que la deuda pública y el gasto en intereses siga aumentado. El endeudamiento de las Administraciones españolas, ahora en el 92%, llegará al 101% del PIB en 2015. El Ejecutivo cree que esa proporción disminuirá, de modo casi imperceptible, en 2016, un cambio de tendencia muy conveniente: Rajoy se comprometió en la última cumbre del G20 a empezar a reducir la deuda pública precisamente en 2016, tras incumplir su promesa anterior, que fijaba esa frontera en 2014.

Una factura sin precedentes por los intereses

El apreciable incremento de la deuda pública (pesan los déficits presupuestarios, pero también el rescate a la banca o las inyecciones de liquidez a comunidades y ayuntamientos) compensa de sobra la mejora en las condiciones financieras, que llevaron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a considerar el pago de intereses “asimilable”. De hecho, con las nuevas proyecciones, el gasto de todas las Administraciones (el 90% corresponde al Gobierno central) por esta partida rondará los 45.000 millones en 2016, una factura sin precedentes.

El pago de intereses se sitúa así en el 4,1% del PIB, una proporción que no se alcanzaba desde finales de los años noventa del siglo pasado. La diferencia estriba en que, entonces, el nivel de deuda pública no llegaba al 70% del PIB, lo que encarecía la factura era el alto coste de las emisiones, en las que el Tesoro tenía que pagar más del 10% en intereses, el doble que ahora. En sentido contrario, las cifras actuales revelan que las cuentas públicas españolas son mucho más vulnerables a cualquier nuevo empeoramiento en las condiciones financieras.

El nuevo Plan Presupuestario deja, además, una certeza y una incógnita. La certeza es que el Gobierno apuesta por sacar adelante la reforma de las pensiones como está, lo que implicaría resolver el desequilibrio del sistema a costa del poder adquisitivo de los pensionistas, a los que solo se subiría las prestaciones un 0,25%. La incógnita es si el Gobierno cumplirá la promesa de eliminar el recargo al IRPF en 2015. En el plan remitido a Bruselas, no se incluye el descenso en ingresos que tal medida implicaría. Hacienda sostiene aún que la decisión se integrará en la reforma fiscal que debe revelar en 2014.