Imputado un edil del PSC por un chivatazo a la mafia china

"Estoy hecho polvo", dice José Luis Martínez Cardoso, concejal del PSC en el Ayuntamiento de Sant Adrià. El edil está acusado de avisar a los proxenetas de una mafia china de que los Mossos d'Esquadra iban a intervenir en una discoteca karaoke que regentaban en la ciudad. En el local se practicaba la prostitución y se vendían drogas, según explicaron los Mossos hace un mes, cuando desarticularon la red, con una cuarentena de imputados (33 han ingresado en prisión). La mafia controlaba 37 burdeles en Barcelona y su área metropolitana e incluso drogaba y suministraba sustancias abortivas a sus víctimas.

"¿Cómo iba a saber yo que se iba a hacer esa operación? Además, si les hubiese avisado, estaría en la cárcel", insiste el hombre en su defensa. Una mujer, del centenar de víctimas de la red mafiosa, le mencionó en su declaración como testigo protegida, según explicó ayer la abogada del edil. La joven, de origen chino, contó que "su jefe" había comentado que un concejal le avisó de la operación policial.

Martínez está en libertad con cargos, acusado de un delito contra la Administración pública, que en su artículo 147 se refiere a la revelación de secreto. De prosperar la imputación, Martínez se enfrenta a una pena que oscila entre una multa y los tres años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer un cargo público entre uno y cinco años.

El Ayuntamiento de Sant Adrià emitió ayer un comunicado para defender la inocencia del edil, que lleva ocho años en el Consistorio. En la actualidad, es el responsable de Servicios Municipales y Vía Pública. "Él no tiene acceso a la seguridad, ni a las actividades policiales", defendió su letrada, que tildó de "débil" la acusación contra Martínez. Según ella, la testigo se refirió a un cargo público de Santa Coloma de Gramenet, y no de Sant Adrià. Sin embargo, admitió que todavía no ha tenido acceso a toda la causa para ver qué otras pruebas han llevado a la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona a ordenar su detención e imputación.