El supercomisario que era todo 'madera'

Hijo de un maquinista de Renfe afincado en Cáceres, a los 14 años empezó a trabajar de botones en una empresa constructora. Después lo hizo de auxiliar administrativo, antes de ir a la mili. Acabado el servicio militar obligatorio, el joven se planteó en qué iba a emplear su vida... y decidió convertirse en policía. Dicho y hecho. Con el correr del tiempo, aquel veinteañero, aquel hijo de un ferroviario, escalaría a los peldaños más altos del cuerpo: nada más y nada menos que a comisario general de Policía Judicial, jefe de más de mil agentes de élite dedicados a perseguir a políticos corruptos, mafiosos, narcotraficantes, asesinos, atracadores, pederastas y delincuentes de los más variados pelajes. Ha sido el máximo responsable de la lucha contra la criminalidad durante más de siete años. Hasta que el PP ha llegado al Gobierno. Hace dos semanas, Juan Antonio González García, cerebro de la operación contra la red Gürtel y artífice de la captura del prófugo Luis Roldán, fue relevado del cargo y destinado al Consejo Asesor de la Policía, un cementerio de elefantes al que ha ido a parar el resto de la cúpula del CNP nombrada por los socialistas.

González fue promovido primero por el popular Mayor Oreja y más tarde por el socialista José Antonio Alonso

Convirtió a la Comisaría General de Policía en un cuerpo compuesto ahora por más de 1.000 agentes de élite

Es de talante conservador y, entre los suyos es conocido por ser un 'madero-madero'

Este superagente deja el cargo con el pesar de no haber encontrado a los dos niños desaparecidos en Córdoba

La vida del comisario principal González ha estado siempre muy imbricada en los avatares de la realidad española. Su currículo podría servir de hilo conductor para narrar la historia reciente. Al poco de salir de la academia fue destinado a la Brigada de Información de Madrid. En los albores de la Transición formó parte del equipo que detuvo en 1976 en Madrid a Santiago Carrillo, el líder del partido comunista que poco antes había entrado clandestinamente en España disfrazado con una peluca. A continuación, intervino en la detención de los pistoleros ultraderechistas que en enero de 1977 mataron a tiros a los abogados laboralistas de la calle de Atocha. E inmediatamente después tuvo que ocuparse del esclarecimiento del asesinato de la estudiante izquierdista Yolanda González, del asalto al bar San Bao de la calle de Arturo Soria, del ataque a varias facultades de la Universidad Complutense y de otros muchos incidentes causados por neofascistas. España se deslizaba entonces por una catarata que ponía un día sí y otro también a la balbuceante democracia al borde del golpe de Estado.

En aquella época convulsa no solo atacaban los neofascistas y los etarras. La inestable situación política subsiguiente a la muerte del dictador Francisco Franco se agravó con el surgimiento de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), que en mayo de 1979 colocaron una bomba en la cafetería California 47, en Madrid, provocando nueve muertos y 61 heridos. El entonces inspector González, junto con otros compañeros, fue el artífice de la detención del comando que había causado esa carnicería.

Un día de 1981, un coche patrulla arrestó cerca del Museo del Prado a los ocupantes de un automóvil que llevaba matrículas falsas. Las investigaciones posteriores indicaban que podía tratarse de los integrantes de un comando de ETA. El jefe de la brigada de Información de Madrid ordenó a González y a otros policías que se hicieran cargo del caso. Uno de los detenidos, Joseba Arregui, moriría nueve días después a causa de las torturas que le fueron infligidas. González, que siempre ha mantenido que él jamás interrogó a Arregui, fue salpicado por el escándalo. Eso supuso para él uno de los momentos más duros y delicados de su carrera. Pero ni siquiera llegó a ser procesado, al quedar pronto exonerado.

Tras ascender a comisario en 1992, fue destinado al distrito de Usera y más tarde fue nombrado jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Estando en este puesto, le tocó resolver uno de los casos que más ha conmocionado a la opinión pública: el secuestro y asesinato de la joven Anabel Segura. Anabel fue raptada al azar cuando el 12 de abril de 1993 hacía footing en la lujosa urbanización de La Moraleja.

