Urquía vuelve a ser juez

Francisco Javier de Urquía, condenado en dos ocasiones por recibir sobornos mientras ejerció como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, volverá a ser juez. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le ha reconocido su pleno derecho a reingresar en la carrera judicial una vez que ya cumplió los 21 meses de suspensión a los que le condenó la única sentencia hecha firme hasta ahora, y ha anulado las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantenerlo apartado de la profesión.

El juez Urquía no puede tener queja del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal ya le rebajó sustancialmente la condena que le puso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de dos años de cárcel y 17 de inhabilitación profesional por cohecho y prevaricación. De Urquía aceptó 73.800 euros de Juan Antonio Roca, el exgerente de Urbanismo de Marbella considerado cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de esa ciudad y que actualmente se encuentra sometido a juicio. Aquel dinero le ayudó a comprar una vivienda a cambio de algunas resoluciones favorables a los intereses de Roca en algunos procedimientos que instruía.

Está pendiente de una sentencia por recibir un pago para liberar a un preso

El Supremo enmendó la condena del tribunal andaluz. Entendió que no había prevaricación y la dejó solo en 21 meses de suspensión. Una vez cumplidos, Urquía pidió en abril de 2009 el reingreso en el servicio activo de la carrera judicial. El CGPJ la rechazó al entender que los antecedentes penales derivados de la condena seguían vigentes y no expiran hasta finales de 2012.

Urquía puso un recurso contencioso contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces, resuelto ahora por el Supremo. La sentencia llama la atención sobre un "vacío legislativo", ya que no hay ningún precepto en la legislación que impida el reingreso de un juez suspendido que tenga antecedentes penales. No tenerlos es un requisito exigido solo para el acceso a la carrera judicial, no para quien ya ingresó, lo que supone "una especie de limbo jurídico" en casos como este, según la Sala.

Resulta además llamativo que este derecho a ser juez se le reconozca a Urquía cuando aún tiene pendiente de revisión por la Sala de lo Penal del Supremo otra sentencia de dos años de cárcel y 17 de inhabilitación a la que le condenó el tribunal superior andaluz en junio de 2010 por haber cobrado 60.000 euros de un imputado por blanqueo -para que lo dejara en libertad bajo fianza- en el caso Hidalgo, que él instruyó. El CGPJ abrió por esta causa otro expediente disciplinario a Urquía que no puede sustanciarse hasta que el Supremo dicte sentencia firme. Su vuelta a la judicatura puede ser por tanto temporal.