El Supremo revoca la decisión de abrir un expediente sancionador a Chaves
Corrige una decisión del Tribunal Superior sobre el expresidente andaluz
El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó al Gobierno andaluz la apertura de un expediente sancionador al vicepresidente del Gobierno y expresidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves. La decisión del alto tribunal corrige la decisión del TSJA sobre el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobación participó el expresidente del Gobierno andaluz.
El caso Matsa ha tenido dos vertientes judiciales que han terminado en nada. La vía penal fue abortada después de que el Tribunal Supremo archivase la denuncia que el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentaron contra Chaves por prevaricación y tráfico de influencias.
La segunda vía, la contencioso-administrativa, empezó cuando el Gobierno andaluz, ya presidido por José Antonio Griñán, desestimó abrir un expediente sancionador a Manuel Chaves como pedía el PP. El partido que preside Javier Arenas entendía que Chaves había incumplido la Ley de Incompatibilidades de Andalucía por no haberse inhibido en el Consejo de Gobierno que aprobó la subvención a la empresa en la que trabaja su hija Paula.
Esta negativa del Consejo de Gobierno andaluz a abrir el expediente sancionador a Chaves hizo que el PP acudiera al TSJA, que le dio la razón y ordenó la apertura del expediente. Ahora el Supremo también ha puesto fin a esta vía al estimar un recurso de la Junta de Andalucía y resolver que el PP no tenía legitimidad para denunciar el caso. El Supremo no entra en el fondo de si Chaves debió inhibirse o no, sino que considera que el PP carece de legitimación para presentar alegaciones en este caso contra la Junta andaluza, al contrario que el TSJA.
En su recurso, la Junta alegaba que los tribunales no pueden sustituir "la potestad sancionadora" del poder Ejecutivo: "Los órganos judiciales no pueden convertirse en impulsores del procedimiento sancionador, sino que han de revisar la actuación administrativa de investigación".
El PP andaluz ha utilizado políticamente el caso Matsa contra Chaves desde que surgió hace dos años. Ayer no se dio por vencido y anunció un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo, que le abriría la puerta para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Chaves dijo ayer que está seguro de que el PP "no le va a pedir disculpas" tras el fallo, "porque eso exige mucha altura de miras". La consejera andaluza de Presidencia, Mar Moreno, celebró que el Supremo ponga fin a la "cacería" del PP contra Chaves. Mientras, la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, alegó que el fallo no señala que "Chaves sea inocente", ya que no entra a valorar "el fondo" del asunto y "no le deja exento de culpa".
El alto tribunal resuelve el lunes sobre los ERE
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo resolverá el próximo lunes el conflicto planteado por la Junta de Andalucía después de que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiera las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. El presidente del Supremo, Carlos Dívar, y otros dos magistrados forman este tribunal, que dilucidará un aspecto clave en la investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos.
La magistrada exigía a la Junta la entrega de las 480 actas de la última década porque "carecen del carácter secreto o reservado", según la Ley del Gobierno de la comunidad. La juez estima que necesita conocer las actas para saber si hasta la mesa del Gobierno andaluz llegaron los reparos de la Intervención General sobre el procedimiento seguido para tramitar las subvenciones a los ERE.
La Junta recuperó el pasado julio las actas, depositadas en los juzgados sevillanos. Alaya las había reclamado la pasada primavera ante el temor de que las actas "pudieran alterarse", una decisión que la Audiencia de Sevilla tumbó.
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