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JUSTICIA

La Audiencia Nacional deniega la extradición de 'Superlópez' a Estados Unidos

Los delitos por los que está reclamado el industrial vasco, robo y revelación de secretos de empresas, no son lo suficientemente graves para justificar "la entrega de un nacional", según el auto

La Audiencia Nacional ha decidido hoy no conceder la extradición a Estados Unidos del industrial vasco José Ignacio López de Arriortúa, acusado de un supuesto delito de espionaje industrial, robo y revelación de secretos tras su paso de la multinacional estadounidense General Motors a la alemana Volkswagen.

La Audiencia Nacional entiende que los delitos por los que está reclamado el industrial vasco, también conocido como Superlópez, no son lo suficientemente graves para justificar "la entrega de un nacional".

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Así lo acuerda la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia en un auto en el que recuerda también el accidente de tráfico que sufrió López de Arriortúa en 1998 "a consecuencia del cual todavía padece secuelas graves que le incapacitan absolutamente para cualquier actividad laboral".

Superlópez, de 60 años, había presentado informes médicos que señalaban que, tras el accidente, que le hizo permanecer tres meses en coma, no se encuentra capacitado para afrontar un juicio porque sufre trastornos en su personalidad y tiene lagunas de memoria.

A esta opinión se oponía la del psicólogo americano que lo examinó a instancia de las autoridades de EE UU.

Otros de los motivos que señala la Sala para denegar la entrega son que la demanda de extradición ha tardado casi siete años en formularse, cuando el plazo de la prescripción del delito en el que se basa la reclamación es tan sólo de cinco años, y además, la existencia de un acuerdo entre General Motors y el grupo Volkswagen, "cuyos efectos también se extenderían al reclamado"

La petición de extradición se basaba en la acusación de un gran jurado de Detroit (Michigan) en la que aparecen seis imputaciones contra el industrial, entre ellas la de fraude y transporte interestatal de propiedad robada, que en la legislación española equivalen a los delitos de apropiación indebida o robo y revelación de secretos.

ULY MARTIN

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