La UCI recurre al TAS contra Sevilla

Ya puestos, dado que casi todas sus decisiones en asuntos de dopaje son recurridas por la internacional, los de la Federación Española de Ciclismo podría trasladar a Lausana, donde tiene su sede el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), su comité de competición y sus servicios jurídicos. Se ahorrarían tiempo y espacio, se lo ahorrarían también a los deportistas.

El 1 de noviembre el TAS indicó a la española que fuera eligiendo su árbitro para la revisión del caso Sevilla, pues la Unión Ciclista Internacional (UCI) había recurrido, por considerarlo escaso, el castigo de seis meses de suspensión impuesto en septiembre al corredor manchego Óscar Sevilla por su positivo por hidroxetilo de almidón (HES) durante la Vuelta a Colombia, en agosto de 2010. Antes, sin embargo, del 21 al 24 de noviembre, los abogados de la federación española deberán viajar también a Lausana para defender ante el TAS, conjuntamente con los del ciclista, la exculpación de Alberto Contador.

El corredor alegó que la sustancia se le había administrado en un hospital

Por un caso similar, la instructora española pide dos años para Ezequiel Mosquera

El HES, la sustancia hallada en la orina de Sevilla el 15 de agosto de 2010, es un suero que está prohibido porque sirve para expandir el volumen de plasma y diluir la sangre (reducir hematocrito) con el fin de enmascarar los efectos del uso de EPO o de una transfusión. Después de una laberíntica e interminable tramitación, en agosto pasado la instructora del comité de la federación española solicitó una sanción de dos años para Sevilla, de 34 años y exiliado en el ciclismo colombiano prácticamente desde que su implicación en la Operación Puerto supusiera su expulsión del Tour de 2006 y la brusca ruptura de su contrato con el Telekom.

Casado y residente en Colombia, e invisible en España, el corredor de Ossa de Montiel avanzó recientemente la posibilidad de nacionalizarse colombiano para poder correr el Mundial y los Juegos con su país de adopción.

Recibida la petición de dos años, la defensa del manchego remitió al comité de competición un certificado de un hospital colombiano que señalaba que Sevilla había sido atendido tras sufrir una caída y que había recibido un tratamiento de urgencia, incluido HES, debido a que había perdido sangre y corría peligro su vida.

El comité español estudió de nuevo el caso a la luz del documento y dejó la sanción en seis meses, a cumplir entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, temporada baja de ciclismo. Sevilla aceptó sin rechistar la sanción, pese a que podría haber esperado el archivo de la causa dado que quedaba demostrado palmariamente que ni se había administrado voluntariamente el HES ni lo había hecho con fines enmascaradores.

Sin embargo, a la UCI el certificado no le ha convencido, ni tampoco entiende cómo un ciclista como Sevilla, que el viernes acaba grave en el hospital después de haber quedado segundo en una etapa dura, dos días después, el domingo, el día del control, es capaz de ganar la contrarreloj final, de 34 kilómetros, y terminar segundo en la general final. Por eso el recurso.

Las tribulaciones del ciclismo español con el HES no acaban en Sevilla, de todas maneras. Hace unas semanas, otro corredor positivo por HES en septiembre de 2010, Ezequiel Mosquera, recibió una propuesta de sanción de dos años de suspensión por parte de la instructora del comité y, una vez presentadas sus alegaciones, está a la espera de la decisión definitiva.

Su caso también se ha alargado más de lo habitual entre otras cosas porque su defensa sacó a la luz las contradicciones de la lista del antidopaje, que solo prohíbe el HES administrado por vía intravenosa. Obligó al laboratorio de Colonia, al que la UCI envió las muestras tomadas a Mosquera en la Vuelta después de que en Madrid no hubieran encontrado nada, a llevar a cabo una investigación para intentar demostrar que el HES hallado en Mosquera había llegado allí por vía intravenosa. Otro punto de su defensa es que para demostrar que tomó HES para enmascarar un dopaje sanguíneo, la acusación debería haber encontrado indicios de EPO o de una transfusión. Y, según su defensa, la ausencia acreditada de plastificantes en su sangre -indicio indirecto de una transfusión- y la regularidad de su pasaporte biológico excluyen esa posibilidad.