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domingo, 5 de febrero de 2012
Reportaje:CORRUPCIÓN

Socios del exclusivo 'fondo de reptiles'

La Junta de Andalucía invirtió durante una década cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a empresas en crisis. Una cohorte de amigos, familiares y militantes del partido socialista se aprovecharon de un sistema opaco que propició corrupción y despilfarro

El Pedroso, situado en la Sierra Norte, a 68 kilómetros de Sevilla, ha perdido a su primer director general, al vecino que más alto ha volado en esta localidad de casas blancas, cuestas empinadas y 2.200 habitantes dedicados a la agricultura y la ganadería. Francisco Javier Guerrero Benítez, de 55 años, ex director general de Trabajo y Seguridad Social en la Junta de Andalucía, no aparece por su casa desde hace semanas. Su exchófer le acusa de gastar decenas de miles de euros en fiestas, alcohol y cocaína. La juez Mercedes Alaya le ha imputado por conceder ayudas ilegales a decenas de trabajadores e incluirlos en empresas en las que nunca trabajaron, por repartir sin ningún control cientos de millones a compañías en crisis. En la larga cohorte de intrusos, al menos 72, y favorecidos está su suegra, amigos, vecinos, militantes del PSOE y sindicalistas de UGT.

Alejandro Millán, electricista (455.508 euros): "Me consiguió una renta y me dio la vida. Es más que un amigo"

Victorina Martín, suegra de Guerrero (198.876 euros): "Necesitaba ayuda. Venía muy estresada del País Vasco"

Juan Francisco Trujillo, chófer (900.000 euros): "La mayor parte del dinero lo gasté en cocaína para los dos y en fiestas"

María Ángeles Navarro, exmujer del director general de Trabajo: "Estuvimos 25 años casados. No le reconozco"

Isidoro Ruz, exalcalde (450.000 euros). Su ayuda, destinada a una empresa avícola, acabó en empresas hoteleras

Cristina Ruiz a Guerrero: "Gracias por la ayuda que ofreces a mi padre (91.196 euros). Eres una bellísima persona"

Guerrero, casado en segundas nupcias y padre de tres hijos, no era un tipo discreto, pero ahora se ha recluido en el apartamento de un amigo hasta que pase el temporal. Su última salida fue para declarar ante la Guardia Civil e implicar a los tres consejeros de Empleo con los que trabajó: "Estaban al tanto de las ayudas". Pero la tormenta, lejos de amainar, se ha transformado en un tornado que amenaza con arrasar al Gobierno andaluz, a pocas semanas de las elecciones autonómicas, para el que este hombre trabajó durante 10 años manejando a su antojo un "fondo de reptiles" -así lo denominó él mismo- de 647 millones de euros para empresas en crisis. Una cifra que se ha disparado hasta los 1.000 millones por los altos intereses que cobraron intermediarios y aseguradoras.

La juez Alaya ha imputado a 48 personas, entre ellas, a los dos sucesores de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, e investiga a una "trama organizada" en la que han intervenido intermediarios, empresarios, aseguradoras y responsables de la Junta de Andalucía que beneficiaban con dinero público a personas y empresas "por motivaciones de amistad, de compromiso político... a círculos próximos al PSOE o por razones familiares". "Enormes sumas de dinero que presuntamente se regalaron arbitrariamente y sin control por la Administración autonómica", asegura. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción rastrean supuestas cuentas del ex director general en paraísos fiscales.

El electricista Alejandro Millán Torres, de 53 años, sufrió una cardiopatía isquémica en 2005 y le fue reconocida una minusvalía y una pensión de 545 euros. Vivía en la misma casa que Guerrero en El Pedroso y logró una ayuda de 455.508 euros con la que se ha comprado una preciosa vivienda de 120 metros, dos plantas y patio en el pueblo, además de reformar su piso en Sevilla. ¿Formalizó usted por escrito solicitud de ayuda o prestación económica a la Consejería de Empleo o a algún organismo de la Administración pública que diera como resultado las cantidades recibidas?, le preguntó la juez Mercedes Alaya, que investiga las actividades de Guerrero. "Ninguna", respondió lacónico el vecino de El Pedroso.

