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lunes, 28 de noviembre de 2011

El Ejecutivo deja en herencia al PP una subida de impuestos al transporte

Bruselas obliga a eliminar una bonificación al gasóleo profesional en 2012

Los nuevos integrantes del Consejo de Ministros deberán aprobar una subida de impuestos mucho antes de lo que pensaban. El Gobierno socialista ha dejado en herencia al futuro Ejecutivo del PP una subida en la tributación del gasóleo profesional a la que obligaba Bruselas desde hacía años. La fecha límite para aplicarla era el 1 de enero de 2012 y el equipo del PSOE ha optado por apurar al máximo los plazos. Tanto que finalmente será el próximo Gobierno el que decida, en apenas unos días, cómo eliminar un beneficio fiscal que recuperará para las arcas públicas alrededor de 250 millones de euros.

Esa tarea pendiente figura en los papeles del traspaso de poderes que el Gobierno saliente ha preparado para el entrante, según confirma el Ministerio de Economía. La novedad consiste en acabar con la devolución parcial que ahora realizan las arcas públicas a los transportistas profesionales (incluidos los taxistas) por las cantidades que abonan en concepto de fiscalidad sobre el gasóleo. Hasta ahora, Hacienda devuelve 29 euros por cada mil litros de gasóleo consumido, con un límite de 50.000 litros por año para transportistas en general y de 5.000 para taxistas. Aunque la Agencia Tributaria no ofrece oficialmente el dato de qué coste para las arcas ha tenido este beneficio fiscal hasta ahora, otras fuentes del organismo lo cifran entre 200 y 250 millones de euros. Una cantidad que ahora se trasladará a los bolsillos de los profesionales del sector.

La medida recupera para las arcas públicas hasta 250 millones de euros

Hacienda devuelve ahora 29 euros por cada mil litros de gasóleo consumido

Los transportistas se han mostrado siempre muy combativos con cualquier subida de impuestos u otras decisiones políticas que les hayan supuesto aumento de costes. En octubre de 2005 mantuvieron un insólito paro patronal para exigir ayudas públicas -entre otras, de tipo fiscal- para aliviar los efectos del encarecimiento del petróleo. No obstante, las principales asociaciones saben ya que la excepción española con la fiscalidad del gasóleo profesional concluye en apenas un mes, por lo que es previsible que la contestación sea menor que en anteriores ocasiones.

En realidad, la directiva europea que obliga a acompasar el precio de los carburantes al entorno comunitario permite mantener un año más (hasta 2013) una devolución testimonial de un euro por cada mil litros, pero el grueso del beneficio desaparecerá con el nuevo año. El Gobierno saliente asegura desconocer las intenciones del nuevo, que podría optar por eliminar la devolución pero compensar a los transportistas de otro modo. Sería, en todo caso, vulnerar el espíritu de la directiva, que obliga a gravar más el uso de carburantes: en España la tributación es especialmente baja.

De hecho, el primer mandato de la directiva aludía a la necesidad de elevar la fiscalidad del gasóleo en general, no solo del profesional, antes de enero de 2012 (esa era una fecha especial fijada para España; el resto de países tenía que hacerlo en 2007). Pero el Gobierno considera cumplida esa meta con la subida del impuesto sobre hidrocarburos que se realizó en 2009 y la existencia del tributo sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el llamado céntimo sanitario, en el tramo estatal. Con esos dos elementos, la fiscalidad indirecta sobre el gasóleo queda en 331 euros por cada 1.000 litros, levemente por encima del nivel mínimo que establece la normativa europea (330 euros). No obstante, la práctica coincidencia del tributo español con el suelo mínimo del impuesto y la creciente necesidad de recursos públicos para cuadrar las cuentas del Estado convierten el impuesto de hidrocarburos en uno de los más proclives a subidas inmediatas. El equipo del próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha huido hasta ahora de apuntar a subidas de impuestos, pero probablemente tenga que hacerlo cuando conozca el estado de las arcas públicas.

El pulso de un Gobierno en funciones

Hay pocas iniciativas que un Ejecutivo en funciones pueda acometer. Pero en ese estrecho abanico de asuntos que se despachan en el último minuto habría tenido cabida la subida de impuestos al gasóleo a la que obliga Bruselas. Así lo aclara un documento redactado por los ministerios de Presidencia y de Justicia, y enviado a todos los ministerios a finales de septiembre, para que no cupieran dudas sobre qué hacer durante esos coletazos de gestión más formal que real.

"Pueden aprobarse normas reglamentarias de trasposición de disposiciones comunitarias, que den cumplimiento a plazos legalmente establecidos", precisa el texto, que reconoce los problemas de interpretación que genera la regla de que la gestión en funciones se limitará "al despacho ordinario de los asuntos públicos" y que no cabe adoptar otras medidas "salvo en casos de urgencia". Basándose en casos anteriores y en dictámenes judiciales, el informe deja claro que se podría haber eliminado la bonificación al gasóleo profesional incluso durante el traspaso de poderes, pero probablemente el Ejecutivo ha preferido ahorrarse el mal trago de despedirse con una subida de impuestos a un colectivo, el de los transportistas, muy combativo.

El texto cita hasta 16 decretos leyes que han aprobado los Ejecutivos en funciones entre 1989 y 2008, una especie de carta blanca a los ministerios para que hubiesen podido actuar en caso de necesidad. Hay que tener en cuenta que la situación de excepcionalidad que vive la economía española desde hace muchos meses obligaba a prever medidas urgentes en cualquier momento, incluso en la transición entre Gobiernos.

Como pista, este texto de Presidencia y Justicia también recoge, entre los 21 tipos de actuaciones que otros Ejecutivos han adoptado en funciones, la "aprobación de acuerdos de concesión o denegación de indultos". Es decir, el Gobierno de Zapatero no ha sido el primero en conceder un indulto a pocos días de ceder el testigo a sus sucesores. Aunque probablemente no habrá habido otro tan controvertido como el aprobado el pasado viernes para el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.

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