González, tenaz como un martillo pilón, terco como una mula, juró que encontraría el cadáver de la muchacha y detendría a los criminales. Por aquellos días, su mirada se tornó más triste, quizá de tanto darle vueltas al asunto. Su única pista era la grabación con la voz de una mujer que se hacía pasar por Anabel. El comisario logró que esa grabación fuera emitida hasta la saciedad en radio y televisión, con la esperanza de que alguien reconociera aquella voz. Finalmente, el cadáver fue encontrado en Toledo 29 meses después de su secuestro, al tiempo que eran detenidos los homicidas. La autopsia reveló que la muchacha había sido estrangulada a las pocas horas de su desaparición.

A la vez que intentaba resolver el caso Anabel Segura, al entonces jefe de la Brigada Judicial de Madrid le cayó encima otro encargo peliagudo: localizar a Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, que un día de 1994 había decidido poner tierra de por medio al ser descubiertos los oscuros orígenes de su cuantiosa fortuna. Un embolado de gran calibre.

Durante casi 10 meses, González se volcó en la caza y captura del prófugo tirando del único hilo que tenía: el exagente de Interior y turbio hombre de negocios Francisco Paesa, que supuestamente había blanqueado parte del suculento botín de Roldán. Gracias a su testarudez, el comisario logró trincar al exdirector de la Guardia Civil en Bangkok (Tailandia) y traerlo de regreso a España. Un éxito que le catapultó a la fama, aunque también se vio agriado en parte por las sombras sembradas sobre la operación por el propio Roldán y por grupos opuestos al Gobierno socialista.

Otro de sus trabajos más sonados fue la detención en 1993 de la socialista Carmen Salanueva, directora general del Boletín Oficial del Estado (BOE), por supuesta percepción de comisiones ilegales millonarias aprovechando la adjudicación de contratos para la compra de papel prensa.

Tras la victoria electoral del PP en 1996, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, colocó a González al frente de la Unidad Central de Policía Judicial con la misión de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia económica en toda España. Al cabo de cuatro años, el mismo Mayor Oreja le elevó al cargo de jefe superior de Policía de Murcia.

Cuando el PSOE recuperó el poder en 2004, el ministro José Antonio Alonso le catapultó al grado de comisario general de Policía Judicial, lo que conlleva formar parte de la cúpula de la corporación. Desde esa plataforma, el supercomisario creó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al estar convencido de que el Estado tenía que dotarse de medios y personas capaces de enfrentarse a los poderosos entramados de corrupción política y económica que se estaban extendiendo como un cáncer. Los agentes de la UDEF empezaron a asestar golpes en todas las direcciones: detuvieron al alcalde y al exalcalde socialistas de Ciempozuelos (Madrid); destaparon la podredumbre existente en Tenerife con la implicación de notables políticos de Coalición Canaria; desbarataron otra red en La Muela (Zaragoza) encabezada por la alcaldesa del Partido Aragonés; detuvieron a 20 personas, entre ellas el regidor de El Ejido, miembro del Partido Andalucista...

Juan Antonio González, meticuloso e implacable, supervisaba y controlaba al milímetro todas y cada una de las operaciones. Sin importarle las siglas que hubiera detrás de cada entramado político devorado por la carcoma. El boom inmobiliario había sido un caldo de cultivo que había generado una metástasis cuajada de políticos, empresarios, abogados, policías y jueces. El dinero sucio era una gangrena social.

En marzo de 2006, la UDEF puso en marcha la Operación Malaya, destinada a sajar la estructura corrupta enquistada desde hace años en Marbella. El golpe policial se llevó por delante a la alcaldesa Marisol Yagüe, al exalcalde Julián Muñoz, a varios concejales, al gerente de Urbanismo Juan Roca, a un comisario de policía, a la tonadillera Isabel Pantoja... Fue un golpe de órdago. La reacción de los malos no se hizo esperar demasiado: el comisario Juan Antonio González fue acusado de estar tras unas iniciales (J. A. G.) encontradas en unas anotaciones de Roca referentes a un pago de 200.000 euros. La propia policía y un juez investigaron en secreto el patrimonio y las cuentas de González y su familia, sin hallar el menor indicio de tal cosa. "No es que exista presunción de inocencia [a favor del comisario]; es que hay inocencia", remachó el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los agentes de la UDEF vareaban a diestra y a siniestra, sin importarles el color político de los implicados. Aunque en La Moncloa estaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nadie le impidió a González poner los grilletes a alcaldes y concejales del mismo signo ideológico. Tal ocurrió, por ejemplo, en Estepona (Málaga) y en Los Alcázares (Murcia).

