Nueve detenidos por defraudar al SAE con contratos a discapacitados

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Sevilla y Elche (Alicante) como supuestas responsables de defraudar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta 480.000 euros por el cobro de subvenciones para la contratación de discapacitados en una empresa de calzado en Montefrío (Granada). La Junta eleva la cifra a más de 548.000 euros, lo que sumado a los intereses y recargos supera los 864.000 euros, que es la cifra que la Administración reclama ahora a los detenidos.

El caso se remonta a 2006, cuando la empresa realizó su actividad laboral y comercial, que fue "mínima", según la Guardia Civil, durante un año y medio. En ese tiempo contrataron a 47 personas con discapacidad por las que recibieron dos incentivos económicos, aunque no cumplieron con los requisitos exigidos para el cobro de esas subvenciones como, por ejemplo, mantener contratadas a las personas tres años.

Algunos empleados no iban a trabajar, pero recibían la mitad de su salario

Tras un tiempo de actividad, los trabajadores comenzaron a denunciar una serie de irregularidades que se pusieron en primer lugar en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que pidió después a la Guardia Civil que investigara los hechos. De las nueve personas detenidas, seis están directamente relacionadas con la empresa montada en Montefrío, mientras que otros dos son administradores de dos empresas de Elche que supuestamente suministraron facturas que justificaban la actividad comercial de la granadina. Esas empresas fueron creadas para justificar una actividad comercial que en realidad no existía.

El último detenido es un gestor sevillano que se encargaba de conseguir las subvenciones para la empresa a cambio supuestamente de una importante comisión, según la Guardia Civil. Cuatro de los detenidos tienen antecedentes policiales por fraude y estafa. El Ayuntamiento de Montefrío mostró ayer su apoyo a los afectados y recordó que "desde el principio" estuvo al lado de los discapacitados víctimas del fraude. De hecho, una de las trabajadoras afectadas es la actual concejal de Agricultura, Antonia Mercado.

Los agentes empezaron a investigar a los dueños de la empresa en 2010 tras las denuncias de los trabajadores. Descubrieron un posible fraude a la Junta y un supuesto delito de blanqueo de capitales. Según el Instituto Armado, muchos de los trabajadores no iban ni siquiera a trabajar pero recibían la mitad de su salario a cambio de firmar las nóminas completas que justificaban la actividad ante el SAE. Le empresa pidió otra subvención de un millón para 80 contratos, pero se le denegó al tener constancia de las denuncias.

Aunque la Guardia Civil informó de ayudas que también le habría concedido el Ayuntamiento, este aclaró que la única relación con la empresa de calzado fue que la anterior corporación le alquiló el local, pero "en ningún caso recibió subvención municipal", aclaró la alcaldesa, Remedios Gámez, que tildó el caso de "verdadero atropello a los derechos de los trabajadores".

Los trabajadores denunciaron en 2008 el modo de proceder de la empresa. Según relataron, les daban talones sin fondos, firmaban nóminas sin recibir prestación económica alguna o les obligaban a firmar por ejemplo cinco nóminas mientras cobraban dos, así justificaba la empresa, según los afectados, la subvención.