El fiscal retira los cargos a 18 acusados de corrupción en Málaga

El caso Troya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) se desmoronó ayer al retirar el fiscal la acusación contra 18 de las 20 enjuiciados. Solo continúan sentados en el banquillo el alcalde, Juan Martín Serón, y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, para los que se han rebajado considerablemente las peticiones de pena. Han pasado de enfrentarse a condenas de entre cuatro y siete años de prisión, a tener que pagar una multa de dos millones de euros, en el peor de los casos.

El fiscal Juan Calvo Rubio ha dado este paso después de estudiar todas las pruebas presentadas en el juicio, que arrancó en septiembre. En su escrito de conclusiones definitivas no habla de los motivos por los que ha dejado de acusar a los dos asesores jurídicos y 16 empresarios para los que antes reclamaba penas de prisión. El fiscal se centra en los dos únicos acusados a los que coloca al frente de una trama que funcionó entre 2002 y 2006 con el objetivo de enriquecerse de forma ilícita. Según su relato, exigían a los empresarios la entrega de dinero a cambio de un "pretendido exceso de edificabilidad" que no ha podido acreditarse durante el juicio, por lo que no se puede decir que esos permisos fueran injustos o ilegales.

El alcalde y su concejal de Urbanismo siguen acusados por 13 delitos de cohecho. El fiscal ha pedido que se les aplique un delito de cohecho continuado con las penas vigentes en el momento en el que fueron investigados, ya que resultan "más beneficiosas".

Ambos se enfrentan a una multa de dos millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión, y suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses. Sus defensas piden la absolución.