El Partido Popular tampoco se libró del bisturí manejado por el superjefe de Policía Judicial. Este puso en marcha, en febrero de 2009, la Operación Gürtel, destinada a acabar con los tejemanejes de una red que extendía sus largos tentáculos por Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. El vendaval policial arrastró a personas tan principales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; a un senador, a un consejero madrileño y a varios alcaldes y exalcaldes del PP, junto con un puñado de empresarios.

Y meter mano a ese entramado fue como meter la mano en un avispero. El contraataque de los presuntos implicados o sus conmilitones políticos fue feroz. Por ejemplo, aprovecharon que el juez Baltasar Garzón -instructor del caso- y el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo habían estado juntos en una cacería en Torres (Jaén) coincidiendo con el estallido de la Operación Gürtel. A la montería había asistido también el comisario Juan Antonio González. Así que el PP sembró la especie de que en esa reunión se había cocido esta ofensiva político-judicial-policial contra el partido de Mariano Rajoy. En el evento había decenas de personas, y el comisario no participó en la cacería, puesto que es un amante de los animales. Pero daba igual. El ruido creado por este episodio hizo que Fernández Bermejo se viera obligado a dimitir de ministro ¡por no disponer de permiso de caza!

Sin embargo, el supercomisario no solo estaba ocupado en la lucha contra la corrupción, sino en la persecución de mafiosos, narcotraficantes y hampones de altos vuelos y bajos escrúpulos. La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Cooperación Internacional eran los brazos armados con los que González atacó por primera vez a los potentes mafiosos rusos asentados en España, a las tramas de matones de Europa del Este, a los narcos colombianos, italianos y gallegos, a los pederastas y estafadores que pululan por Internet. Bajo su mandato, logró constituir un sólido ejército de más de mil agentes. España, al fin, contaba con unos policías preparados para poner coto al crimen organizado y a la moderna y peligrosa delincuencia.

Durante el último sexenio, el trabajo de González y sus Intocables ha sido reconocido por el Gobierno español y otros, además de varios importantes organismos. La ONU le felicitó en 2005 por los "certeros golpes" asestados a las temibles mafias rusas. Hace ocho meses, el presidente francés Nicolás Sarkozy le concedió la insignia de Caballero de la Legión de Honor por la cooperación con Francia en la guerra contra el crimen organizado.

El ex alto mando de la Policía Judicial, un hombre sin adscripción política conocida, aunque de talante conservador, es un madero- madero (policía-policía), cuya profesionalidad casi nadie pondría en duda. "Es un policía de los pies a la cabeza", asegura un compañero. "Ha creado una Comisaría General de Policía Judicial muy eficaz", agrega un mando del cuerpo. Pero sus méritos no le han bastado para evitar su destitución por el Gobierno del PP, que ha dado a entender que simplemente es un relevo "normal" al cambiar el signo político del Ejecutivo.

Quienes le conocen bien creen que habrá dejado el puesto lamentándose de no haber podido aclarar tres casos: la misteriosa desaparición de los niños Ruth y José en Córdoba; la muerte de un niño y un hombre de 36 años tiroteados por hampones en una peluquería de Marbella en 2004, y el triple crimen ocurrido en Burgos (un matrimonio y su hijo de 12 años acribillados a cuchilladas el mismo día de 2004 en que González fue nombrado máximo responsable de la Policía Judicial).

El ex comisario general, de 63 años, ha rehusado hablar para EL PAÍS. Sus allegados aseguran que él quiere seguir en activo en la policía hasta que le llegue la hora de la jubilación. Para alguien como él, que ha estado en primera línea de fuego durante tantos años, seguro que le resultará difícil estar en la retaguardia.