El Gobierno solivianta a la banca al duplicar la cuota al Fondo de Garantía

El déficit público es intocable. Está en juego la escasa credibilidad de la política económica del Gobierno ante los mercados y ante los principales países de la eurozona. El último conejo que se ha sacado de la chistera el Ejecutivo ha sido unificar los tres Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas para que paguen la factura de la reestructuración financiera.

El problema es que rescatar a las cajas con problemas (CAM, CaixaCatalunya, Unnim y NovaGalicia) y al Banco de Valencia acabará siendo una misión muy cara. Por eso, Elena Salgado, vicepresidenta económica, anunció ayer que las entidades tendrán que duplicar o triplicar, dependiendo de los casos, las aportaciones que ahora hacen al Fondo de Garantía. A partir de ahora pondrán unos 1.600 millones anuales e incluso puede llegar a ser 2.400 millones. Por supuesto, este dinero acabará saliendo del bolsillo de los clientes bancarios. Por primera vez en muchos años, todo el sector ha reaccionado al unísono contra un Gobierno (eso sí, en funciones) por una medida que consideran "sorprendente e injusta".

Los bancos triplicarán su aportación y las cajas la duplicarán

Salgado no relacionó la medida con déficit. Aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje populista. "La reestructuración del sistema financiero va a tener un coste nulo para el contribuyente y el real decreto contribuye a reforzar esa idea". La integración permite al nuevo fondo contar con un patrimonio de 6.593 millones de euros, según fuentes del Gobierno.

Si la cantidad necesaria para pagar los agujeros es mayor, Salgado aclaró que el FGD "podrá incrementar las cuotas y si en un momento no dispone de liquidez para cubrir las pérdidas, podrá endeudarse o, eventualmente, hacer una derrama entre los asociados". El Gobierno aseguró que lo había "hablado con el PP", sin afirmar que contara con su apoyo expreso. Los bancos pasan de una aportación del 0,6 por mil de sus depósitos a un mínimo del dos por mil, lo que supone más que triplicar su dotación a este fin. Las cajas de ahorros ponían hasta ahora el uno por mil de sus depósitos, por lo que duplican la cantidad, mientras que las cooperativas de crédito pasan del 0,8 por mil al dos.

Para la Asociación Española de Banca (AEB), la integración de los fondos "resulta sorprendente e injusta. Los bancos no solo no han recibido ayudas públicas sino que han aportado ya el patrimonio -2.347 millones- que tenían históricamente constituido en su Fondo de Garantía". En este párrafo obvian la situación del Banco de Valencia, si bien es una filial de una caja, Bankia.

La patronal reclamó a las autoridades "que establezcan una hoja de ruta clara y transparente para hacer frente, de forma definitiva, a la inacabada reestructuración del sistema financiero". Esta nota fue mucho más lejos que la que emitió la patronal bancaria tras el anuncio de unificación de los fondos, el pasado 14 de octubre. Ejecutivos bancarios comentaron ayer que la medida "no estaba ni hablada ni consensuado con el sector".

Más curiosa fue la reacción de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA), ya que el fondo se utilizará, principalmente, para tapar los problemas generados por su sector. La CECA se apoya en argumentos jurídicos al considerar las medidas como "precipitadas" y que pueden "distorsionar" los calendarios de planificación de las entidades. En un comunicado, la CECA dijo que este anuncio se produjo a "escasos días" de cerrar el ejercicio y lamenta que no se haya debatido con el sector. La patronal insistió en que se necesita "un entorno regulatorio estable", un "contexto de seguridad jurídica para el desarrollo de su actividad, de forma que se puedan adoptar las decisiones adecuadas para culminar el proceso de reestructuración y así contribuir a la normalización del flujo de crédito a la economía real". Reclamar "seguridad jurídica" recuerda a las reivindicaciones de la banca cuando invertía en América Latina.

Las cooperativas de crédito (único sector que no ha requerido ayudas) rechazaron la medida porque "penaliza el modelo de banca tranquila y minorista", que "no ha cometido excesos y es la única que sigue manteniendo la concesión de crédito".