El ‘banco malo’ tendrá hasta 15 años para vender los activos tóxicos y ser rentable

El Gobierno no deja de insistir en que la reforma financiera no costará dinero público, pero con respecto al banco malo, la sociedad gestora que comprará los activos más dañados de la banca para sanearla, el Ejecutivo baja el tono y habla más bien de “minimizar” la carga para el contribuyente. Porque la recuperación de la inversión pública dependerá de la capacidad de este nuevo ente de obtener beneficios y no existe empresa alguna capaz de asegurar algo así.

Esa sociedad tiene el objetivo de vender el lastre del ladrillo de las entidades rescatadas en un plazo de 10 a 15 años y tendrá una participación del Estado máxima del 50%. El resto de las acciones se colocará entre inversores privados, para lo que el Gobierno abre la puerta a incentivos públicos. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), nutrido por las aportaciones de bancos y cajas para cubrir a los ahorradores, podría entrar en el accionariado. “Los incentivos fiscales no están contemplados en el decreto, pero es una cuestión que está abierta”, señalaron este viernes fuentes del Ministerio de Economía.

De hecho, en la normativa aprobada en mayo el Ejecutivo ya contemplaba la posibilidad del algún tipo de apoyo. “El producto se diseñará con el suficiente atractivo, con perspectiva de rentabilidad, para que haya inversores privados”, añadieron las mismas fuentes. El “mal llamado banco malo”, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, absorberá probablemente los activos adjudicados por impago de deuda (pisos y suelo) y los créditos problemáticos ligados al promotor, que son “lo más tóxico del sector”, según Guindos.

El diseño final se concretará en un reglamento —en el que Europa tiene mucho o casi todo que decir—, pero el tamaño del ente será considerable: hay 180.000 millones en activos problemáticos inmobiliarios en todo el sector y buena parte pertenece a las entidades que necesitan ayudas. Guindos recalcó que el traspaso de activos a esta sociedad será “a precios adecuados” para que pueda venderlo en el mercado sin perder dinero en un plazo de entre 10 y 15 años. “Será una sociedad gestora rentable y que no tenga pérdidas”, recalcó, e insistió en “minimizar el impacto al contribuyente”. Están previstos apoyos financieros para los compradores de esos activos.

El precio de traspaso es clave porque el banco malo compra activos cuyo precio actual en el mercado es muy inferior al que figura en los balances de los bancos, debido al pinchazo del ladrillo. Si los compra caros, puede perder dinero al intentar venderlos, y si los compra baratos, sufrirán las cuentas de la entidad.

Guindos señaló la ventaja de que “los activos de los bancos ya están muy provisionados [es decir, las entidades ya han reservado dinero para cubrir la pérdida], con lo que el precio de compra podrá ser reducido” sin perjudicar al sector. En el caso del suelo, por ejemplo, se ha provisionado el 80% del crédito. Así, si el proceso de venta de estas sociedades dura de 10 a 15 años, el Gobierno cree que hay margen para que la situación económica y el mercado inmobiliario se recuperen y evitar las ventas a pérdida.

El traspaso de activos es obligatorio para las entidades que reciban ayudas, así que las primeras en hacerlo serán las nacionalizadas (Bankia, Catalunyacaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia). Estas no pueden entrar en el accionariado del banco malo porque contabilizarían como públicas. El decreto señala que, además del fondo de rescate bancario (FROB), pueden entrar como accionistas el FGD, las entidades de crédito, otras entidades financieras, firma de inversión u otros inversores institucionales.

Pérdidas para las preferentes

La pérdida de las inversiones de los dueños de participaciones preferentes es un punto muy sensible de la reforma, ya que se trata de un producto de inversión muy complejo (paga intereses más altos que un depósito, pero supone una inversión a perpetuidad) pero en España se vendió a clientes particulares que en muchos casos carecían de la cultura financiera necesaria para entender el producto en el que estaban colocando sus ahorros. La banca española en total ha vendido casi 30.000 millones en preferentes desde 1999.

En este sentido, Santamaría ha señalado que "se han tomado decisiones de calado" para proteger a los inversores de cara a futuro, "visto el perjuicio causado en el pasado". La nueva ley establece que la forma de comercialización de estas preferentes permita al cliente "saber en lo que está invirtiendo de verdad" e incluso reservar una parte a público profesional exclusivamente. En concreto, el decreto señala que el umbral mínimo para invertir en preferentes y deuda subordinada serán 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas, y de 25.000 euros, en el de las cotizadas. Además, el porcentaje de colocación entre instituciones será del 50% del total de la colocación.

En los contratos de deuda subordinada de las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) no está contempladas estas pérdidas en caso de recibir ayudas públicas, pero con la reforma financiera hoy aprobada el fondo de rescate bancario español sí puede aplicar esas pérdidas.