"Vino a interesarse por mi estado. Le pedí ayuda. No teníamos una relación de amistad. Me consiguió una renta, me dio la vida y lo considero más que un amigo. No me planteé que fuera ilegal porque me la estaba ofreciendo un alto cargo de la Junta de Andalucía. Me llamaron de la Consejería de Empleo para firmar la póliza. Mi sorpresa fue cuando vi la cantidad. Pensé que se estaba haciendo justicia", declaró en el juzgado, donde reconoció su antigua militancia en la agrupación del PSOE en El Pedroso, un pueblo con 279 parados, el 11,16%, lo que supone una tercera parte de la tasa de Andalucía (31,23%).

Millán había trabajado 33 años como oficial de primera y encargado de una empresa de electricidad, "metiendo hilos, cables, subiéndose a postes", hasta que perdió su empleo tras sufrir el infarto. Después de cobrar la "ayuda" que le ofreció Guerrero, se dio de alta como autónomo, creó una empresa con su cuñado que, según dice, tiene cuatro empleados y factura unos 240.000 euros anuales. "Cobraba 500 euros al mes y pagaba 300 de hipoteca. Tenemos dos hijos. Pensaba que todo era legal", dice su esposa, con lágrimas en los ojos, en la puerta de su piso en Sevilla, una casa de unos 70 metros cuadrados.

En la misma póliza con la aseguradora Fortia que firmó el electricista estaba Antonio Arquero García, otro vecino de El Pedroso que tuvo el privilegio de recibir las ayudas de su "amigo" Guerrero sin haber tramitado ninguna petición a la Junta de Andalucía. El exminero Arquero pensó que sus 449.981 euros eran "por haber sido afectado por radiaciones por su profesión", aunque la incapacidad absoluta que le han reconocido es por una enfermedad ajena a su trabajo. Dedicó el dinero a pagar la hipoteca de su casa en Sevilla y arreglar su vivienda en el pueblo.

Guerrero fue alcalde socialista de El Pedroso y cuando accedió a la Dirección General de Trabajo no olvidó a sus vecinos preferidos. Tras maratonianas jornadas de trabajo, viajes por toda Andalucía, negociaciones con empresas, sindicatos y trabajadores, Antonio Trujillo, su fiel chófer, dejaba a su jefe cada noche en la puerta de su casa en El Pedroso. El coche oficial se detenía en el restaurante El Cruce, donde cenaban juntos y tomaban las últimas copas. "Es el mejor cliente que he tenido y una buena persona", dice su dueño.

Guerrero citaba en su casa de El Pedroso a sus "criaturas necesitadas", a los amigos, compañeros de partido o vecinos que le abordaban en los bares del pueblo mientras tomaba el último gin-tonic. Les pedía que le llevaran su expediente de vida laboral y pronunciaba la frase mágica: "Tenemos ayudas. Tráeme tus papeles". Allí firmó su póliza de 113.480 euros Andrés Carrasco Muñoz, de 63 años, churrero del pueblo y amigo de la infancia. "Le pedí trabajo porque me separé de mi mujer y quedé con la custodia de mis tres hijos. Me ofreció acogerme a una ayuda de un fondo de pensiones. Le pregunté si era legal y me dijo que sí, que estuviera tranquilo, que no tuviera miedo de nada", explicó a la policía. "Mi padre no tiene nada que decir. Ya se defenderá en los tribunales", responde uno de sus hijos desde el balcón de su casa, un sencillo piso de protección oficial de 70 metros a las afueras del pueblo.

Rafael Rosendo Villavieja, alcalde socialista de El Pedroso durante 17 años y concejal otros 9 más, logró también su póliza de 112.900 euros. Pese a llevar 26 años dedicado a la política municipal, asegura que no se preguntó cómo la Junta de Andalucía le otorgó ese dinero sin tramitar ninguna ayuda y le incluyó en el ERE de Cydeplast, empresa para la que no había trabajado. Su hijo José Enrique, exconcejal socialista, recibió cerca de 12 millones de euros del fondo de reptiles concedidos por Guerrero a su empresa (Matadero de Sierra Morena). Una lluvia de millones sin justificación.

Manuel Meléndez, de 38 años, el alcalde del Partido Andalucista que acabó con 30 años de hegemonía socialista en El Pedroso, asegura que los Rosendo, padre e hijo, fueron los más beneficiados del pueblo "pese a que intentaron derribar a Guerrero de la alcaldía mediante una moción de censura". "Hoy todo el mundo le ha dado la espalda, pero es amigo mío. Los que ahora le niegan han comido y bebido en su casa. Tenía alrededor un séquito. Todo el mundo le adoraba. Llegaba a un bar y todos estaban a su disposición. Le han sacado la hiel. No me creo que un director general pueda manejar tanto dinero solo", afirma Meléndez en su despacho de la alcaldía.

