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Nuevo capítulo judicial en Riotinto

La inmobiliaria Rumbo 5-Cero acude al juez para impedir el paso a las balsas

El conflicto empresarial alrededor de los terrenos en los que se encuentran las balsas de estériles del yacimiento minero de Riotinto regresó ayer a los juzgados. Rumbo 5-Cero, la inmobiliaria propietaria del 55% de los suelos, trasladó al Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) una nueva denuncia contra la compañía Emed Tartessus. En ella, la inmobiliaria expresa su "preocupación por el peligro que representaría para la seguridad de las presas la ejecución de los trabajos que pretende acometer" la compañía minera. Esta empresa había trasladado a Rumbo 5-Cero su intención de acceder a su propiedad para ejecutar un recrecido de las presas para evitar que se desborden las aguas contaminadas.

Rumbo 5-Cero informó ayer al juzgado de Valverde que se "opondrá a la entrada del personal de Emed en su propiedad, dado que no tienen previsto realizar tareas de mantenimiento sino de construcción de obra nueva que puede afectar seriamente a la estabilidad de los muros, dada la situación de saturación de los mismos". En agosto pasado, el mismo juzgado devolvió el control y el mantenimiento de las balsas a Emed Tartessus, en cumplimiento de una resolución de la Junta de Andalucía de marzo. El juez obligó entonces a Rumbo 5-Cero a dejar paso a los técnicos de la minera Emed Tartessus, para evitar así "daños irreparables al medio ambiente".

Los terrenos de la mina de Riotinto están repartidos entre cuatro propietarios. Rumbo 5-Cero, (55%, con la mayoría de las balsas y las servidumbres de acceso), Zeitung, la antigua MRT y Emed Tartessus, esta última es la única empresa que ha presentado un proyecto minero que espera contar con el visto bueno de la Junta para explotar la mina. Una actividad con la que prevé generar 1.000 puestos de trabajo, de los que 450 serían directos.

Por otro lado, Fernando Fernández Torres, el vicepresidente y portavoz de Emed Tartesssus, se encuentra en Mozambique después de dimitir de su cargo tras sus duras críticas al Gobierno andaluz al que reprochó su demora en la concesión de la licencia para explotar la mina.

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