El Constitucional da la razón a la Junta sobre Cajasur ocho años después

"Las competencias sobre la organización interna de las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia católica con domicilio en Andalucía que tengan su sede en Andalucía pertenecen, al igual que respecto a las demás cajas de ahorro, a dicha comunidad autónoma, siempre con sumisión a lo dispuesto en la legislación básica estatal sobre la materia". Así lo declara el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada el pasado 5 de julio, aunque la decisión a efectos prácticos no tiene ninguna trascendencia.

Han pasado ocho años desde que el Parlamento autónomo presentó recurso de inconstitucionalidad, el 30 de enero de 2003, a la ley de medidas de reforma del sistema financiero de 2002 por entender que el Gobierno de España, entonces en manos del Partido Popular, invadía competencias de la comunidad al arrebatar a la Junta de Andalucía las competencias sobre Cajasur, la caja cordobesa controlada por la Iglesia católica.

Ninguno de los planes de fusión para crear una gran entidad tuvo fortuna

Los socialistas consideran inadmisibles tres enmiendas del PP

Se produjo una batalla política enorme que duró casi dos años, hasta que el Gobierno central volvió a cambiar la ley y Cajasur regresó a la tutela de la Junta. A cambio, el entonces consejero de Economía y hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, concedió a la Iglesia católica el 30% de representación en los órganos de gobierno, en lugar del 13% del resto de las entidades fundadoras.

Con ocho años de retraso, el Tribunal Constitucional ha dado la razón parcialmente al Parlamento de Andalucía, que promovió el recurso con el apoyo del PSOE e Izquierda Unida, pero ya no existe Cajasur, ni la Iglesia católica pinta nada en la antigua entidad cordobesa, que fue intervenida y luego vendida a la vasca BBK.

Tanto ha llovido desde entonces que ahora mismo todas las cajas andaluzas vuelan solas y el sueño de un sistema financiero andaluz potente se ha esfumado. Ninguno de los planes de fusión para crear una gran caja andaluza han salido y todas ellas (Unicaja, Cajasol y CajaGranada) han derivado sus negocios a un banco y se han aliado con entidades de fuera de la comunidad.

Pese a todo, el Parlamento andaluz aún está pendiente de aprobar la adaptación de la ley andaluza de cajas a la reformada Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA). Esta norma ha dado la vuelta como un calcetín a las cajas porque abre la puerta a la privatización de estas entidades que pueden emitir cuotas con derecho a voto y ceder el negocio a un banco filial.

La ley limita la representación de las entidades públicas al 40% y se declara incompatible pertenecer a los órganos de gobierno con el desempeño de cargos públicos. La reforma de la ley andaluza se aprobará en un pleno en el mes de octubre en el que no parece, al contrario de lo que ocurrió en el Congreso, que haya un acuerdo total entre PSOE y PP, aunque sí ha habido avances en los debates en comisión. No obstante, la Consejería de Economía, que dirige Antonio Ávila, considera inadmisible tres enmiendas del PP que, según opina, son "ilegales, irracionales y contrarias al sentido común".

En concreto, los socialistas aseguran que el PP, en contra de lo que predica, pretende aumentar en más del 40% la representación pública al proponer que también estén presentes en los órganos de gobierno de las entidades las universidades, las cámaras de comercio y los colegios profesionales, que se consideran entidades de naturaleza pública.

El diputado del PP Carlos Rojas, ponente de la ley, cree necesario dar mayor protagonismo a esas tres instituciones y, por el contrario, mantiene que no se sobrepasaría el tope de la representación pública porque "no está tan claro y hay interpretaciones" sobre la naturaleza jurídica de las mismas. También defiende el PP que las cajas acometan de manera inmediata la renovación de sus órganos para que cuanto antes salgan de ellas los políticos. Los socialistas se oponen a esta enmienda porque provocaría "una gran inestabilidad en las cajas", ya que algunas de ellas todavía están en pleno proceso transitorio tras la fusión de Unicaja con Caja de Jaén, y de Cajasol con Caja Guadalajara. También advierten de que en Valencia, Castilla y León y Galicia, gobernadas por el PP, los plazos de renovación se han demorado.

La otra enmienda popular a la que el PSOE se opone es la que pide la supresión de un fondo de reestructuración financiera de las empresas dotado con 70 millones de euros, una enmienda que el diputado del PP y alcalde de Motril califica de "técnica".