Juan Francisco Trujillo, de 43 años, es la persona que más tiempo ha convivido con Guerrero. Nueve años al volante del coche oficial en el que viajaba el director general de Trabajo y Seguridad Social recorriendo decenas de empresas en crisis por casi todos los rincones de Andalucía. Miles de kilómetros y de confidencias. "Lo recogía a las siete de la mañana y la noche anterior podíamos haber terminado a la una de la madrugada", recuerda ahora recluido en su casa de Andújar (Jaén). Jornadas agotadoras que, según su declaración judicial, ambos compatibilizaban con noches de alcohol y cocaína comprada con los 900.000 euros que otorgó a su conductor en dos subvenciones. "Bebía como un cosaco sin perder la compostura. Hablaba con todo el mundo, se sentía querido y admirado. Sabía tratar a la gente", recuerda una de las personas que lo trató en Sevilla y que pide el anonimato.

El chófer recibió dos subvenciones de 450.000 euros supuestamente para la creación de una empresa de muebles y un negocio de casas rurales en la sierra de Andújar, pero ninguna de ellas se creó. Con el dinero compró un terreno en el campo y un piso en Sevilla. El resto se lo entregó en mano a su jefe y lo gastó en comprarle un piano, antigüedades y ropa. "La mayor parte del dinero la dediqué a comprar cocaína para los dos, para fiestas y copas", declaró a los policías de Andújar que le tomaron declaración hace varias semanas. "Entablamos amistad y un día me contó en un bar de copas que, como director general, tenía potestad de conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada", explicó.

María Ángeles Navarro, exesposa de Guerrero, dirige con sus hijos una gestoría en El Pedroso y se sorprende por el retrato que el chófer ha dibujado de su antigua pareja. "Este no es el Javier que yo conozco. Hemos estado 25 años casados y no lo reconozco. Entonces no faltó ni una sola noche en casa, no salía de juerga ni con amigos. Hacía una vida tranquila y familiar. Desde que nos separamos no sé nada, aunque a veces nos encontramos en el pueblo y nos saludamos".

¿Qué le parecen las ayudas que ha dado? "Solo puedo hablar con respeto de él porque es el padre de mis hijos. Cuando era alcalde, discutíamos porque quería ayudar a todo el mundo, pero con nuestro dinero. Siempre decía: 'Nosotros ya tenemos para comer'. Es la última persona que pensaría que metería la mano en la caja. Cuando me dijeron que salía en la portada de los periódicos de Sevilla, no lo podía creer".

Guerrero benefició también a sus familiares y a los de sus amigos más íntimos. Aprovechó el ERE de la empresa SOS-Cuétara para incluir en la lista de los beneficiarios de pólizas a su suegra, Victorina Madrid, la madre de su segunda esposa ("Venía muy estresada del País Vasco por el tema de ETA", alegó), y a la madre de Trujillo, su chófer, confidente y compañero de juergas. La suegra cobraba de dos pólizas suscritas con la compañía Vitalicio y Personal Life a cargo del fondo de reptiles y que ascienden a 198.876 euros. A la segunda le dio una ayuda de 122.000 euros con cargo a otra empresa. Eran "criaturas necesitadas" a las que había que ayudar, argumenta Guerrero.

¿Cómo pudo un director general manejar un fondo de 647 millones de euros para empresas en crisis a su antojo y sin ningún control? La respuesta está en la firma en 2001 de un convenio de colaboración entre el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y Antonio Fernández, presidente del Instituto de Fomento de Andalucía. Una herramienta que daba a Guerrero libertad para manejar el dinero a su antojo. Tanta libertad y tan obvia que la Intervención General de la Junta emitió desde 2005 informes en los que denunció que la Dirección General de Trabajo había "tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de la forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". "No conozco esos informes. Llegaban al consejero y no me los trasladaban", se ha excusado Guerrero en su declaración a la Guardia Civil.

