Ladrillos envenenados

"Yo no fui a vender la compañía, a mí me llamaron los de Morgan Stanley". Manuel Jove (A Coruña, 1941) se refiere con esta frase al proceso que terminó, tras un fuerte apretón de manos inmortalizado para la posteridad, con la venta de la inmobiliaria Fadesa a Fernando Martín por 4.045 millones de euros. Cedía nada menos que 30 millones de metros cuadrados sobre los que se podrían levantar medio millón de viviendas. Él se embolsó 2.200 por otorgar el 55% de la promotora a 35,7 euros por acción, un precio que multiplicaba por tres el del estreno de Fadesa en Bolsa solo dos años y medio antes.

El pacto llegó en la madrugada del 28 de septiembre de 2006 tras un maratón negociador de 24 horas que se inició con una larga comida en un restaurante madrileño. En la mesa, además de los dos protagonistas estaba el empresario y futuro accionista Antonio Martín Criado. "Al acabar se levantaron, me dieron un abrazo y me dijeron: 'Este es el día más feliz de mi vida", aseguró Jove. Durante la semana pasada una treintena de testigos, incluido él y su antiguo número dos en la compañía, Antonio de la Morena, revivieron esa fecha en el juicio que trata de aclarar si detrás de todo aquello había un gran engaño, como sostiene Martinsa.

En terrenos de Teruel planeaban 360 viviendas en suelo protegido

Martinsa esperó cinco años para demandar al empresario gallego

El resto del culebrón se conoce: la inmobiliaria anunció el 14 de julio de 2008 la que sería la mayor suspensión de pagos de la historia de España, justo en el momento en que 12.500 familias esperaban la entrega de una vivienda. Tras un doloroso proceso que diezmó la plantilla, la promotora cerró el capítulo concursal en 2011 tras alcanzar un acuerdo con la banca para remontar unas deudas de 7.000 millones de euros. Pero Fernando Martín no renunció a pelear contra un perro viejo del negocio del ladrillo convertido en milmillonario por méritos propios y un gran golpe de suerte.

No es la primera vez que ambos se enfrentan en los tribunales, aunque ninguna denuncia se ha concretado por ahora. En septiembre de 2010 la administración concursal de Martinsa presentó una demanda contra el empresario gallego por la venta de unos terrenos en México que Jove compró a título particular y que incluyó en el contrato con Fernando Martín por 118 millones. El coruñés, que por esta operación figura entre los acreedores de Martinsa, contraatacó pidiendo, dentro del proceso concursal, que Fernando Martín fuese inhabilitado como administrador. También lo demandó en otra ocasión por el supuesto incumplimiento del pacto de no agresión que ambos firmaron un año después de la venta de la empresa.

La disputa sobre la que decidirá ahora el juez Pablo Carreró-Fojón, el mismo que pilotó el concurso de acreedores, descansa en un informe de la consultora American Appraisal, que cuantificó en 1.576 millones los daños sufridos por Martinsa por datos erróneos o falsos supuestamente proporcionados por los anteriores gestores a la empresa de valoración CB Richard Ellis. Los nuevos propietarios aseguraron encontrar activos por valor de 710 millones calificados como "obra en curso" sobre suelos donde no había licencias urbanísticas, el planeamiento no estaba terminado o no existía suministro de agua. En algunos casos las parcelas ni siquiera figuraban como propiedad de Fadesa. En otros, como el solar de Chirimías (Almería) se proyectaba la construcción de 3.000 viviendas en un espacio protegido calificado como de Interés Comunitario.

Del documento se desprenden prácticas que recuerdan los oscuros manejos urbanísticos que han sumido al país en la crisis. Por ejemplo por unos terrenos de Bronchales (Teruel) tasados en más de 12 millones donde se proyectaban 360 viviendas. "A fecha de valoración el terreno es de titularidad municipal y no sería hasta el 25 de julio de 2007, un año después de la venta, cuando se publicarían las bases para la subasta de las parcelas". Finalmente, fueron adjudicados a Martinsa.

Casualidad o no, lo cierto es que el juicio (cuya sentencia se conocerá en los próximos seis meses) también ha dejado dudas sobre la estrategia de los propios demandantes. La primera, por qué esperaron un lustro a presentar la reclamación. O cómo es que el hilo conductor es una valoración que, veraz o no, ni siguiera estaba terminada cuando los dos empresarios pactaron la venta. Según Martinsa, hasta el 2010 no recibió el famoso informe de CB Richard Ellis y tuvo para ello que pedírselo al juzgado. Pero esa misma empresa siguió tasando (al alza) los activos de la promotora inmobiliaria en 2007 sin que se hayan cuestionado estos análisis.

Los abogados de Jove quisieron demostrar que todo se reduce a una serie de decisiones equivocadas tomadas en pleno cambio del ciclo económico por un hombre que no estuvo a la altura de continuar con el legado del gallego. "La principal riqueza de Fadesa no eran sus activos, sino su capacidad de adquirir bolsas de suelo, gestionarlas, construir y vender". En la primera parte de la frase pronunciada por José Luis Matías, ex consejero delegado que compareció como testigo, estaba el truco. "Era uno de los puntos fuertes de Fadesa, comprar suelo cuando todavía era rústico, antes de que se recalificase y se convirtiese en urbanizable", analiza el periodista Julián Rodríguez en su libro Señores de Galicia. Por eso las catalogaciones internas que utilizaba la empresa para definir sus parcelas eran, por decirlo de algún modo, particulares. En cuestión de meses se sabrá si la denuncia tenía base o fue un "enorme fraude procesal", como aseguran los letrados de Jove.