Bancos y cajas piden prorrogar las emisiones avaladas por el Estado

A medida que avanza el tiempo sin que nadie encuentre una solución para engrasar los mercados mayoristas de financiación, los daños que provoca esta situación se van extendiendo. El próximo escollo son las emisiones avaladas por el Estado, cuya vigencia se termina en diciembre próximo. Bancos y cajas de ahorros se han dirigido por separado al Gobierno para pedir que prorrogue la posibilidad de utilizar estos avales en emisiones, al menos por seis meses más. Las entidades tienen ahora en el mercado emisiones vivas (no amortizadas) por 61.600 millones. Una pequeña parte ya se ha amortizado, pero aún disponen de 70.000 millones para colocar en los mercados con el paraguas del Reino de España. Bruselas ha concedido cinco prórrogas. Esta sería la sexta.

El plazo para la venta de deuda con el paraguas público acaba en diciembre

El Gobierno debe trasladar a Bruselas la petición para que dé el visto bueno

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, es el que ha recibido la urgente reclamación a través de las patronales. El ministerio debería escribir a la Dirección General de Competencia, cuyo responsable es Joaquín Almunia, para transmitir la preocupación y recibir el visto bueno. Hasta ahora, según fuentes del Tesoro, no se ha cursado la petición, aunque todavía tienen un margen de tiempo para hacerlo y obtener el permiso de ampliación de seis meses, hasta junio de 2012. Bruselas considera que los avales son una ayuda de Estado porque permite a bancos y cajas financiarse a precios más bajos de los obtendrían si salen con su nombre. En realidad, ahora casi ninguno podría financiarse porque los inversores huyen del riesgo bancario.

Las emisiones avaladas por el Estado se crearon a finales de 2008, tras la sequía de liquidez que produjo la caída de Lehman. En 2009 se volvió a lanzar una segunda emisión. El Gobierno, como otros de la Unión Europea, intentó que las entidades pudieran cumplir con sus vencimientos y, a la vez, tuvieran financiación para prestarla a empresas y familias. Así, estableció un máximo a cada entidad de lo que podía emitir con el aval del Estado, en función de volumen de activos. Algunas entidades, sobre todo cajas, ya han usado toda la capacidad de endeudamiento que tenían, pero otras no. Por ejemplo, a la CAM le vencen 2.949 millones de emisiones avaladas en 2012, probablemente habrá usado todo lo que podía haber emitido.

Si el Gobierno pide la prórroga y se la concede Bruselas, solo aquellas que no hayan emitido todo el volumen otorgado podrán volver a intentar salir al mercado a lo largo del periodo de tiempo de vigencia de la prórroga. El Banco Santander y el BBVA son los únicos que no han utilizado este recurso por una cuestión de imagen. Como comentan en las entidades, incluso bajo el nombre del Reino de España tampoco será fácil conseguir liquidez, como le ha ocurrido al Tesoro con las últimas emisiones.

En las reuniones mensuales de Campa, y el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, con la CECA y la AEB, ha salido el tema de manera recurrente. "Todos esperamos que el Gobierno se mueva y la UE conceda la prórroga porque la situación, lejos de mejor, ha empeorado mucho. La causa inmediata de la sequía hay que buscarla en la crisis de la deuda griega y el temor de los mercados a que Grecia presente default. Todo ello ha despertado la desconfianza y los recelos del mercado hacia los bancos que tienen en sus carteras deuda griega y, en general, deuda periférica. Es necesario resolver el problema de la deuda griega y en general la crisis de la deuda soberana para atajar los problemas de financiación", explica el ejecutivo de un banco.

Bruselas está muy pendiente de a qué precio se cobran los avales para evitar que se rompan las condiciones de mercado. Según el último informe del departamento de Almunia, es conveniente que "las entidades reduzcan o supriman su recurso a garantías estatales mediante normas de fijación de precios que se aproximen a los que existen en el mercado, con lo que se reducirá el falseamiento de la competencia". Desde una caja responden que esta condición sería lógica "si hubiera un mercado abierto, pero se cerró en junio y no se ha vuelto a abrir en parte, por las responsabilidades de los políticos de Bruselas".

Para el Gobierno la operación es rentable. Hasta el momento, las entidades financieras han pagado 878 millones por las dos emisiones de avales, cantidad que se podría duplicar si emiten todo lo que les falta. Además, han ingresado 350 millones más por las compras de activos de máxima calidad que hizo el Gobierno también para inyectar liquidez al sistema.

Otra muestra del control comunitario es que ha pedido a España que, antes del 15 de septiembre, envíe un informe de gestión con detalles de la evolución del programa de avales durante el tiempo transcurrido desde la autorización de la última prórroga. Economía lo ha hecho, pero no quiso adelantar los detalles del mismo.