Los partidos griegos apoyan al Gobierno en el nuevo rescate

Grecia amenaza con irrumpir como elefante en cacharrería en el Consejo Europeo de Bruselas, y de paso dinamitar casi todos los intentos de conjurar su anunciada bancarrota. Al suspense en que se han instalado las negociaciones sobre la quita voluntaria de la deuda y, en paralelo, la eventual concreción del nuevo rescate (valorado entre 130.000 y 145.000 millones de euros, según las fuentes) se suma el rechazo del establishment griego a cualquier supervisión europea de su economía a través de un comisario con plenos poderes sobre los presupuestos, como propuso el sábado la canciller alemana, Angela Merkel.

La iniciativa germana, que también contempla destinar la recaudación fiscal al pago de la deuda, es "completamente inaceptable", manifestó ayer el portavoz del Gobierno de Atenas, Pantelis Kapsis. El presupuesto es "sujeto único y exclusivo de soberanía nacional", añadieron en privado fuentes del Ejecutivo.

El Ejecutivo se opone a las nuevas exigencias de ajuste de la troika

Los acreedores, a punto de cerrar un pacto sobre la deuda del país

La única buena noticia es que hay acuerdo político en el Gabinete griego a la hora de negociar las condiciones del nuevo rescate, lo cual no quiere decir mucho, porque a este nuevo enfado nacionalista se añade el rechazo por parte de partidos -incluidos los que forman el Gobierno-, sindicatos y patronal de las nuevas exigencias de ajuste de la troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), entre ellas, la rebaja del salario mínimo (751 euros brutos), la desaparición de las pagas extras en el sector privado -ya no existen para los funcionarios- y la liberalización del sector de las farmacias, que fue rechazada la semana pasada en el Parlamento.

La pelota está en el alero del Ministerio de Trabajo griego; los delegados de la troika vuelven a reunirse hoy en Atenas para intentar desbloquear la negociación con su titular, el socialista Yorgos Kutrumanis, que ya ha advertido de que el coste salarial se ha reducido en Grecia en un 12% desde la adopción del primer plan de ajuste, en 2010.

No es este el único desvelo del tecnócrata Lukas Papademos al frente del Gobierno de unidad que lidera desde noviembre. La interminable ronda de negociaciones con el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que representa a los acreedores internacionales, para apuntalar la quita voluntaria de la deuda está encallada desde hace una semana, aunque fuentes del Gobierno de Atenas sostienen que se cerrará en breve. "Estamos a un paso del acuerdo . La semana que arranca completaremos la negociación, en paralelo a las deliberaciones sobre el nuevo paquete de ayuda", manifestó Evánguelos Venizelos, ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, tras reunirse con Poul Thomsen, jefe de misión de la troika.

En el tira y afloja de este proceso de diálogo a tres bandas, algunos socios europeos han vuelto a obviar algo de lo que ya tenían noticia: cualquier principio de acuerdo, cualquier atisbo de acercamiento alrededor de una mesa, puede esfumarse en el acto solo con mentar la soberanía griega. Como no podía ser de otra manera, además de las declaraciones del portavoz, otros miembros del Gobierno salieron ayer al paso del plan alemán.

Venizelos advirtió de que "los que obligan a un país a optar entre la ayuda económica y su dignidad nacional, desprecian lecciones básicas de la historia". Los partidos políticos que forman el Gobierno también lamentaron la idea: "Entiendan ustedes la realidad política, económica y social de este país", pidió un enfadado Yorgos Papandreu, ex primer ministro socialista y líder en funciones del Pasok, a los representantes de la troika.

Con un nacionalismo rampante, exacerbado desde que la UE acudió en ayuda de Grecia y la troika comenzó a supervisar las cuentas, este es uno de los muros de carga que ni siquiera el voluntarioso Papademos puede rozar. Hablando de soberanía, todo parecía indicar -al menos hasta la propuesta alemana- que Grecia podría ceder en cuanto a los nuevos bonos a largo plazo que sustituyan a los títulos de deuda existentes, en el supuesto de que Atenas llegue a un acuerdo con sus acreedores para la quita voluntaria del 50%. Estos exigen que estén sujetos a la legislación británica, más favorable a sus intereses, pues, en caso de que Grecia abandonase el euro, los nuevos bonos seguirían cotizando en euros. Hoy la incógnita vuelve a posarse sobre este capítulo de la negociación.