La Junta acusa al PP de tres "trampas procesales" en el caso de los ERE
El Ejecutivo presenta dos informes para demostrar que Griñán ignoraba el fraude
La Junta denunció ayer tres "trampas procesales" del PP para intentar implicar al presidente del Ejecutivo, José Antonio Griñán, en el caso de los ERE fraudulentos. Para desmontar esta acusación, la Junta ha enviado a la juez Mercedes Alaya dos informes técnicos, uno de la Intervención General y otro de la Dirección General de Presupuestos, ambos departamentos integrados en la Consejería de Hacienda. Además, los servicios jurídicos han remitido a la magistrada 13 modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de Gobierno y que afectan a la Consejería de Empleo, con sus 13 correspondientes informes favorables de la Intervención.
"Esto deja meridianamente al descubierto la tercera trampa procesal del Partido Popular para implicar al presidente. Demuestra claramente que no hay relación alguna de Griñán con la gestión de los ERE", defendió ayer la consejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno. La consejera incidió en apartar a Griñán de la trama de los ERE tras las sucesivas acusaciones que durante los últimos meses el PP ha vertido contra el presidente a través de las ampliaciones presupuestarias autorizadas para el fondo para empresas en crisis, dotado con 647 millones, cuando ejercía como consejero de Economía.
"La Administración no podía prever gastos ilícitos", dice el letrado de la Junta
El abogado de la Junta subraya en su escrito: "Los hechos delictivos afectan exclusivamente a la ejecución del gasto y no al procedimiento de aprobación del presupuesto. El presupuesto es anterior al gasto y un procedimiento absolutamente distinto (...) Ni el Parlamento (encargado de la aprobación), ni la Administración (encargada de su modificación) pueden prever que el presupuesto aprobado o modificado vaya a ser ejecutado a través de gastos presuntamente ilícitos".
Es decir, el letrado argumenta que Griñán nunca pudo prever que tras aprobar el presupuesto, este podía ser gastado de manera fraudulenta por una "trama", según denuncia la juez, que ya ha imputado a 30 personas en el caso. "Podría llevarnos a la absurda situación de considerar participantes en la perpetración del delito a todo el Parlamento (que aprueba el Presupuesto y al que se da cuenta de sus modificaciones)", añade el abogado.
Para la Junta, el PP urdió la pasada primavera su "primera trampa procesal" al acusar a Griñán de ignorar los informes emitidos por la Intervención General, a pesar de que esta no emitió ningún informe de actuación que denunciara "menoscabo en las arcas públicas". A continuación, Moreno acusó al PP de utilizar una "segunda trampa procesal" al confundir "deliberadamente" el endeudamiento de la Agencia IDEA, con los créditos concedidos por dicha agencia a 21 empresas, que no exigía la autorización de Griñán.
La documentación que ha remitido la Junta a Alaya incluye 13 modificaciones presupuestarias que afectan a Empleo y que la juez había pedido, pero solo cinco de estas 13 afectan a la partida 31L (el fondo para empresas en crisis). Estas ampliaciones presupuestarias sumaron 42,8 millones entre 2005 y 2010.
El informe de la Dirección General de Presupuestos señala que en las modificaciones presupuestarias existe "una separación formal de la fase de dotación de crédito de la gestión del gasto". La Intervención abunda en dicho argumento: "Dos procedimientos diferenciados: el procedimiento administrativo finalista (...) y por otra, el procedimiento de ejecución del gasto público, necesario para reconocer las obligaciones que derivan del primero y satisfacer las mismas mediante la salida de fondos de la Tesorería".
Apoyada en estos informes, Moreno destacó ayer: "Es obvio que los hechos indiciariamente delictivos" afectan a la ejecución del gasto y no a la aprobación del presupuesto. "Hemos desenmascarado por tres veces las trampas del PP (...) Están consiguiendo enredar el caso (...) El presidente se está viendo sometido a un juicio paralelo", aseguró. Por último, la consejera consideró que el respaldo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a Alaya tras las críticas la semana pasada de Griñán, no afecta al Ejecutivo, sino al PP. "No nos damos por aludidos porque colaboramos con la justicia", afirmó.
El PP insiste en Griñán
En línea con su argumentación en el caso, el PP hizo caso omiso a la tesis de la Junta. La portavoz del grupo parlamentario popular, Esperanza Oña, dijo ayer que Griñán es hoy "más culpable, más sospechoso y más responsable que ayer" en el caso de los ERE, informa Europa Press.
Oña incidió en que la Junta "ha reconocido 13 modificaciones presupuestarias en el Consejo de Gobierno en relación al llamado fondo de reptiles". En realidad solo cinco de esas 13 modificaciones afectaron a la partida 31L, pero la portavoz popular se limitó al dato de que existiera una ampliación del presupuesto, sin entrar a razonar si Griñán debía conocer o ignoraba el ulterior gasto irregular por parte de la Dirección General de Trabajo.
Oña tildó de "tremendo" que la Junta haya tardado "ocho meses" en entregar estos informes después de que la juez Alaya, encargada del caso, se los reclamara "como una pedigüeña o una mendiga" en numerosas ocasiones.
Horas antes la consejera Mar Moreno negó que el Consejo de Gobierno aprobara un expediente de 3,8 millones para la empresa ANovo Comlink, tal y como denunció el día antes el PP. A pesar de que el acta del consejo rector de la Agencia IDEA preveía su aprobación en Consejo de Gobierno, esta finalmente no se produjo.
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