¿Qué control había de las ayudas directas dadas por la Junta a las empresas? "Yo visitaba la mayoría de las empresas. El control de las ayudas a posteriori lo hacíamos por contacto telefónico", responde el ex director general. La sorpresa es que algunas de esas empresas nunca llegaron a tener actividad porque eran humo, otras echaron a trabajadores para luego contratar más y hasta hubo empresarios beneficiados que cerraron sus compañías. Y algunas invirtieron la ayuda en otros negocios, como Isidoro Ruz, exalcalde de Llanos del Sotillo (Jaén) y socio del chófer de Guerrero, que recibió una subvención de 450.000 euros destinados a una empresa avícola, pero el dinero acabó en negocios hoteleros. Más de 300 compañías recibieron ayudas directas con cargo al oscuro fondo de reptiles. Entre ellas, empresas del sector del corcho vinculadas a un hermano del expresidente del Ejecutivo andaluz José Rodríguez de la Borbolla. Les tocaron 7,8 millones. "Ese convenio buscaba cumplir uno de los ejes de la política del Gobierno andaluz, el mantenimiento de la paz social y la ayuda a territorios deteriorados", asegura ahora Guerrero.

De los 647 millones de euros consignados en el fondo de reptiles, Guerrero destinó 65 millones a 121 expedientes de subvenciones directas, de un total de 584 (entre ERE y ayudas directas), según datos de la agencia IDEA, la que pagaba las ayudas La lluvia de millones repartidos sin control llegó también a Ayuntamientos, la mayoría de Sevilla. "Cada uno de los consejeros y directores generales beneficiaba a sus empresarios más cercanos. Cuando estaba José Antonio Viera, las ayudas iban a Sevilla y Jaén; con Antonio Fernández, a Cádiz; con Juan Márquez, a Huelva", acusa Luis García Navarro, el abogado que presentó la querella del PP andaluz.

Un auto de la juez Alaya no puede ser más taxativo: "Se ha estado prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo adecuado, que no es otro que el de la subvención excepcional, otorgándose además por una persona, el director general de Trabajo, que carece de competencia para ello".

Cuando una empresa tenía problemas en Andalucía, la nariz de Juan Lanzas, de 42 años, exsecretario de organización de UGT en esa comunidad, asomaba por las mesas de negociación. Este jiennense jugaba en todas las mesas con cartas marcadas, asesoraba a los sindicatos, a las empresas, y trabajaba como comercial de las aseguradoras, las grandes beneficiadas de los ERE. Cobraba sus servicios a unos y otros y recibió dinero de tres pólizas diferentes sin haber trabajado en ninguna empresa. Cuando le interrogó la policía, alegó que ese era el sistema de pago de Vitalia Vida y Fortia, bróker y aseguradora para las que trabajó. La primera colocó a la mayoría de los intrusos.

La actividad de Lanzas levantó ampollas. "Conocíamos su habilidad para la negociación, pero desde que se dedicó a la actividad privada tuvimos problemas con él y con la Junta porque le admitían ese papel", asegura Manuel Pastrana, actual secretario general del sindicato. Lanzas extendió el negocio y la trampa a su familia. Colocó de intrusas en Hitemasa a su mujer y a su cuñada. La empresa de su cuñado Ismael Sierra, Maginae Solutions, elaboró falsos informes fantasma para empresas. "Este vivo cobra de todos lados. Se está haciendo de oro", comentaban en privado algunos de sus compañeros en el sindicato. Pero ninguno le denunció. "No sabíamos lo que había detrás. Es inadmisible. Hemos expulsado a los militantes que se han beneficiado y queremos que se llegue hasta el final", dice Pastrana. El sindicato ha expulsado a los militantes implicados y a una trabajadora que también apareció como intrusa.

"Lo que pensáis, lo vemos, contestáis como queráis. ¿Ciento cincuenta mil en seis meses?". El escándalo de los ERE lo destapó la grabación que dos empresarios hosteleros hicieron a Fernando Mellet, de 47 años, exdirector de la empresa pública Mercasevilla, cuando este les pedía supuestamente comisiones. Unas palabras que luego la policía descartó por la escasa calidad de la cinta, pero que sirvieron para abrir una investigación en esta empresa y descubrir la presencia de los primeros intrusos prejubilados, como Antonio García Santoyo, exdirigente del PSOE en Jaén.

