Botella investiga si funcionarios usaron recursos públicos para fines privados

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación sobre el presunto uso privado de recursos públicos llevado a cabo por funcionarios del departamento de control del tráfico. Según la denuncia investigada, varios técnicos del área de Circulación emplearon presuntamente para fines particulares coches puestos a su disposición por las empresas encargadas del contrato de gestión de los semáforos. Esos vehículos debían usarse para realizar inspecciones o acudir a incidencias y reparaciones de semáforos. En su lugar, los funcionarios los empleaban para ir y volver a casa, o para hacer gestiones de todo tipo entre diario. Y no solo. Además, se los llevaban presuntamente los fines de semana, y hacían con ellos excursiones y viajes de larga distancia. La gasolina, los peajes y las frecuentes multas de aparcamiento que recibían corrían, siempre según la denuncia investigada ahora oficialmente, de cuenta de las empresas adjudicatarias del contrato de semáforos.

El 'número dos' de Pedro Calvo conocía las irregularidades, según la denuncia

Fuentes oficiales del Ayuntamiento han señalado que, "dada la gravedad de los hechos" denunciados, "de forma inmediata se va a proceder a llevar a cabo una información e investigación previa a través de la Inspección General de Servicios". "Una vez culmine, se propondrá, en su caso, la incoación de expedientes disciplinarios si en el curso de la actividad inspectora se detectaran indicios racionales de responsabilidad, o el traslado al ministerio fiscal de cuantos hechos pudieran ser susceptibles de derivar en responsabilidad penal".

El área de Seguridad del Ayuntamiento, que en la fecha de los hechos denunciados dirigía el concejal Pedro Calvo al mando del entonces regidor, Alberto Ruiz-Gallardón, licitó en junio de 2005 un contrato para "la gestión y explotación integral del sistema automático de control y regulación del tráfico", por cuatro años y 48.136.395 euros. Se dividió la ciudad en tres zonas: una, el interior de la M-30 (20.698.651 euros); dos, la zona exterior en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San Blas y Barajas (15.885.008 euros); y tres, la zona exterior en Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas (11.552.736 euros).

El contrato se adjudicó en agosto a las ofertas "más ventajosas económicamente". La zona uno y tres, a una unión temporal de empresas denominada Etramad (integrada por Electronic Tráfic, Imes, y ETRA Catalunya). La zona dos, a Telvent Tráfico y Transporte (que entonces formaba parte del grupo Abengoa, y fue comprada en septiembre de 2011 por la francesa Schneider).

Este contrato fue prorrogado en junio de 2009 por un año, a razón de 12.192.722 euros; y por otro más en septiembre de 2010, por 12.580.627 euros. En total, el Ayuntamiento abonó por seis años 69.998.022 euros. En diciembre de 2011 entró en vigor un nuevo contrato (dos años y 24.267.127 euros), que ganaron Telvent Tráfico y Transporte (zonas una y dos) y SICE (zona tres).

Las irregularidades denunciadas se generalizaron con el nombramiento como director general de Movilidad de Pedro Ayuso, en julio de 2007. Ayuso fue sustituido en junio de 2011 por Miguel Ángel Rodríguez, y ahora está al frente del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (el organismo municipal que forma a bomberos y policías). En su etapa al frente de Movilidad, contó con Rafael Morán como subdirector (sigue en el cargo).

Entre 2007 y 2011 fueron varios los funcionarios que hicieron uso de varios vehículos de Etramad para labores diferentes de las estipuladas, entre ellos responsables del departamento técnico de tráfico, que emplearon varios automóviles que la concesionaria iba suministrando y renovando periódicamente (para tareas ligadas a su contrato) en sus viajes de ida y vuelta de casa al trabajo.

Entre los funcionarios investigados se cuentan varios responsables de gestión de Movilidad y de Tráfico, y de regulación de Circulación. Uno de ellos llegó incluso a colocar en los vehículos sillitas para el transporte de sus hijos de corta edad.

Etramad conocía presuntamente estas irregularidades, puesto que recibía gastos de gasolina y multas fuera del horario de servicio de los vehículos, e incluso debía abonar peajes en fines de semana y en otras provincias. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el responsable de servicio de Etramad en esas fechas, Antonio García Matas, que ha declinado hacer comentarios. Su gerente, Jesús Manzano, no ha devuelto la llamada. Telvent tampoco respondió.

Según la denuncia investigada por el Ayuntamiento, el subdirector general de Circulación, Rafael Morán, conocía estas irregularidades. También Javier Conde, director general hasta junio de 2007 y en la actualidad coordinador general de Economía y mano derecha de Pedro Calvo en esta área de Gobierno; y Miguel Ángel Rodríguez, director general de Gestión y Vigilancia de Circulación desde junio de 2011. Sin embargo, las irregularidades se han mantenido hasta la finalización del contrato el pasado mes de diciembre.