Mar Moreno, consejera de Presidencia de la Junta, asegura que desde que estalló el escándalo del ERE en Mercasevilla y se descubrió la existencia de intrusos, el Gobierno de José Antonio Griñán se personó como acusación y ha puesto a investigar a "funcionarios de carrera" todas las ayudas. A los receptores de las ayudas irregulares se les ha exigido su devolución. "Queremos que se llegue hasta el final. Caiga quien caiga. Que salga la verdad, lo que sea", afirma. ¿Y el convenio que facilitó esa falta de control? "Nació para dar respuesta a empresas en crisis que generaron mucha conflictividad. Exigían una respuesta inmediata y ágil", dice. Hoy, más de 6.000 trabajadores reciben en Andalucía ayudas para su prejubilación.

"Gracias por la ayuda que te ofreces a dar a mi padre. Aún no sé en qué consistirá, pero tanto él como yo te lo agradecemos de corazón, salga o no. Eres una bellísima persona, lo supe desde que te conocí", escribió Cristina Ruiz, candidata del PP cordobés y gerente de la empresa de muebles Promi, uno de los ERE con intrusos, a su amigo el director general de Trabajo. Y Guerrero no falló. Rafael Ruiz recibió 91.196 euros -

Incumplimiento "flagrante" de la ley

El sistema empleado por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía para las ayudas a empresas en crisis propició el fraude y la falta de control. El dinero procedía del denominado programa 31L de los Presupuestos de la comunidad autónoma y se otorgaba como subvenciones excepcionales a las compañías en apuros o en proceso de reestructuración.

Ninguna de las ayudas se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que, según un informe policial remitido a la juez Mercedes Ayala, significa un "incumplimiento flagrante" de lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía. No consta en los expedientes analizados ninguna solicitud de ayuda de empresas, trabajadores o Ayuntamientos beneficiados.

El nuevo método tiene su base en la firma de un convenio o protocolo suscrito el 17 de julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Con la firma de este convenio se consiguió que la entidad pagadora fuera esta última, es decir, el IFA, y no la Consejería, evitando de esta forma los controles y la fiscalización a la que obligan los actos administrativos.

Para financiar el sistema, la Consejería de Empleo incluyó en sus presupuestos entre 2001 y 2009 partidas presupuestarias denominadas "transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA" por un monto de 647.869 millones de euros. La materialización de las ayudas obligaba a la celebración de convenios particulares entre el IFA y el director general de Trabajo y Seguridad Social.

Las ayudas se daban a empresas en crisis, más de 300, cuyos ERE financiaba la Junta, o directamente a Ayuntamientos para diversas actividades y proyectos. La mayoría de las ayudas quedaban por debajo de 450.000 euros para evitar pasar el control del Consejo Rector del IDEA, sustituto del IFA, o al borde de 1.200.000 euros, límite para que las apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta. En ocasiones se quedaban a decimales para sortear estos controles.

Según la investigación judicial, en el caso de los ERE el proceso seguía los siguientes pasos. Cuando surgía un conflicto el comité de empresa llegaba a un acuerdo con la compañia, de inmediato aparecía la figura del mediador entre comité y empresario por un lado y la Junta de Andalucía por otro (Maginae Solutions, Hermes Consulting, Juan Lanzas...), brókeres y aseguradoras (Uniter SL, Vitalia Vida) encargadas de gestionar las pólizas, Una vez aprobado el ERE por la autoridad laboral, alguno de los intermediarios o responsables de la Consejería de Empleo ofrecía a la empresa la posibilidad de que fuera la Junta de Andalucía la que sufragara los gastos que conllevan las prejubilaciones mediante el pago de primas de las pólizas de seguros de rentas que se suscribían.

Gracias a los intermediarios, las compañías mediadoras (Vitalia Vida, Uniter...) recibían la relación de trabajadores e incluían a los intrusos, personas que nunca habían trabajado allí. En ocasiones a solicitud del propio Francisco Javier Guerrero.

De izquierda a derecha, Guerrero, exdirector de Trabajo; Lanzas, exdirigente de UGT; Mellet, exdirector de Mercasevilla, y Rivas, exdelegado de Empleo de Sevilla. Los cuatro están imputados en el caso de los ERE y Mercasevilla.

El exdirector General de Trabajo de la junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, implicado en el caso de los ERE. / J. A GARCÍA CORDERO

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE, el pasado 17 de noviembre. / GARCÍA CORDERO

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